Me reconozco totalmente subjetiva en mis opiniones cuando se abordan debates sobre la oportunidad y/o necesidad de la legislación concerniente a la Memoria Democrática, porque de demócratas es establecer los mecanismos y las herramientas necesarias para que la ciudadanía tenga toda la información existente sobre cualquier asunto.
Cuando en los programas educativos no figuraban los contenidos de la historia de España en el periodo entre la II República y la aprobación de la Constitución de 1978, todos los escolares dábamos por buenos los argumentos de nuestros educandos, ¿cómo no? Recuerdo aquellas frases hechas de “la guerra entre hermanos”, “en los dos bandos se cometieron muchas atrocidades”, o incluso “la quema de Iglesias y religiosos por los rojos azuzó el enfrentamiento”. Era la versión de parte, de la parte que encabezada por el dictador dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático de la II República y mantuvo durante 40 años a la ciudadanía callada a base de mano férrea contra toda disidencia.
El 31 de otubre conmemoramos el día en recuerdo y homenaje para todas las víctimas de la Guerra y la dictadura. De todas. Porque claro que hubo víctimas entre los rebeldes durante la contienda y para ellos también mi recuerdo y máximo respeto. Pero no durante la dictadura. Los 40 años en los que en este país gobernó la mano tiránica del dictador, se homenajeó y dio cristiana sepultura a los “caídos por Dios y por España” mientras se articulaba y ejecutaba toda una represión dirigida a aquellas personas que defendieron la legitimidad de la democracia imperante. Daños físicos con fusilamientos masivos, morales, psicológicos y patrimoniales en una continua persecución ideológica que dejó a media España sin alma y se prolongó en mayor o menor grado hasta la muerte de Franco y la entrada en vigor de la Constitución del 78.
Lo dicho, mi posición es clara. Creo fundamental que la ciudadanía conozca la historia real, la que se relata contando con todas las partes, con la documentación pertinente, con los testimonios vivos que aún tenemos, con la crudeza que conlleva, pero con la seriedad que exige que sepamos de donde venimos y qué hacer para nunca volver a cometer errores irreparables. Todos.
Puedo entender el rechazo a las leyes de memoria de los partidos herederos del franquismo y defensores de los regímenes totalitarios, pero no me explico las reticencias de aquellos que presumen de defender la democracia pero cada día menos escondidos apoyan o se apoyan en la extrema derecha para gobernar y rechazar la legitimidad de una legislación que busca “recordar, reparar y dignificar a las víctimas del golpe estado, la guerra de España y la dictadura franquista; que aprueba la ilegalidad del régimen franquista; y propone la búsqueda de oficio de las personas desaparecidas; entre otras medidas.
Hoy el protagonismo es para las víctimas, entendido el término – según consta en la ley- como “aquella persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”. Mi respeto, mi recuerdo y mi homenaje es hoy para aquellas personas que dieron su vida por defender la democracia porque a todos ellos debo la libertad de la que hoy disfruto, los derechos de los que soy poseedora y la capacidad para seguir trabajando para que todas aquellas frases manidas que nos hicieron creer no vuelvan a ser pronunciadas y se instruya a los escolares y a todos los que lo requieran en los contenidos reales de la historia de España. Por las víctimas, pero también por todos los que creemos que la herramienta fundamental de la democracia es siempre que la ciudadanía sea formada e informada de forma veraz.