El Gobierno ha borrado las imágenes oficiales de las devoluciones en caliente que tuvieron lugar el pasado 13 de agosto en la valla de Melilla y que motivaron la imputación del coronel de la ciudad autónoma, según ha reconocido el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso eldiario.es. Como justificación, menciona “los plazos legalmente establecidos” para la conservación de grabaciones de las fuerzas de seguridad, que obligan a su destrucción en un plazo máximo de un mes. Pero obvia la otra pata de la normativa citada: se deben eliminar, indica la ley, “salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial”, como el que lleva abierto en un juzgado de Melilla desde el 20 de agosto, siete días después de los hechos.
“Las imágenes captadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se conservan conforme a los plazos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. Por este motivo, las grabaciones solicitadas por su señoría ya no están disponibles”, ha afirmado el Gobierno en respuesta a la petición del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que solicitó las imágenes oficiales captadas por las cámaras de la valla de Melilla los días 13 y 30 de agosto.
El Ejecutivo hace referencia al artículo octavo que explica las directrices sobre la conservación de las imágenes grabadas por cámaras de las fuerzas seguridad en lugares públicos. La legislación establece que “las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”, como es el caso.
Las imágenes se borraron, por tanto, a pesar de la existencia de un proceso judicial abierto sobre la actuación de la Guardia Civil, previsiblemente recogida en las grabaciones destruidas. Fuentes jurídicas cercanas a la causa deslizan a eldiario.es la posibilidad de que se trate de un delito de “obstrucción a la justicia” derivado de la “ocultación de pruebas” y aseguran que, en este sentido, “estudiarán si puede tener implicaciones legales”. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior pero rechazan hacer declaraciones más allá de la respuesta parlamentaria que justifica la destrucción de los vídeos apelando a una legislación que, sin embargo, incumplió.
Los hechos ocurridos el 13 de agosto en la frontera melillense están siendo investigados por el Juzgado de instrucción número 2 de Melilla. Los vídeos de ONG como Prodein o HRW sirvieron para demostrar las devoluciones en caliente perpetradas por la Guardia Civil aquel día y derivaron en la imputación del coronel de la ciudad autónoma. En un auto histórico, el magistrado Emilio Lamo de Espinosa echó por tierra la teoría con la que el Gobierno justifica las devoluciones en caliente y acusó al jefe de la Guardia Civil de Melilla de supuesta prevaricación por ordenar estas prácticas a sabiendas de su irregularidad. Estas son algunas de las imágenes de aquel día difundidas por organizaciones sociales:
La querella, presentada por Prodein, Sos Racismo y Andalucía Acoge se admitió a trámite en primer lugar el 4 de agosto y recogía únicamente la posible omisión de auxilio de la Guardia Civil al observar de forma pasiva la entrada de los gendarmes marroquíes en zona de 'entre vallas' - territorio español- y agredían a los inmigrantes que trataban de superar la totalidad de la alambrada el pasado 18 de junio. Pero los hechos del 13 de agosto, cuando varias ONG captaron devoluciones en calientes y golpes de los agentes españoles a los inmigrantes, motivaron la ampliación de la causa a fecha del 20 agosto, tras la petición de las organizaciones personadas.
El caso del inmigrante apaleado se une a la causa
El proceso judicial continúa abierto, y el magistrado encargado parece dispuesto a continuar en la misma línea. Según ha podido saber eldiario.es, recientemente se ha sumado a la causa los sucesos ocurridos durante el intento de salto del 15 de octubre, cuando un inmigrante fue apaleado para lograr su descenso de la alambrada hasta caer aparentemente inconsciente de esta, aunque el Gobierno asegura que se hacía el dormido. Los agentes procedieron a su devolución inmediata y le trasladaron en volandas, atado de pies y manos, a la zona marroquí.
Estos hechos motivaron una dura carta de la excomisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, a su homólogo español, Jorge Fernández Díaz, en las que calificó la actuación de la Guardia Civil de “malos tratos” y recordó que incumplía la legislación europea. Ahora serán investigados. Por su parte, la Fiscalía y la abogada del Estado en Melilla han solicitado el archivo de la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma.
Fuentes jurídicas personadas en la causa recuerdan que, aunque la querella que investiga los hechos del 13 de agosto, se presentó siete días después, el 14 del mismo mes, “el juez notificó a la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla la iniciación de las diligencias previas mediante oficio”. Por tanto, concluyen las mismas, “la Comandancia ya sabía que se había puesto en marcha un procedimiento judicial desde el día siguiente de los hechos y aún así se decidió borrar las imágenes”.
Inminente legalización de las expulsiones sumarias
Las devoluciones en caliente no son nuevas. Los Gobiernos del PP y del PSOE llevan efectuándolas desde hace 13 años, aunque la forma de realizarlas cambió en marzo de 2014. Hasta entonces, se llevaban a cabo de forma clandestina y, cuando alguna prueba las evidenciaba, el ejecutivo solía limitarse a negarlas o ignorarlas. Hasta la tragedia de Ceuta. El Gobierno actual asumió la devolución de 23 personas tras la sucesión de imágenes difundidas y la atención mediática despertada.
Entonces, surgió una nueva justificación, nunca antes admitida pero que, según el Ministerio del Interior, se llevaba aplicando desde 2005: “España empieza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión, incluido el cordón policial”. A partir de aquí, esta teoría se acopló a las diferentes particularidades de cada frontera y la Guardia Civil comenzó a expulsar inmigrantes de forma inmediata a plena luz del día y ante los objetivos de cada vez más periodistas.
En la actualidad, basándose en esta misma tesis, las expulsiones sumarias están pendientes de la aprobación de su legalización en España, a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que ha despertado una fuerte oposición en distintos ámbitos. ONG, Acnur, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión Europea, la Abogacía Española o la Iglesia han mostrado su rechazo a la reforma.