No se puede devolver a menores migrantes como castigo por su “difícil adaptación” por más que lo pida Ayuso

En una semana clave del proceso para la distribución de menores migrantes desde Canarias, tras finalizar el plazo marcado por el Gobierno central a las autonomías para enviar los datos de ocupación de sus sistemas de acogida, la Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la criminalización de los adolescentes extranjeros. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solicitó esta semana formalmente al Gobierno central la expulsión de cuatro menores tutelados por presentar “dificultades de adaptación”, por su “imposibilidad de integración” y por ser “blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas”. Sin embargo, no es posible retornar a un menor tutelado como castigo por su comportamiento, sino que la legislación obliga a la Administración a proteger a la infancia tutelada de los peligros que puedan enfrentar e incluye una serie de garantías que prácticamente imposibilitan el retorno en casos como los que Ayuso defiende. 

La Comunidad de Madrid anunció esta semana que la Consejería de Asuntos Sociales había comenzado a enviar a la Delegación del Gobierno “expedientes de menores inmigrantes no acompañados que presentan graves dificultades de adaptación” y que, a su juicio, podrían ser devueltos a sus países “cuando el interés superior del menor lo aconseje”. Por el momento, el Gobierno regional ha mandado los casos de cuatro adolescentes acogidos en el centro de La Cantueña, pero asegura que “continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración”.

Para defender la solicitud enviada por el Ejecutivo regional a la Delegación del Gobierno en Madrid, el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, citó el incidente sucedido este lunes en el macrocentro de menores de La Cantueña (Fuenlabrada) tras una pelea multitudinaria que se saldó con siete trabajadores heridos y doce menores detenidos tras una riña surgida entre los propios adolescentes. No obstante, los chavales para los que el Gobierno madrileño ha pedido ya su devolución no participaron en estos altercados.

Fuentes de la Fiscalía -organismo con competencia en la salvaguarda de los derechos de la infancia en situación de desamparo- afirman a elDiario.es que el Ministerio Público, tras interesarse por el caso, decidió no abrir una investigación al considerar que se trataba de una “riña” entre los jóvenes y dado que ninguno de los empleados heridos quiso denunciar, pues sus lesiones aparentemente no eran fruto de agresiones de los chavales, sino de golpes provocados por el lanzamiento de objetos entre los menores involucrados en la pelea.  

Sobre estos casos, el Gobierno regional dice haber “iniciado el estudio de los expedientes de los menores involucrados en los incidentes del Centro de La Cantueña del pasado lunes para proponer su reagrupación familiar, en los casos en los que sus circunstancias así lo aconsejen y lo permitan”. 

La petición de Díaz Ayuso, sin embargo, apenas tiene posibilidades de prosperar en una acción concreta. La repatriación de menores, cuyo único objetivo es lograr la “reagrupación familiar” en su país de origen, no está pensada para castigar a adolescentes extranjeros por una pelea o por su supuesta “dificultad para integrarse”. Según explican fuentes del Ministerio de Interior, el envío de esta solicitud de expulsión no supone de facto la activación de ningún procedimiento de reagrupación familiar “más allá de una manifestación puramente declarativa”. 

ONG especializadas en infancia migrante, como la Fundación Raíces, recuerdan que ninguna legislación ampara el retorno de un menor a su país de origen por razones ligadas a su supuesto mal comportamiento. “Ni la Convención de Derechos del Niño de las NNUU, ni nuestra Ley de Extranjería permite la expulsión de los niños y niñas extranjeros. Tan solo se contempla la reagrupación familiar y ésta, en ningún caso, puede ser una medida de control de fronteras o de castigo, es una forma de preservar el derecho a vivir en familia”, explica a elDiario.es Lourdes Reyzábal, presidenta de la organización.

El procedimiento

Tanto la ley de extranjería como el reglamento que desarrolla esta norma exigen para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar la identificación de los niños, así como las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen. Estos procedimientos de repatriación de niños y adolescentes requieren un informe previo de los servicios de protección de menores, pero también del Ministerio Fiscal. Si la edad de los menores lo permiten, los chavales tienen derecho a ser oídos durante el proceso y, si son mayores de 16 años, estos tienen “capacidad” para intervenir en el procedimiento administrativo de repatriación y ante los tribunales. 

Después de realizar un informe completo del caso del menor, se da inicio a lo que se llama “trámite de audiencia”, al que deben ser convocados el Ministerio Fiscal, el tutor y, en su caso, el defensor judicial o el representante designado por el menor. Las autoridades españolas deben analizar varios indicadores como la situación en el país de origen, la existencia de conflicto con la familia, violencias, explotación laboral o sexual, maltrato, circunstancias susceptibles de base para pedir asilo, salud, situación de calle... Sólo una vez cumplidos todos estos pasos, la Delegación del Gobierno resolverá si el interés superior del niño pasa por permanecer en España o ser retornado a su país. Todos estos requisitos blindan el derecho del menor por lo que, en la práctica, es muy complicado que un adolescente migrante sea expulsado en contra de su voluntad.

En 2008, una sentencia histórica del Tribunal Constitucional ordenó frenar la expulsión de un menor tras concluir que la Administración no había escuchado al chaval ni había evaluado si se daban las circunstancias familiares y sociales para garantizar su protección en Marruecos. Su retorno se paró en 2006, momentos antes de subirse al avión. La resolución judicial reconoció el derecho de los menores a defenderse judicialmente y a oponerse a cualquier decisión que se adopte contra ellos si creen que lo que pretenden sus tutores les perjudica. Hasta entonces, los servicios de protección eran los que iniciaban los procesos de repatriación mientras seguían siendo sus representantes legales. El Tribunal reconoció su derecho a una asistencia letrada independiente.

La iniciativa del Gobierno madrileño se anunció un día después de la finalización del plazo marcado por el Ejecutivo central para que las comunidades autónomas enviasen una serie de datos concretos sobre sus sistemas de acogida de menores, con el objetivo de calcular el número de chavales que le corresponderá recibir a cada autonomía tras la reforma de la Ley de Extranjería, cuya convalidación será votada en el Congreso el próximo jueves.

Tensión por los datos

Superado el plazo, todas las autonomías excepto Aragón contestaron a la solicitud de información, aunque algunos de los gobiernos regionales, como el madrileño y el extremeño, enviaron datos distintos a los requeridos, lo que obstaculiza la tarea de aplicar los criterios de reparto sobre una radiografía fiable de los sistemas de acogida, según señaló este martes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El Ministerio envió hace dos semanas a todos los gobiernos autonómicos un requerimiento en el que pidió al menos cuatro datos específicos: plazas habilitadas en el sistema de acogida de menores (sean extranjeros o no), plazas ocupadas, cifra total de menores acogidos (migrantes o no) y número de menores extranjeros no acompañados acogidos, según confirmaron fuentes de Infancia a elDiairo.es. Pero mientras unas han respondido con la información desglosada tal y como se solicitaba, o incluso con un mayor nivel de detalle, otras autonomías lo han hecho de forma parcial.

Entre los gobiernos autonómicos que han presentado datos incompletos o distintos a los solicitados se encuentra la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha enviado la información concreta sobre el número de niños y adolescentes extranjeros que acoge actualmente (como si lo han hecho la mayoría) sino que se ha limitado a aportar la cifra total de menores migrantes atendidos (2.442) a lo largo de todo 2024 y el porcentaje de “sobreocupación”, que el Ejecutivo madrileño sitúa en el 132%.

“Si hablásemos del sistema hospitalario, hemos pedido camas ocupadas. Pero el dato que nos da la Comunidad de Madrid no sería ese, sino el de todas las personas que han hecho uso en consultas externas y en camas ocupadas. Nosotros pedimos el número de niños migrantes que tiene una plaza de acogida”, afirmó la ministra de Infancia en relación a la información proporcionada por Ayuso, que calificó de imprecisa.

Dado el momento de enfrentamiento político sobre la acogida de niños migrantes, la presidenta de Fundación Raíces considera que la petición de retorno de cuatro menores anunciada por la Comunidad de Madrid busca utilizar a la infancia migrante como arma arrojadiza. “La política tiene que dejar ya de instrumentalizar a los niños y niñas sin protección familiar en España”, sostiene la experta. “Y desde la sociedad debemos exigir a nuestros gobernantes que cesen en su intento de conseguir nuestros votos con mentiras e incitando al odio”, concluye.