Chivatazos anónimos, soplos con nombres y apellidos, borrado masivo de archivos delicados y un testigo protegido clave que desbarató sacó a la luz la presunta operativa de financiación ilegal del PP de València durante el mandato de la fallecida alcaldesa popular Rita Barberá. La primera sesión del juicio por la pieza separada A del 'caso Taula', relativa a la presunta financiación en B del PP de Rita Barberá durante las campañas electorales de 2007 y 2011, arrancó este martes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València con el relato pormenorizado de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de las pesquisas.
Cinco de los agentes del Instituto Armado a cargo de la investigación de la macrocausa desfilaron en la primera sesión del juicio de la pieza A del 'caso Taula' bajo la atenta mirada de María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, desde su sitio en el banquillo de los acusados. Durante la declaración del último de los agentes, ya a primera hora de la tarde, la mujer se despachó con gestos de indignación mientras el letrado de otro de los acusados trataba de calmarla mediante gestos.
La antigua mano derecha de Rita Barberá —Alfonso Grau, de 83 años y el principal imputado en la causa— también siguió atentamente la declaración de los testigos peritos de la UCO, todos ellos veteranos agentes especializados en la investigación de la corrupción política y empresarial y, singularmente, en el 'caso Taula'. Casi a su lado escuchaba a los agentes otro viejo conocido de la UCO: el letrado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá y uno de los principales investigados en el 'caso Azud', otra compleja causa nacida del 'caso Taula'.
Todo el mejunje de la presunta corrupción de la era de Rita Barberá se reunió a pocos metros de distancia en la amplia sala de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. El inicio de las pesquisas se remonta a los audios grabados por Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', que acabaron en manos de la Fiscalía Anticorrupción en 2014 tras una denuncia de Esquerra Unida.
Los agentes de la UCO, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València, pincharon el teléfono de la entonces edil María José Alcón, que salía en las grabaciones de Benavent hablando de presuntas comisiones. Con las grabaciones secretas, “se pone de manifiesto una operativa desconocida” de presunta financiación en B del PP de València mediante la técnica del 'pitufeo', un rudimentario mecanismo de blanqueo de capitales: medio centenar de asesores y ediles de Barberá hacían una transferencia (en A) de 1.000 euros y recibían inmediatamente después dos billetes de 500 euros (en B).
Un polémico auto, dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València y con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri, tumbó el procesamiento del medio centenar de asesores y ediles populares vinculados al 'pitufeo'.
El chanchullo lo explicó con pelos y señales la fallecida concejala en dos conversaciones telefónicas con familiares. La UCO, según rememoró uno de sus agentes en el juicio, solicitó el movimiento de las cuentas bancarias del grupo municipal del PP “para comprobar si lo que se dice en esas llamadas es cierto o no”. En paralelo, “también se recibe un escrito anónimo en que se describía la misma operativa que [la reflejada en] las llamadas”, declaró el uniformados.
Una cuenta “carente absolutamente de control”
Los investigadores descubrieron que el PP manejaba dos cuentas bancarias: una en Caixabank con los fondos públicos que recibía el partido como subvención electoral y otra, en el Banco Sabadell, con las cuotas de afiliados y las aportaciones del 'pitufeo'.
Las pesquisas se centraron en tres campañas para las elecciones municipales. En 2007, el PP de València recurrió a un entramado del grupo Laterne que asumió gastos electorales con los fondos de empresas contratistas del consistorio gobernado por Rita Barberá. La operativa se destapó gracias a la documentación aportada por el testigo protegido Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau y personaje clave para la instrucción de 'Taula' y, de rebote, de 'Azud'.
Gracias a los 'chivatazos' de Gordillo se supo que Corbín cobraba una suerte de 'peaje' de 150.000 euros a empresarios contratistas del Ayuntamiento de València en el seno de la sociedad Product Management Council SL (PMC), filial de Laterne, para tratar de “repartirse el mercado” de adjudicaciones municipales, tal como indicó el juez instructor del 'caso Taula'. La firma PMC abonó un mitin electoral, por un monto de 233.401 euros, de un tal “M. Rajoy”.
En 2007, “el coste de la campaña podría haber superado los dos millones de euros”, declaró el agente de la UCO. Aunque resulta “difícil de cuantificar”, apostilló el testigo, “en todo caso” la cifra superaba de largo los 150.000 euros que marcaba la normativa electoral como techo de gasto.
Los letrados de las defensas, a diferencia de juicios anteriores del 'caso Taula', preguntaron poco o nada a los investigadores del Instituto Armado, cuyas respuestas de carácter técnico y conciso suelen apuntalar las tesis de las acusaciones ante el tribunal que debe dictar sentencia. Suele ser complicado pillarlos con el pie cambiado: a pesar del tiempo transcurrido, conocen las pesquisas como la palma de su mano. El interrogatorio lo condujo fundamentalmente Fernando Maldonado, fiscal anticorrupción.
Otro de los agentes, que compareció por videoconferencia, confirmó que en la cuenta 'bis' del PP de València en el Banco Sabadell constaban como autorizados Alfonso Grau y María del Carmen Garcia Fuster, junto con otras dos personas.
Además de las cuentas bancarias, los investigadores hallaron el libro de contabilidad en la sede del grupo municipal popular, durante un registro ordenado por el juez instructor. “Era una cuenta carente absolutamente de control”, aseguró uno de los peritos de la UCO. “Este dinero, y en general la cuenta, se utilizaba principalmente para el pago de gastos electorales”, apostilló. En el registro de la vivienda de Maria del Carmen García Fuster también intervinieron “sobres con dinero”, declaró uno de los agentes.
La “misma dinámica” financiera del PP
El representante del PP nacional reconoció durante la instrucción que la cuenta no era del partido sino del grupo municipal de Rita Barberá. El joven investigador que mejor conoce la causa, también encargado de las pesquisas del 'caso Azud', relató que las “principales personas que participaron en esa dinámica son Grau y García Fuster”.
El testigo de la UCO, muy familiarizado con los informes que constan en el sumario, destacó el “manejo de dinero en efectivo en el seno del grupo municipal” popular y la posterior “integración de fondos” (la última etapa en el proceso de blanqueo de capitales) en la cuenta sin fiscalizar del Banco Sabadell.
En 2011, el PP recurrió a la empresa Trasgos, con la que firmó un contrato de 170.000 euros. Sin embargo, la UCO pudo acreditar que “los gastos en los que había incurrido Trasgos superaban al menos en 110.000 euros a lo que había ingresado”. “De lo cual se deduce que debía existir otra fuente de ingresos”, agregó el testigo.
En aquella campaña, los agentes comprobaron que “volvía a suceder la misma dinámica”: empresas contratistas del Ayuntamiento de València —con “importantes intereses económicos”— asumían gastos de Trasgos, una empresa a la que “sólo facturaban en el momento de la campaña”. Además “cantidades exactas”: se trataba de “números redondos” tanto en la campaña de 2007 como en la de 2011, destacó el investigador.
El “borrado masivo” de pruebas
En paralelo al avance de las pesquisas, los uniformados de la Guardia Civil recibieron un soplo “anónimo” sobre la “posible destrucción” de documentación en la sede de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, uno de los epicentros de la presunta trama y cuyo exresponsable, José Salinas, es uno de los acusados en la causa.
Una de las trabajadoras de la fundación municipal, Mercedes G., entregó a la UCO cinco discos compactos y el disco duro de su ordenador. Sin embargo, los agentes también acudieron a la empresa externa que se encargaba de la gestión informática de la actividad de la fundación. Un trabajador de la firma avisó a los investigadores que había recibido el “encargo” por parte de Mercedes G. del “borrado masivo” de los datos correspondientes a la fundación.
Sin embargo, al informático “le llamó la atención ese borrado masivo” y “consideró oportuno” hacer una copia, que acabó en manos de la UCO.