Aunque el alcalde Joan Ribó (Compromís) proclamó que “Valencia era una ciudad libre desahucios hipotecarios”, la escalada de desalojos por el impago de alquiler ha obligado al tripartito conformado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú a tomar medidas. Por eso, desde la concejalía de Vivienda que dirige María Oliver (València en Comú) han lanzado una oficina de mediación que pretende cortar la sangría de lanzamientos por impago de alquiler.
Con este punto de intermediación, que estará situado en Tabacalera, el gobierno municipal espera que con la negociación se puedan evitar cualquier caso de posible desahucio. La oficina tratará todos los casos que le lleguen, ya sea de posible desalojo por no poder hacer frente al alquiler o por no poder pagar la hipoteca. Abierta todos los miércoles de nueve a dos de la tarde, forma parte de un paquete de medidas que aspiran a que en Valencia se garantice el derecho a la vivienda.
La oficina no solo será física. Desde el departamento de María Oliver han creado una web municipal que recoge toda la información a cerca de la vivienda y de las ayudas que han impulsado para, precisamente, evitar los desahucios por no poder hacer frente al pago del alquiler. Se trata de subvenciones que cubren el 40% del alquiler y que para acceder a ella los beneficiarios no pueden sobrepasar el umbral del indicador público de renta de efectos múltiples en el caso de una persona adulta. Por cada persona mayor de 14 años se multiplica ese límite por 0,5 y por cada menos de 14 años por 0,3. La cantidad máxima a recibir por cada solicitante será de 2.100 euros.
Dentro del portal, además, se creará un registro de demandantes de vivienda social que servirá al gobierno municipal de base para elaborar su hoja de ruta para aumentar las viviendas públicas, y así garantizar una alternativa habitacional a quien tiene unos ingresos dos puntos y medio por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples. “Valencia tiene un problema de vivienda pública cuando solo tiene 188 inmuebles. Barcelona goza de 10.600 viviendas”, ha denunciado Oliver. El gobierno muncipal reacciona frente a las críticas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia.