Denunciado todo el gobierno del PP de La Nucía por un presunto delito de prevaricación urbanística

Todo el gobierno del PP de La Nucía con su alcalde Bernabé Cano y el Director General de Urbanismo y concejal en el mismo municipio, José Miguel Ivorra, han sido denunciados ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante acusados de haber cometido un delito de daño a la flora protegida y de prevaricación urbanística con la ejecución del PAI la Serreta.

Acció Ecologista-Agró, impulsora de la demanda, explica que en marzo de 2021 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Nucía aprobó definitivamente el Plan de Actuación Integrada en la Unidad de Ejecución 1 (PAI de la UE-1) del Sector 'La Serreta'. Así las obras de este programa urbanístico se iniciaron en 2023 “sin cumplir los condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental”, según afirman los ecologistas. Estos hechos, señalan, “han provocado la eliminación de ejemplares del endemismo Teucrium lepicephalum Pau, y la destrucción de su hábitat”, motivo por el cual Acció Ecologista-Agró ha presentado la denuncia.

La entidad ecologista considera que todos los concejales que adoptaron los acuerdos para la ejecución de las obras del PAI, incluidos el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y el regidor de urbanismo que también ocupa el cargo de Director General de Urbanismo en la Consellería de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ivorra, han incurrido en un acto ilícito de carácter penal. Es por eso que, AE-Agró ha exigido al órgano dirigido la apertura de diligencias, a fin de comprobar los hechos denunciados, además de la adopción de medidas cautelares, que incluyen la paralización absoluta de las obras iniciadas y la elaboración de los correspondientes informes técnicos ambientales en que se ilustre el estado actual de la planta y de los hábitats afectados.

Los incumplimientos de la DIA

La planta en cuestión es la zamarrilla de yesar o poliol amarg en valenciano, endemismo valenciano protegido por varias normativas autonómicas, estatales e internacionales como son el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), el Convenio de Berna, la Directiva Hábitats y la Red Natura 2000, donde queda incluida con el código 1.520 Vegetación gipsícola ibérica.

Su área geográfica queda reducida al término municipal de La Nucía y al barranco del Xarquer. A pesar de los límites de distribución y de la protección conferida, el inicio de las obras del PAI “ha amenazado gravemente la supervivencia de la zamarrilla de yesar”. Así los conservacionistas advierten que “han tenido lugar sin haberse realizado de manera previa el reconocimiento de campo y el informe correspondiente con la localización de los ejemplares, como señala la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2005; obsoleta al no contemplar el establecido en la Directiva Europea en materia de evaluación ambiental que se traspuso al reglamento jurídico interno mediante la Ley 9/2018”. Recuerdan que esto mismo lo corrobora el biólogo y botánico Jaume Soler en el Informe de Afección al Hábitat de Interés Comunitario 1520 que afirma: “se constata la muerte de individuos de Teucrium lepicephalum, a pesar de la obligatoriedad de la declaración de impacto ambiental que obliga el promotor a delimitar los individuos existentes”.

Ante estas circunstancias grupos ecologistas, como AE-Agró interpusieron en 2023 varias denuncias que han derivado en la apertura de procedimientos administrativos sancionadores. “Es entonces, cuando el Ayuntamiento procede a translocar 72 ejemplares de flora amenazada, sin el muestreo previo de vegetación que determina la DIA”. Una actuación que las ecologistas tildan de “temeraria” atendiendo a las declaraciones del perito aportado por el consistorio, el Dr. David Belda, quien asegura no ser capaz de saber si se ha producido afección a terrenos gipsícolas en el momento de la realización del estudio encomendado, puesto que fue posterior al inicio de las obras.

Acció Ecologista-Agró recurrió en alzada la resolución por la cual la Dirección Territorial de Alicante impuso una sanción “irrisoria” al Ayuntamiento de la Nucia de 1.033 euros por infracción leve, mientras que los conservacionistas señalan que esta debería ser considerada grave y, por lo tanto, la multa ascender a los 68.667,34 euros, propuestos en los anteriores procedimientos sancionadores, un recurso que la entidad recuerda, a día de hoy no se ha resuelto.