Las dudas legales sobre la devolución a Senegal de los 168 rescatados por la Guardia Civil en Mauritania

Después de la tensión de pasar cuatro días fondeados frente a la costa mauritana de Nuabidú sin un puerto donde atracar, en condiciones de hacinamiento y tras varios motines a bordo, la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo desembarcó a los 168 migrantes rescatados este miércoles en Saint Louis (Senegal). Los náufragos dejaban atrás la incertidumbre de los días en alta mar y los riesgos ligados a su travesía marítima tras la negativa de Mauritania a abrirles sus puertos, pero regresaron al mismo país desde el que habían zarpado en un cayuco con la intención de alcanzar Canarias, la ruta transitada por un número creciente de senegaleses. 

El anuncio de la devolución de los náufragos a Senegal, país cuya inestabilidad política se ha reflejado en picos de protestas violentamente reprimidas tras la detención del líder de la oposición, empujó a varias ONG a solicitar al Gobierno la paralización de la operación. Advertían de que podía tratarse de una devolución colectiva, lo que supondría incumplir la legislación en materia de protección internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) contactó con el Ministerio del Interior para solicitar información sobre el perfil de los náufragos, como sus nacionalidades, posibles vulnerabilidades y razones de huida. Por escrito, Acnur recordó también al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska las exigencias legales vinculadas a este tipo de operaciones, que deben garantizar el acceso al asilo de los rescatados aunque no se encuentren en tierra firme. La agencia de la ONU no obtuvo respuesta. 

La negativa de Mauritania a permitir su desembarco en el puerto más cercano mantuvo bloqueados seis días a la tripulación y a los rescatados en alta mar. El Ministerio del Interior, que ha asegurado que nunca fue una opción su traslado a Canarias, acordó con Senegal el retorno del cayuco. Ante la complejidad de la operación - fuentes ligadas a los agentes a bordo de la patrullera, publicadas por Cadena SER aseguran que, debido a las condiciones climáticas, alcanzar las Islas podría suponer un riesgo para los náufragos-, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska niega que se trate de una devolución colectiva sino que el operativo buscaba “poner a salvo” a las personas rescatadas ante una situación de “grave peligro”. 

Sin embargo, son varias las claves e incógnitas -sin despejar por el Ministerio- que han despertado la preocupación de ONG, abogados y Acnur.

El puerto más cercano pero también seguro. El documento enviado por la Agencia de la ONU este martes a Interior señala la obligación de desembarcar a cualquier personas rescatada en el puerto seguro más cercano, siempre con una condición a tener en cuenta. “El régimen de búsqueda y salvamento establecido en el derecho marítimo internacional debe aplicarse de forma coherente con los requisitos del derecho internacional de los de los refugiados y los derechos humanos”, indica el documento adjuntado por Acnur en su escrito al Ministerio del Interior, que recoge su posición sobre los requisitos legales y las responsabilidades que los Estados deben de cumplir en relación a los rescates en el mar y el acceso al asilo.

La normativa impide el retorno de personas a un lugar donde pueda correr peligro o desde donde puede ser expulsada al país del que huye -el llamado principio de no devolución-. “Las decisiones sobre el desembarco no deben dar lugar a la devolución directa o indirecta, ni impedir a las personas que puedan necesitar protección internacional mediante un procedimiento justo y eficaz”, reza el texto. Es decir, en el contexto migratorio, el Estado al que pertenece el barco debe asegurarse de no desembarcar a nadie en un lugar donde su vida corre peligro.

Buque estatal, responsabilidad estatal. El cayuco fue rescatado en aguas mauritanas pero el Estado también debe aplicar el principio de “no devolución” en el interior de una patrullera de la Guardia Civil al tratarse de un buque público de jurisdicción española, según lo establecido por la agencia de la ONU. “Todos los Estados interesados tienen responsabilidades y obligaciones en virtud del derecho internacional para garantizar que las personas que caen bajo su jurisdicción o control efectivo no sean objeto de devolución o expuestas a otros tratos contrarios al derecho internacional de los refugiados y a los derechos humanos”, indica Acnur, que se refiere específicamente a los Estados del pabellón de los buques estatales, como lo es el Río Tajo. Estas embarcaciones tienen “obligaciones directas” en materia de refugio y “en particular para proteger contra la devolución”. 

Nacionalidad y posibles vulnerabilidades. La carta enviada por Acnur a Interior solicitaba información acerca del perfil de las personas rescatadas para poder identificar posibles factores que pudiesen encender las sospechas de sus necesidades de protección, con el objetivo de actuar en consecuencia, como la nacionalidad o a edad. El origen de los náufragos puede dar pistas sobre las posibles razones de huida.

Desde Interior aseguran que la mayoría de migrantes procedían de Senegal, pero no detallan el resto de nacionalidades de los náufragos. La legislación española añade más garantías para el retorno de niños y adolescentes, sin embargo, Interior no descarta que entre los 168 rescatados hubiese menores.

La inestabilidad de Senegal. Las ONG recuerdan la actual inestabilidad de Senegal, tras el arresto del líder de la oposición, Ousmane Sonko, que ha desencadenado diversas olas de protestas protagonizadas por la población joven y respondidas con dureza por el Gobierno senegalés. Este mes de agosto al menos dos personas han fallecido durante las manifestaciones y Amnistía Internacional denuncia detenciones arbitrarias. También en agosto, el Ejecutivo del país africano ha disuelto el partido de Sonko y ha suspendido el acceso a redes sociales en determinados momentos.

“En Senegal no se garantizan los derechos a gran parte de su población por la creciente inestabilidad que vive el país, donde miles de personas han sido detenidas en los últimos meses por manifestarse contra el Gobierno, incluido el principal líder de la oposición que actualmente se encuentra en la cárcel”, indicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Informar de sus derechos e indagar. Como los migrantes se encontraban en un buque estatal español, la forma de llevar a cabo la devolución también tiene que cumplir la la legislación española y asegurarse de no poner en riesgo las personas devueltas. Para ello, la normativa impone una serie de garantías, más complicadas de cumplir a bordo de una embarcación.

“Llevar a cabo una devolución sin que las personas hayan accedido a una adecuada e individualizada asistencia letrada, en la que se le informen de sus derechos, entre ellos, el de pedir asilo o protección internacional, y que esta asistencia se produzca con traductores y en espacios adecuados, es una vulneración de derechos humanos”, ha alertado Amnistía Internaciona. La ONG se pregunta en un comunicado “cómo el gobierno de España puede asegurar que entre las 168 personas no hubiera ni solicitantes de asilo, ni menores de edad, ni personas de otros orígenes de países en conflicto, ni senegaleses que pudieran ser perseguidos en su país en un contexto de creciente inseguridad”.

Acnur recuerda que los capitanes de los buques “no son competentes para evaluar las solicitudes de protección internacional”, sin embargo, sí reconoce su papel para garantizar el acceso al asilo de los náufragos: “Siempre que exista la preocupación, por cualquier motivo, de que las personas rescatadas puedan necesitar protección internacional”, se debe “indagar” e “informar de ello a las autoridades de coordinación”. El equipo de Grande-Marlaska insiste en que el operativo “cumplió con la legalidad”, pero no concreta si se llevó alguna actuación para garantizar el acceso al asilo.