La discriminación contra los ciudadanos extranjeros hace perder a la economía española 17.000 millones de euros al año

Los trabajadores extranjeros en España tienen más probabilidades de cobrar menos o de encontrarse en situación de desempleo que los españoles. También los estudiantes que proceden de otro país cuentan con más posibilidades de abandono escolar o de ser acosados en clase. Y esa discriminación, además de ser injusta y marcar la vida de quien lo sufre, también afecta de forma negativa al conjunto de la economía estatal, haciéndole perder cerca de 17 mil millones de euros, según revela un nuevo informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, encargado por el Ministerio de Migraciones, al que ha accedido elDiario.es. 

El estudio, elaborado por profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, pone de manifiesto el alcance de la discriminación laboral y educativa entre la población autóctona y la extranjera residente en España, analizando además cómo esa desigualdad afecta a la economía estatal. Según sus cálculos, el impacto económico asciende a unos 17 mil millones de euros, lo que supone un 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Los resultados se conocen poco antes de la próxima aprobación de un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, con el que el Ministerio de Migraciones pretende flexibilizar el acceso de los ciudadanos extranjeros a las autorizaciones de residencia y trabajo.

“Hablamos de un detrimento bruto de recursos de enorme magnitud, equivalente, por ejemplo, a buena parte del total de gastos de personal de los presupuestos generales del Estado en 2022 o a aproximadamente más de la mitad de la recaudación por el impuesto de sociedades ese mismo año (32 millones de euros)”, advierten los autores, Ramón Mahía Casado y Eva Medina Moral. Según su análisis, el efecto económico se explica principalmente por la remuneración salarial que deja de percibir la población extranjera discriminada, ya sea en el trabajo o también en la educación -con el consiguiente efecto en sus ingresos futuros-. 

En el trabajo, la investigación detecta que los residentes extranjeros tienen un 5% más de probabilidades de estar desempleados que los autóctonos por razones de discriminación. En este caso, el informe contabiliza su efecto en la economía en alrededor de 5.100 millones de euros, aproximadamente un 0,38% del PIB. 

España también desperdicia el talento extranjero con más frecuencia que el español. El estudio apunta que los empleados inmigrantes tienen un 15% más de posibilidades que un autóctono de trabajar en un puesto por debajo de su cualificación. “El análisis revela que las diferencias de sobrecualificación moderada para trabajadores extranjeros con estudios superiores que puede deberse eventualmente a la discriminación son del 15%”, sostiene el documento. 

Esa discriminación que aboca a miles de inmigrantes a trabajar en un oficio de menor cualificación se valora en cerca de 2.800 millones de euros, lo que supone un 0,21% del PIB. 

La desigualdad también impacta en los sueldos de la población extranjera, especialmente en los de las mujeres inmigrantes. La brecha salarial entre población extranjera y autóctona que se produce debido a factores de discriminación alcanza el 2,2% del salario medio de ambos colectivos, según el informe. De manera individual, la diferencia puede parecer anecdótica, pues los ciudadanos extranjeros reciben de media 48 euros mensuales, según el estudio. Sin embargo, el recorte a nivel macroeconómico va mucho más allá, alcanzando los 2.200 millones de euros anuales, lo que equivale al 0,17% del PIB, según el estudio.  

“Las brechas salariales son muy significativas y la discriminación salarial parece evidente y muy importante”, concluyen los autores. 

La discriminación también se ceba con la población extranjera en el ámbito educativo. Los investigadores perciben una “marcada desigualdad” en el acceso a la educaicón, así como en el índice de abandono escolar. “La población extranjera enfrenta una tasa de escolarización inferior y una mayor probabilidad de abandono escolar debido a su origen”, concluye el documento.

La discriminación sufrida por los alumnos procedentes de otro país comienza en el acceso a la escolarización, donde el estudio identifica un 17% más de escolarización entre los estudiantes autóctonos que los inmigrantes, valorada en hasta 3.398 millones de euros, un 0,25% del PIB. 

Después del acceso escolar, la discriminación no cesa. El análisis señala que “los procesos de estrés asociados a los procesos migratorios” y “los mayores índices de acoso” detectados entre los estudiantes inmigrantes se acaban traduciendo en mayores niveles de abandono entre el alumnado extranjero, que alcanzan un coste económico de 102 millones de euros, según sus cálculos. 

El mayor impacto económico ligado a la discriminación educativa se encuentra en el desigual acceso a la universidad entre alumnos extranjeros y autóctonos tras acabar bachillerato, cuantificado en 3.889 millones de euros, un 80% del coste total identificado en el ámbito de estudios. La investigación también destaca la discriminación hallada en el paso de la primera etapa de la ESO a la segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional (17% menos entre los alumnos procedentes de otro país). 

En uno de los pocos ámbitos donde se encuentra un índice de abandono menor entre la población extranjera que la española es en los ciclos formativos de Formación Profesional.  No obstante, los autores matizan el hallazgo: “Dado que está calculado en base a expectativas, el resultado podría explicarse por un mejor resultado académico respecto a los/ as estudiantes autóctonos que realizan los mismos estudios, lo que podría indicar una sobre presencia de estudiantes extranjeros en los ciclos de Formación Profesional que también hubieran podido terminar con éxito otro tipo de estudios”, advierten. 

Medidas del Gobierno

Ante los índices de disriminación señalados por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE), el Ministerio de Migraciones - del que depende el OBERAXE- asegura estar trabajando en una serie de medidas encaminadas a atajar brechas como las documentadas en el informe con el objetivo de “fomentar la cohesión social y la integración de las personas que llegan a nuestro país”. 

Entre una de las medidas que el Ministerio considera que servirá para reducir la discriminación es la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que pretende facilitar el acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo a los ciudadanos migrantes. El departamento dirigido por Elma Saiz pretende sacar adelante la modificación normativa en el Consejo de Ministros de este martes, según confirmó la ministra en una reciente entrevista con elDiario.es. No obstante, su aprobación podría retrasarse al siguiente Consejo por razones ligadas a los efectos de la DANA. 

“Han pasado 13 años desde que que no se abordaba una reforma integral tan ambiciosa del reglamento de la Ley de Extranjería. Esta reforma se adapta al contexto migratorio actual, donde es imperativo fomentar la integración plena de las personas extranjeras en nuestro país, garantizándoles los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos autóctonos”, defienden fuentes ministeriales. 

El informe sirve también como “un primer acercamiento” a la situación de la discriminación en España, con la finalidad de impulsar el Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural, anunciado por Pedro Sánchez hace un mes en el Congreso de los Diputados, que pretende “contar con recursos y medidas para fomentar la integración de los extranjeros en la sociedad, buscando fórmulas que, además de ayudar a la inclusión laboral y social de las personas migrantes, evite errores y situaciones del pasado”, detallan desde Migraciones.