La externalización de fronteras: la raíz de un sistema de vulneraciones
El 18 de marzo de 2016 algunos Estados miembro de la UE establecían un precedente en el ámbito de las políticas migratorias. Hoy hace dos años entraba en aplicación el acuerdo interregional con Turquía que planteaba explícitamente el bloqueo en la llegada de personas refugiadas, el conocido como acuerdo de la vergüenza. Europa volvía a optar por la externalización de políticas migratorias frente al respeto a derechos y la coherencia con sus valores fundacionales.
Muchas fuimos las organizaciones que denunciamos las vulneraciones del acuerdo, al derecho de asilo y libre circulación, pero quizás no dimos suficiente importancia al fenómeno de la externalización. Y es que la externalización es más que el desplazamiento de fronteras fuera del territorio. Los procesos de externalización son la raíz de un sistema que se materializa mediante continuas vulneraciones hacía personas que por razones varias tienen que desplazarse.
Primeramente hay que matizar que la externalización no es una práctica novedosa. Si bien es cierto que la historia de la humanidad va ligada al continuo desplazamiento, este no cobró importancia política a nivel comunitario hasta finales de siglo, con la adopción de los acuerdos de Schengen.
La reciente importancia de las políticas migratorias implicó en un primer momento, al no haber precedentes ni marcos legales comunes, que los Estados miembro las gestionarán en clave nacional; especialmente los fronterizos como España. Entre 2005-2010, en el marco del Plan África, el gobierno socialista firmó una decena de acuerdos bilaterales con cláusulas de movilidad con Estados no-miembro como Senegal, Mali, Gambia... Por su situación geopolítica, España fue pionera al aplicar procesos de externalización y ha sido modelo de inspiración de los posteriores procesos europeos.
Pero el paradigma cambió drásticamente a partir de las Primaveras Árabes y los consecuentes flujos migratorios. Las primaveras marcaron un punto de inflexión en la gestión de políticas migratorias, al cual Europa respondió impulsando procesos de externalización a niveles interregionales, combinados con privatizaciones y militarizaciones con la opacidad como mantra.
Aunque el cambio a un marco interregional no es necesariamente nocivo, sí lo es la externalización. Mediante esta, se ha pretendido que países terceros alejados del foco de denuncia social, condicionen la libre circulación con el objetivo de evitar la llegada de personas refugiadas y migradas a Europa.
Este proceso, junto privatizaciones y militarizaciones, ha permitido que políticas diseñadas para salvaguardar y respetar derechos humanos entraran en lógicas de mercado, llegando al punto de firmar acuerdos con actores como el presidente de Sudan, Omar al-Bashir, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad.
La estrategia para conseguir privatizaciones y militarizaciones se ha basado en la introducción de empresas del sector de la seguridad en instituciones, como la European Office of Security con un importante rol en la gestión de presupuestos de seguridad y fronteras.
Legitimando su entrada a partir de las dialécticas de la 'Guerra contra el terrorismo', se ha permitido la vinculación de los términos seguridad-migración. Con la desconextualización de la seguridad pública para alentar una construcción de la alteridad como peligrosa y amenazante, se han militarizado las políticas migratorias, afectando gravemente los derechos humanos. De luchar contra el terrorismo hemos pasado a una 'Guerra contra la migración' en la que Europa no ha dudado en proteger su 'seguridad' y usar estructuras militares contra la migración irregular como en la Operación Fuerza Naval de UE-Operación Mediterránea/Sofía el abril de 2015.
Cabe destacar que todos estos procesos se han desarrollado con total opacidad. En el caso del acuerdo con Turquía, hemos sido incapaces de encontrar información contrastada que permitiera saber el papel de España en éste; tal y como pasó en 2006 con el acuerdo con Senegal. Pero el paradigma de las malas praxis democráticas se evidencia fundamentalmente en la formalización de la externalización.
En el Consejo Europeo de Sevilla de 2002 se concluyó que en adelante los acuerdos con Estados no-miembros debían incluir cláusulas de readmisión y control de flujos. Su inclusión ha sido, generalmente, mediante cláusulas de Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD). Esto ha implicado que la AOD sea, una vez más, elemento de negociación; permitiendo su tergiversación y dependencia de factores geopolíticos en vez de humanitarios.
Un claro ejemplo de su mal uso lo encontramos en el Norte de África donde la condicionalidad y tipos de AOD han sido determinados por factores de movilidad y no de desarrollo, como en los acuerdos firmados por España con el África-Subsahariana.
Como hemos dicho, el acuerdo con Turquía sentó un precedente en la gestión de políticas migratorias, pero es sólo la punta del iceberg. La raíz del problema es la externalización. La reversión del actual sistema de políticas migratorias pasa necesariamente por la recuperación de su carácter civil para desmilitarizarlas.
También por reclamar una transparencia que posibilite denunciar las vulneraciones de derechos por parte de Estados, impidiendo actos como la tergiversación de la cooperación como elemento de negociación. Por último, pero no menos importante, una ciudadanía sensibilizada que luche para salvaguardar las sistemáticas vulneraciones de derechos en procesos de externalización, siendo conscientes que España ha sido su precursor, y que es necesario erradicarlos.
