Gürtel, justicia y memoria
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó el 3 de agosto de 2009 el conocido como “caso de los trajes” y Francisco Camps respiró aliviado. El presidente valenciano pensaba que finalizaba su calvario, aquel que empezó el 19 de febrero cuando El País desveló su implicación en la investigación promovida por el juez Baltasar Garzón y él pronunció aquel inolvidable discurso en el que aludía a la persecución de los judíos y se comparaba con Beltorlt Brecht. El archivo era provisional y cabía recurso ante el Supremo, pero después de unos meses muy duros, el molt honorable tuvo algo que celebrar. Fue así como el 5 de septiembre organizaron una fiesta para el resarcimiento de su imagen en su lugar talismán, la Plaza de Toros de Valencia, donde los populares brindaron de nuevo entre estampas de felicidad.
Hasta entonces el caso Gürtel en Valencia se limitaba a las excentricidades de un personaje llamado Álvaro Pérez y apodado El Bigotes, y se había hablado mucho del sastre, de regalos de ropa y de si alguien puede venderse “por cuatro trajes”. El resto eran insinuaciones o especulaciones de “los enemigos del pueblo valenciano”, frase con la que los populares englobaban a periodistas, políticos o ciudadanos que no les rindieran pleitesía o sumisión.
Sorprendéntemente, aquel archivo provisional del caso de los trajes se realizó cuatro días después de que el juez Antonio Pedreira mandara desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abundante documentación relacionada con la rama valenciana, un material que no había trascendido y que con el tiempo resultaría ser demoledor. Tres semanas después de la fiesta balsámica, esa documentación saltó a la opinión pública y empezó la larga y agónica resaca. El 25 de septiembre de 2009, los periódicos El País y El Mundo revelaban parte de su contenido: “Hombres de confianza de Camps dirigieron y apañaron la financiación ilegal del PP”, titulaba El País; “Costa negociaba con El Bigotes los pagos en dinero negro por actos de partido”, añadía. El Mundo abría con su tipografía más grande: “El PP montó una Filesa en Valencia según la policía”. Y es que uno de esos documentos que había mandado Pedreira era un informe de 89 páginas y cinco anexos elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía donde se describían al detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano y el pago en regalos. Se hablaba de la triple contabilidad, los pagos de los empresarios y los abonos en “A de Alicante” y “B de Barcelona”. En el informe aparecían los nombres de los principales empresarios y sus aportaciones económicas, así como el papel que desempeñaban los principales dirigentes del PPCV. Todo ello documentado con correos electrónicos, pinchazos telefónicos y abundante material.
Aquello ya no era la anécdota de los cuatro trajes. Se confirmaba la financiación ilegal del PP valenciano y sus “aplastantes” victorias quedaban en entredicho.
La publicación de aquel informe policial constituyó un auténtico escándalo y provocó que por primera vez los dirigentes nacionales del PP pidieran explicaciones a Camps y buscaran cobrarse, al menos, una cabeza: la de Ricardo Costa. El secretario general protagonizó el 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el ridículo sainete de la dimisión en diferido, y pronunció aquella famosa frase de “en Valencia la fiesta no termina nuca”. Valencia vivió aquellas semanas en un auténtico estado de shock por las revelaciones que se iban conociendo día tras día y la falta de explicaciones públicas de Francisco Camps, instalado en una burbuja y en una realidad paralela de la que parece no haber salido todavía.
La secretaria general del PP nacional, María Dolores de Cospedal, tuvo la ocurrencia de promover una reunión secreta entre los tres barones provinciales del PP para iniciar una transición y crear un contrapoder al presidente. Cuando Camps se enteró entró en cólera y obligó a Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll a emitir un comunicado en el que pedían perdón y manifestaban que “apoyarían siempre” a Camps. Nunca sabremos qué hubiera sido del “nuevo PPCV” impulsado por Cospedal de tener éxito su iniciativa, a juzgar por los líos judiciales de sus “salvadores”.
A pesar del escándalo, el TSJ de la Comunitat Valenciana decidió ignorar aquella documentación, que quedaba en un limbo jurídico, con el riesgo cierto de que nadie se hiciera cargo de abrir una investigación. Cabe recordar que el presidente de la institución era Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió tiempo atrás como “más que amigo”, y que además era uno de los tres magistrados que había firmado el archivo provisional del caso de los trajes.
Es cierto que había mucho ruido mediático, pero todo podía quedar en nada. Fue entonces cuando el PSPV-PSOE, dirigido por Jorge Alarte, tomó una difícil decisión: querellarse contra el PPCV y contra los empresarios que aparecían en el informe. Sólo así obligarían a las instancias judiciales a investigar aquella documentación. Firmaron el escrito el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna, y los tres adjuntos, Carmen Ninet, Cristina Moreno y Ximo Puig. Era el 9 de noviembre de 2009, un mes y medio después de conocerse el informe policial. Aquella querella supuso un antes y un después para el caso, para la política valenciana y para sus impulsores, ya que algunos pagaron con su carrera política su atrevimiento de enfrentarse a un poder que era absoluto. Aquellos empresarios eran los dueños del ladrillo y la obra pública valenciana, controlaban las asociaciones empresariales, facturaban centenares de millones, eran responsables de miles de puestos de trabajo. El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero se opuso a la querella y trató de impedirla. Zapatero nunca tuvo sintonía con Alarte y no fue consciente de que las dificultades para mejorar sus resultados en las encuestas eran fruto de la ausencia de democracia real en la Comunitat Valenciana. En el mismo sentido, un amplio sector de los socialistas valencianos también era reticente a la lucha contra la corrupción y prefería abundar en las batallas orgánicas internas que habían mantenido a este partido en la oposición desde 1995.
Se trató de forzar un cambio de rumbo en el PSPV a toda costa y con todas las armas posibles. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, conspiró con el empresario Enrique Ortiz para orquestar un montaje contra el portavoz socialista Ángel Luna. Gracias a los pinchazos policiales del caso Brugal se descubrió la conversación que mantuvieron en aquellas agitadas fechas, el 20 de octubre de 2009, en la que la política le pedía al constructor “algún tema de Ángel”, porque el presidente “le quiere arrear”. Luna, que había sido alcalde de Alicante y durante un breve periodo de tiempo trabajó para Ortiz, fue juzgado y absuelto. Con dinero público se presentaron querellas contra todo aquel “enemigo del pueblo valenciano” que osara cuestionar a los dirigentes del PP. Se buscaron irregularidades en el Ayuntamiento de Alaquàs, donde había sido alcalde Alarte, y también en los de sus colaboradores más cercanos, como Carmen Martínez, secretaria provincial y alcaldesa de Quart de Poblet. Canal 9 y los medios de comunicación privados que subsistían con el dinero público situaban estas informaciones por encima de las revelaciones del caso Gürtel. La opinión pública continuaba de su lado.
El chantaje a la democracia fue más allá. Se retrasó el pago de subvenciones a los grupos parlamentarios en las Cortes y se frenó la concesión de créditos desde las cajas de ahorro que controlaban, todo con el fin de hundir la alternativa democrática que les incomodaba.
Prueba de ello son las declaraciones públicas realizadas el 15 de diciembre de 2009 por el portavoz del PP, Rafael Blasco, sustituto de Ricardo Costa y hoy en prisión por el caso que lleva su nombre, a cuenta del nombramiento de miembros en el consejo de administración de la CAM: “El PSPV debe rectificar el cúmulo de errores que ha acumulado durante los últimos ocho meses y disculparse por su actuación. Si no la retiran [la querella contra el PP] va a ser rechazada [la propuesta] y los va a dejar en evidencia”.
También se bloqueó la reforma de los órganos institucionales, incluso vulnerando la composición democrática del Senado de forma deliberada al negarse a aprobar el nombramiento de la socialista Leire Pajín, y lo condicionaron a que superara un “examen de valencianía” que ellos mismos realizarían en las Cortes. La composición del Senado estuvo adulterada durante siete meses por pura extorsión.
Alarte, apoyado por Ángel Luna, Carmen Martínez y algunos incondicionales como su jefe de Gabinete, Josep Moreno, o la abogada Eva Martínez, no solo se mantuvieron firmes, sino que ampliaron su ofensiva judicial denunciando otros casos, como Emarsa, Cooperación o la Fórmula 1. También lo hicieron Mónica Oltra desde Compromís e Ignacio Blanco en Esquerra Unida, situando la lucha contra la corrupción como algo prioritario para la democracia valenciana.
En un primer momento, el TSJCV tampoco se hizo cargo de la querella del PSPV contra el PPCV, que hizo un viaje de ida y vuelta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su regreso, en mayo de 2010 coincidió con la decisión del Supremo de reabrir el caso de los trajes. Planeaba la incógnita de qué ocurriría entonces. Lo más lógico es que se sumaran los nuevos hallazgos, los de la Brigada de Capitales de la Policía denunciados por el PSPV en la querella, y que Camps fuera juzgado por delitos de mayor gravedad por un jurado profesional, y no por el de ciudadanos que le permitía la figura de cohecho impropio pasivo atribuida por los trajes regalados. Pero en contra de toda lógica, de nuevo se tomó la decisión que más beneficiaba al presidente. El juez José Flors prosiguió su instrucción al margen del grueso de Gürtel, con el resultado favorable a Camps por un solo voto con aquel jurado popular, y el resto de distribuyó en seis piezas.
Es improbable que Francisco Camps sea juzgado por el caso Gürtel, pero su papel en él ha quedado meridianamente claro. Si hoy conocemos la verdad no es gracias a unos mafiosos acorralados capaces de vender a sus amigos más íntimos por una reducción de condena. La caída de Camps y del régimen corrupto que amparó y hurtó la democracia a los valencianos ha sido fruto del esfuerzo y sacrificio personal de muchos políticos, periodistas, jueces, fiscales, abogados y personas anónimas que lucharon por la verdad. Gracias a ellos vienen días de mucho Gürtel, y a estos días tal vez solo quede añadirles un poco de buena memoria, porque de nada servirá la justicia si no hay memoria.
Sergi Castillo es periodista, autor de Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel y Yonquis del dinero. Las diez grandes historias de la corrupción valenciana (Ediciones Lectio).
