El Gobierno ha respondido por escrito a las preguntas formuladas por el senador de Compromís, Carles Mulet, en relación al dispositivo policial desplegado el pasado 9 de Octubre, festividad de la Comunitat Valenciana que acabó con altercados en las calles y con varias agresiones de miembros de la extrema derecha, hechos por los que hay 13 personas imputadas.
Así, el ejecutivo central detalla el dispositivo policial desplegado, la cronología de los hechos y cifra en 50 o 60 los jóvenes radicales que se dispersaron entre los asistentes.
Según este documento, “en la mañana del pasado día 9 de octubre, prestaron servicio 530 Policías Nacionales y en la tarde del mismo día, prestaron servicio 514, casi el doble que el año anterior. Se indica que la Policía Local aumentó su dispositivo con 20 efectivos más. La Unidad Adscrita también reforzó su dispositivo frente a años anteriores”.
Respecto a la Procesión Cívica de la mañana del día 9, “cabe destacar que la seguridad de los participantes corresponde a la Policía Local de Valencia”. De este modo, “la Policía Nacional se encarga del mantenimiento de la seguridad y el orden público así como de su restablecimiento en caso de que sea necesario. Lo prioritario en estos casos es garantizar el ejercicio del derecho fundamental de manifestación”.
El escrito refleja que “no hubo incidentes que impidieran el recorrido de la citada Procesión aunque sí profusión de gritos, pitidos e insultos hacia los representantes políticos”.
Por su parte, la manifestación de la tarde, “comunicada por la Comissió 9 d’Octubre el pasado 9 de septiembre a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, era una convocatoria amparada en el artículo 21 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. Su recorrido por la ciudad de Valencia iba desde la Plaza San Agustín, continuando por la calle Xátiva, Colón, Porta de la Mar y finalizando en la Plaza del Parterre, delante del monumento Jaume I, donde se preveía realizar unos parlamentos, de 18.00 a 20.30 horas”.
Así, se informa que “a esta manifestación comunicada por la Comissió 9 d’octubre asistieron unas 700 personas”. Además, se unieron “unas 300 personas en una concentración no comunicada de CUP (Candidatura de Unidad Popular), Arran y Endavant (Organització Socialista d'Alliberament Nacional ). Estos colectivos desplegaron sus propias pancartas con un lema diferente (”L'independència es l'únic camí“)”.
De este modo, “en la Plaza de San Agustín de Valencia (inicio de la manifestación) se concentraron alrededor de 1.000 personas”.
Por otro lado, “se señala que en una concentración, donde no había convocante alguno, en los alrededores de la Plaza de San Agustín, Plaza de Toros, calle Xàtiva y calle Colón hubo una congregación de unas 5.000-7.000 personas en defensa del valencianismo y evidenciando su oposición al proceso independentista catalán”, reza la respuesta gubernamental.
Además, “cabe señalar que en un punto cercano a la Plaza de San Agustín, había una concentración no comunicada de defensa de la unidad de España a la que se unieron grupos ultra de extrema derecha. Asimismo, por otro lado, hubo una concentración comunicada de unas 80 personas antitaurinas frente a la Plaza de Toros”.
A continuación el escrito establece una cronología de los hechos de la tarde del día 9 de Octubre en la plaza de San Agustín y alrededores.
17.15 horas. “Ya había concentradas personas con banderas de España y de la
Comunidad Valenciana“.
17.20 horas. “Se empezaron concentrar en los aledaños de la Plaza varios grupos de
asistentes a la manifestación“.
17.30 horas. “Aparecieron unos 50-60 jóvenes pertenecientes a grupos radicales que se dispersaron entre todos los asistentes”.
17.35 horas. “Se registraron conatos de enfrentamientos y carreras entre grupos
antagónicos, con insultos y cánticos en las calles aledañas a la Plaza“.
17.38 horas. “Seguían los conatos de enfrentamientos, tanto verbales como físicos, entre grupos antagónicos, que se resolvían por la presencia policial”.
17.40 horas. “Aumentó la presencia de personas con ideología contraria en la Plaza,
manteniéndose el orden por las unidades policiales desplegadas“.
18.06 horas. “Comenzó la manifestación. Las unidades policiales, que estaban en el
lugar desde las 17.00 horas, se desplegaron al inicio de la misma y en los laterales, para proteger el tránsito de los manifestantes“.
18.32 horas. “Las unidades policiales formaron un cordón policial para la protección de los manifestantes que se habían quedado rezagados en el punto de inicio: la Plaza de San Agustín”.
18.43 horas. “Se tuvo constancia de que un grupo de individuos había rodeado la estatua de Jaime I (lugar previsto para la finalización y lectura de manifiestos políticos). Por ello, el responsable del dispositivo policial acordó con los concentrados variar el itinerario, dirigiéndose hasta la Plaza de América, lugar donde finalizó la movilización con la lectura de parlamentos políticos”.
19.30 horas. “Finalizó la concentración”.
La respuesta del Gobierno destaca que “se actuó en todo momento bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Prueba de ello es el rápido restablecimiento del orden público donde pudo haber conatos de alteración del mismo. Cabe señalar, asimismo, que no hubo heridos durante los hechos reseñados. Tampoco se produjeron daños en bienes y no hubo cargas policiales”.
Por otro lado, y por lo que respecta a las detenciones, “cabe indicar que desde que sucedieron las agresiones hubo agilidad, rapidez y firmeza. Así, el miércoles por la mañana mantuvieron una reunión el Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía y esa misma tarde se produjo la primera detención”.
De este modo, “en apenas diez días, la Policía Nacional detuvo, reseñó y tomó declaración a 13 presuntos agresores instando, además, a las personas que fueron agredidas y/o perjudicadas a que presentaran denuncias”.
Para finalizar, el documento señala que “en cada detención la Policía Nacional elaboró unas diligencias y unos informes pormenorizados. Así, cada actuación se remite a la Fiscalía, que es quien hace un expediente con todos los hechos para, en su caso, dar traslado al Juzgado correspondiente para determinar si hay responsabilidad penal”.