Patras, la puerta trasera de Grecia por donde los refugiados intentan cruzar a Italia

Cuando el motor de la furgoneta cesa, los chavales empiezan a salir sin prisa de la aparentemente abandonada nave industrial y saludan a los voluntarios de la organización No Name Kitchen. Son unos 70, algunos apenas adolescentes. Viven en las fábricas en desuso del puerto de Patras, el segundo más importante de Grecia y puerta a Europa Occidental. Duermen en las pasarelas suspendidas junto a las ventanas, para poder escabullirse en caso de que los policías efectúen una redada.

Todos están aquí por lo mismo: hacer el game – juego, en inglés –. Así se refieren a cruzar la frontera. No solo en Patras, también en muchas otras. Sobre el tejado de las fábricas, algunos otean el tráfico y cuando identifican a los camiones que se disponen a embarcar, uno de los chicos intenta atravesar corriendo la autopista costera para aferrarse a los bajos de un tráiler. El camión embarcará en un ferri que, presumiblemente, irá a Italia. Aunque siempre está la incertidumbre sobre dónde irá a parar.

“Conozco a un chaval que consiguió salir de la isla de Lesbos ilegalmente, llegó a Patras, se metió en un ferri y volvió aparecer en Lesbos”, relata un mediador cultural de Médicos Sin Fronteras (MSF) que prefiere no dar su nombre.

“Es muy difícil meterse dentro del barco pero no tenemos otra opción”, se resigna Ali, joven iraní de 24 años. Cómo él, la mayoría de sus compañeros son solicitantes de asilo, pero prefieren salir del país a terminar el proceso aquí. Ali tiene la entrevista para reexaminar su petición de asilo para el 2021. No quiere esperar, necesita continuar con su vida. Su caso no es extraordinario: la obtención del asilo en Grecia es un camino largo. “Posiblemente no se deba tanto a una estrategia intencionada del Gobierno sino a la burocracia griega en sí misma”, explica Vasilis Psomos, abogado de la organización Lesbos Legal Center.

El pasado 30 de octubre, el Parlamento heleno aprobó una nueva ley de asilo impulsada por el Gobierno conservador que pretende acelerar los exámenes de las solicitudes de asilo y las deportaciones. La legislación ha sido duramente criticada por ONG internacionales. Según la portavoz de Human Rights Watch en Grecia, Eva Cossé, es “un intento sin complejos de bloquear el acceso a la protección e incrementar las deportaciones para combatir el aumento de llegadas”. Acnur se sumó a las críticas y denunció que la ley “debilita la protección de los refugiados”.

Actualmente, 96.500 personas refugiadas y migrantes viven en Grecia y en los últimos meses las llegadas han aumentado, según los datos de Acnur. En septiembre arribaron 12.000 personas al país, el número mensual más alto desde marzo de 2016, cuando se firmó el polémico acuerdo entre la UE y Turquía y el cierre de la ruta de los Balcanes que dejaron a miles de personas bloqueadas en el país heleno.

En 2019, Grecia se ha convertido en el principal punto de entradas irregulares por mar a Europa. Las ONG especializadas y organismos como Acnur han reclamado en reiteradas ocasiones a la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso para evitar que quienes huyen la violencia se vean empujados a arriesgar su vida en su camino a Europa.

Denuncian devoluciones desde Italia

Ali lleva en Patras un mes y medio, pero él ya ha pisado suelo italiano. Hace unos días logró colarse en un ferri y, después de algunas horas de navegación, llegó a su destino. Desconoce a qué puerto llegó pero sabe que era Italia por el uniforme de los agentes. “Me preguntaron dónde quería ir, y dije Francia”. Ali cuenta que estuvo esposado durante una hora y los agentes le dijeron “no deport, no deport” antes de meterlo en un compartimento cerrado de un barco que describe como mercante. Al arribar, relata, un operario portuario le acompañó a tierra, donde reconoció la fisonomía ya conocida de Patras.

“Las devoluciones [desde puertos italianos a Patras] son una táctica estandarizada. Los mandan de vuelta al país por dónde han entrado a la Unión Europea, es decir, Grecia. En un año y medio, 4.000 personas han sido devueltas desde los puertos italianos de Brindisi y Bari”, explica Nikos Papageorgiou, miembro del Movimiento por la Defensa de los Derechos de los Refugiados y los Inmigrantes de Patras.

Papageorgiou es uno de los activistas locales más conocidos por su labor en defensa de los derechos de los migrantes. El colectivo del que forma parte fue creado en 2007, cuando apareció el primer campo de afganos en la ciudad. La organización se dedica principalmente a asegurar las necesidades básicas de los refugiados, incluyendo alimentación, asistencia médica y aprendizaje del idioma, pero también promueven “la interacción con los locales y la acción política contra las políticas migratorias de la Unión Europea y el Gobierno”.

“Patras siempre ha sido la puerta de entrada a Europa”, cuenta Papageorgiou. Cruzar esta puerta siempre ha sido difícil, pero en los últimos años se ha complicado aún más. “Los que no lo logran se enfrentan a la represión del Estado y a las deportaciones”, añade. El activista lamenta que la reacción de la población local hacia los refugiados no ha sido siempre buena, y esta dinámica es atizada por “núcleos de extrema derecha y los intereses económicos”.

Quienes viven en las fábricas abandonadas no cuentan con ningún tipo de apoyo del Gobierno. El Ayuntamiento – encabezado por un alcalde del Partido Comunista Griego, KKE – les provee prácticamente de la totalidad de su comida, aunque es No Name Kitchen quien hace de intermediario y les entrega las raciones ya preparadas. Una vez al mes, les dan alimentos no perecederos que los mismos migrantes cocinan.

Vigilancia policial constante

La presencia policial en las fábricas es habitual. Los voluntarios de No Name Kitchen denuncian que, según los migrantes, cuando los agentes se presentan a la hora de comer, les vuelcan las ollas. Una vez, dicen, llegaron a tirar un zapato dentro del pote. La organización de Papageorgiou ha intentado que la Policía no vaya durante estas horas para que puedan comer tranquilos, sin éxito.

Los jóvenes están alerta para dar la voz de alarma cuando llega la Policía. Normalmente, desde los tejados de las fábricas avistan a los agentes y avisan a sus compañeros para que desaparezcan de la vista.

Dos agentes les sorprendieron cocinando el día en que eldiario.es hablaba con ellos. Uno de ellos, temido por los migrantes y conocido por su nombre de pila, apareció sujetando su pistola al cinto y exigió la identificación de las personas con perfil racializado allí reunidas.

Un refugiado menor de edad que había llegado a la fábrica hacía solo dos días intentaba pasar desapercibido y que no le vieran, aunque le pedían de forma reiterada que mostrara sus papeles. “Acabo de llegar, no quiero que me lleven a Atenas”, repetía, asustado.

Este es uno de los escenarios más temidos por los migrantes: que los lleven de vuelta a Atenas. Es una práctica que choca con la legalidad, porque como solicitantes de asilo gozan de libertad de movimiento por todo el país. Papageorgiou aduce que este derecho es “violado” bajo la justificación de que en Patras no hay equipamientos de alojamiento para migrantes. Una vez en Atenas, explican los chicos, los sueltan en medio de la calle, sin darles un sitio dónde pasar la noche.

Ali sabe mejor que nadie lo difícil que es cruzar al otro lado y lograrlo, pero tiene pocas alternativas. No puede volver atrás, porque perdería los cerca de 500 euros que, según los voluntarios, cuesta atravesar a la otra orilla. Pero ir hacia delante tampoco entraña ninguna garantía ni certeza. Lo seguro es que lo seguirá intentando.