Compromís lleva a la Agencia Antifraude las posibles incompatibilidades del vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, como administrador de siete empresas mientras ejerce como cargo público. El portavoz de la coalición, Joan Baldoví, ha presentado una denuncia ante el organismo en la que apunta que el número dos del Consell, de Vox, incurre en los supuestos sancionables de la ley de incompatibilidades y solicita que se investigue si fueran constitutivos de “una vulneración muy grave del régimen de incompatibilidades (...) así como la determinación de las consecuencias que se derivarían, como la incoación de un expediente sancionador”.
El vicepresidente de la Generalitat figura como representante en los consejos de administración de siete empresas casi dos meses después de su toma de posesión, pese a que la ley de incompatibilidades del Consell establece que los cargos públicos deben ejercer en régimen de dedicación exclusiva, sin posibilidad de combinar esta actividad con otra profesional o mercantil, salvo la de diputado autonómico
Según informó este diario, el también titular de Cultura ha desarrollado negocios en el sector inmobiliario y agroalimentario, compartiendo negocios con el cuñado del expresidente Francisco Camps. Actualmente el extorero aún figura en los órganos de siete mercantiles, según publicó El Confidencial, y, a fechas de cierre de esta edición, en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana no consta su declaración de bienes y actividades.
La coalición reclama al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que le abra un expediente para depurar responsabilidades si incurre en los supuestos que marca la ley, y exige que el vicepresidente devuelva el dinero público que ha cobrado desde que tomó posesión del cargo. La norma prevé como sanción “el reintegro de las cuantías percibidas indebidamente” o el cese en el cargo si se mantiene la incompatibilidad.
Presidencia defiende que el número dos del Consell se encuentra en el plazo previsto por la ley de incompatibilidades para resolver su situación, aunque en la última rueda de prensa la portavoz no aclaró si ha iniciado los trámites para apartarse de los organismos administrativos de las mercantiles. Ruth Merino, portavoz del Consell, apuntó la pasada semana que es la Oficina de Conflicto de Intereses la que evaluará si se da alguna incompatibilidad una vez se hayan publicado las declaraciones de bienes. La oposición defiende que la ley se aplica desde el momento de la toma de posesión, no desde que la oficina lo evalúa.
Según la norma autonómica, los consellers tienen dos meses para presentar su declaración pública de bienes y actividades. Barrera tomó posesión del cargo el 20 de julio, un mes después de que se hiciera público el pacto de gobierno de PP y Vox que establecía que él sería titular de la vicepresidencia del Consell. Desde su departamento no han aclarado qué acciones emprenderá.