El pasado mes de junio, un informe de la Asociación de Geógrafos Españoles, Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas, cuantificaba el volumen de recursos públicos comprometidos por la Administración General del Estado, “de forma inadecuada o en detrimento de otras que hubieran tenido mayor rentabilidad social y económica”. Una de las áreas objeto de análisis eran las inversiones en Red de Alta Velocidad.
España, con 3.240 kilómetros, es el país europeo con más líneas de AV y el segundo del mundo, solo por detrás de China. Sólo en líneas, sin considerar estaciones con escasa afluencia de personas viajeras o los elevados sobrecostes, el estudio calcula un despilfarro de 26.240,6 millones de euros en la Alta Velocidad en nuestro país. Es decir, el 57% del despilfarro de la Administración Central ha sido en líneas para el AVE
Por otro lado, la apuesta por la modernización que debería haber llegado de la mano del AVE, su modelo de progreso, ligado a un supuesto desarrollo económico, mayores oportunidades de trabajo y una concepción avanzada del transporte de viajeros, ha acabado estrellándose contra la realidad de las necesidades ciudadanas: la Alta Velocidad no garantiza el derecho a la movilidad ni la cohesión territorial, ha provocado la pérdida de conexiones y paradas que comunicaban pequeños pueblos con cabeceras de comarcas, dejando aislados multitud de núcleos de población que han visto desaparecer la oferta ferroviaria en favor de un sistema de transporte que beneficia a las grandes ciudades y a un escaso 3.8%, que es la cifra de personas usuarias de la Alta Velocidad.
La Comunitat Valenciana, lleva años sufriendo esta situación, reflejo de lo que ocurre en los diferentes territorios del estado: grandes inversiones destinadas a Líneas de Alta Velocidad a costa del deterioro de las líneas convencionales que dan servicio a un 96.2% de las personas usuarias del ferrocarril.
La decisión del Gobierno central de seguir priorizando en un ferrocarril de Alta Velocidad, ha provocado un alarmante y progresivo abandono de la red convencional, que es la que habitualmente ha dado servicio a la población en sus desplazamientos a los centros de trabajo, de enseñanza, visitas médicas u ocio.
Es urgente destinar recursos a paliar las deficiencias que afectan diariamente a miles de personas, condicionando su movilidad e induciéndolas a desistir del uso de un transporte colectivo que resulta cada vez más precario y sujeto a una creciente imprevisibilidad, ante la cual
muchas personas usuarias del ferrocarril se han visto obligadas a hacer uso del vehículo privado.
Se hace inaplazable recuperar las inversiones que se han venido perdiendo durante años y que el Ministerio de Fomento reoriente sus prioridades hacia la mejora de las líneas de cercanías: hay que actuar sobre la apremiante necesidad de vehículos ferroviarios y personal para la conducción y mantenimiento de materiales y de infraestructuras; dar solución a los retrasos, cancelaciones de trenes, supresiones de unidades en horas punta; viajes en pésimas condiciones de confort, incluso contraviniendo en ocasiones las normas de seguridad. Es necesario y urgente mejorar la accesibilidad, resolver el déficit de vehículos ferroviarios adaptados a Personas de Movilidad Reducida PMR, así como la supresión de barreras arquitectónicas, mantenimiento de ascensores sin servicio, habilitar pasos entre andenes; actuaciones para el mantenimiento de estaciones, canceladoras y tornos; instalación de cámaras de seguridad e interfonos y mejorarás en la iluminación, para garantizar la igualdad en el acceso, el uso eficiente de las instalaciones y la seguridad en gran parte de las estaciones de cercanía y MD. Igualmente necesaria es una reestructuración de los horarios y frecuencias.
Poner en marcha estas medidas es imprescindible si queremos hablar de un transporte colectivo eficiente y que no deje atrás a nadie, si verdaderamente hablamos de un modelo de progreso y de modernidad, un país que cuide a de su ciudadanía y respete el medio ambiente, consciente de los retos que nos plantea el cambio climático. Un país comprometido con alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030, subscrita por España en la cumbre de la ONU de septiembre de 2015“.
Este 9 de marzo, diversos colectivos ciudadanos han convocado concentraciones frente a la Estación del Norte de Valencia y en otras muchas ciudades en defensa de un ferrocarril público, de calidad y sostenible. Sus demandas merecen ser escuchadas con atención.
Cómo representante pública en estos últimos tres años, he tenido la satisfacción de poder trabajar con diversos expertos y colectivos sociales implicados en la defensa del ferrocarril y el territorio, muy especialmente la Plataforma de Usuaries del Tren Valencià, con Juan Ramon Ferrandis; el colectivo Per l’Horta y el Dr. Joan Olmos, a los que agradezco su tesón y disponibilidad a la hora de ayudarme a entender las derivaciones de una problemática tan compleja. Conjuntamente hemos llevado a sede ministerial las demandas de diferentes colectivos ciudadanos valencianos. Personalmente y bebiendo de su trabajo he podido trasladar a los distintos Gobiernos, desde mi puesto en el Congreso de los Diputados, iniciativas de todo tipo, petición de informes, propuestas no de ley a título individual y colectivo, hacer visible la necesidad de revertir la falta de inversiones en infraestructuras ferroviarias y el despropósito de otras inversiones como la ampliación de la V-21 y la ZAL.
Hoy, estaré con ellos en las calles, reivindicando un ferrocarril sostenible y un modelo de inversiones económica y socialmente eficiente al servicio de toda la ciudadanía.
*Rosana Pastor Muñoz, ha sido diputada de Unidas Pedemos en última legislatura