“Nuestro reto es el más grande y el mejor”. Con estas palabras, Recep Tayyip Erdogan inauguraba el pasado octubre el que debería ser el aeropuerto más grande y avanzado del planeta. La construcción, de proporciones faraónicas, incluirá 22.000 cámaras de seguridad, tendrá el mayor Duty Free [tienda libre de impuestos] del mundo, transportará el equipaje de forma individualizada y tendrá capacidad para más de 160 millones de pasajeros anuales para el año 2025.
Turquía se postulará así como una de las capitales mundiales del transporte y hará frente a gigantes del sector como Hong Kong o Qatar. Según el director de la constructora del nuevo aeropuerto, Kadri Samsunlu, el coste total ha sido, hasta el momento, de 7.500 millones de euros. Se calcula que tendrá un coste final de 10.500 millones. Para el Gobierno turco y los promotores de la construcción, el importe se contará en ceros. Para muchos de los trabajadores que han participado en ella se contabilizará en vidas humanas que, denuncian, se perdieron por el camino.
Nihat Demir habla con eldiario.es en nombre de Özgür Karabulut, presidente de la Unión de Trabajadores de la Construcción, uno de los sindicatos que alzó su voz el pasado septiembre en contra de las condiciones en las que trabajaban los obreros del aeropuerto, lo que se saldó con 400 detenciones.
Karabulut es uno de los 31 que siguen encarcelados. Ante su ausencia, Nihat Demir, secretario de la organización, ejerce ahora de altavoz y denuncia una situación que se agrava. “Estamos cada vez peor, nos tratan como si estuviésemos en la época de los faraones”, asegura Demir, en referencia a la construcción de las pirámides egipcias.
El sindicalista denuncia condiciones insalubres y un número “considerable” de trabajadores fallecidos en accidentes durante las obras. “A uno de los trabajadores lo encontramos tres días después de que muriese. El Gobierno no dio parte del fallecimiento a la familia hasta semanas más tarde y quisieron encubrirlo”, asegura.
El hecho no es anecdótico, pero la cifra exacta sobre estos casos se desconoce. Mientras la empresa constructora del aeropuerto, IGA, y el Gobierno turco reconocen la muerte de una treintena de trabajadores, los números que dan los propios obreros son muy superiores. “Tenemos contabilizados hasta 117, pero creemos que pueden llegar a 400”, sostiene el representante sindical. La cifra, publicada por el diario Cumhuriyet a principios de 2018, rebasa todos los cálculos.
Samsunlu niega estos datos. Lamenta los fallecimientos confirmados por las autoridades, pero le resta responsabilidad a su empresa: “A los trabajadores se les está formando continuamente y deben ir con más cuidado”. Por su parte, el Gobierno también rechaza la cifra aportada por un diario, Cumhuriyet, que está en el punto de mira de Erdogan y que acumula decenas de periodistas investigados o encarcelados.
“Tienen miedo de que los trabajadores hagan fotos”
Según denuncia el mismo secretario del sindicato, los empleados no pueden llevar teléfonos mientras trabajan y son vigilados por guardias de seguridad en todo momento. “Tienen miedo de que hagan fotos”, asegura Demir. Un obrero del aeropuerto corrobora la versión del sindicalista: “La mayor parte del tiempo no puedo contactar con mi familia, a ellos les afecta profundamente”.
Los familiares de los trabajadores se llevan una de las peores partes de la construcción del mayor aeropuerto del mundo. En el mismo informe publicado por Cumhuriyet, también se denuncia el pago de hasta 400.000 liras turcas [alrededor de 65.000 euros] a los familiares de los fallecidos. Según informa el periódico, este importe busca comprar el silencio en torno a los sucesos.
Sindicatos y opositores denuncian la “opacidad” que existe en torno a estas muertes. Pocos días antes de la inauguración, se canceló un tour programado por las instalaciones para los profesionales de la prensa “por cuestiones de seguridad”. Algunos parlamentarios que han solicitado acceder a las obras, no han podido entrar. El mismo trabajador, que habla bajo condición de anonimato, también critica las prisas por acabar la obra y asegura que ciertos materiales deben reposar durante días antes de seguir con la estructura, algo que, según denuncia, no se respeta. “Será un problema para los pasajeros, este aeropuerto no se está construyendo bien”, defiende.
El pasado mes de septiembre los trabajadores dijeron basta. Desde 2015, año en que se inició la construcción, aseguran que han experimentado condiciones infrahumanas en los barracones donde se alojan y han visto morir a muchos de sus compañeros. Sus demandas pasaban por obtener mejoras en la comida que se les distribuye, en el área donde viven o en la seguridad laboral. La protesta finalizó con 400 detenidos. “Estoy abierto a las demandas, pero deben ser pacíficas”, asegura el director ejecutivo de IGA.
Human Rights Watch ha exigido la liberación de los 31 obreros que aun siguen bajo custodia policial. “Los empleados encarcelados deben ser liberados y los que fueron despedidos por protestar deben ser readmitidos en sus puestos de trabajo”, pidió la directora de HRW en Turquía Emma Sinclair-Webb. “Es imperativo que las autoridades mejoren las condiciones de trabajo e investiguen las muertes y lesiones en lugar de utilizar a la Policía y los tribunales para reprimir las demandas de los trabajadores”.
El pasado 29 de octubre, ante una gran expectación, Erdogan mostró su nueva obra al mundo. Quería demostrar que Turquía está preparada para competir con cualquier país. Mientras, los ciudadanos, denuncian, pagan el coste.