Nasra, una sudanesa detenida y juzgada por llevar pantalones

“Antes de que nos detuvieran yo no sabía nada de esta ley”. Nasra Omera Kakoum es una de las diez jóvenes arrestadas por la policía del Orden Público de Sudán el pasado 25 de junio a su salida de una iglesia baptista evangélica. El motivo: llevar pantalones. “Íbamos a coger el transporte para regresar a casa y la policía nos paró, nos metió en un coche y nos llevó a la comisaría. Hasta que llegamos allí no nos dijeron que era porque estábamos vestidas de forma indecente”, cuenta a eldiario.es por teléfono en su idioma natal mientras uno de sus abogados la traduce. Tienen prisa y está un poco nerviosa. Es lunes y, en breve, esta joven de 23 años comparecerá ante el juez: “No sé qué voy a decirle”.

Aquel día, la policía detuvo a doce chicas aunque dos fueron puestas en libertad más tarde. Las otras diez, de entre 17 y 23 años, han sido acusadas de vestir de forma inmoral e indecente de acuerdo con el artículo 152 del Código Penal sudanés. En él se condena a quienes “actúen de forma indecente o contraria a la moral pública o vistan indumentaria obscena o contraria a la moral o que provoque molestias en el sentir público”, pero no se especifica qué se considera indecente. Llevar pantalones, según la subjetividad de los encargados de velar por el orden público, es un delito que puede ser castigado con una pena de hasta 40 latigazos.

Los hechos sucedieron en torno a las diez de la mañana pero no fue hasta las dos de la tarde cuando llegaron a la comisaría. Una vez allí, la policía las obligó a quitarse la ropa y cambiarla por otra diciéndoles que se la llevaban para enseñarla en el juicio, explica desde Jartum Mohaned Al Nour, jefe del equipo de abogados encargados de la defensa. “Es intolerable que se produzcan estas prácticas que violan los derechos de las mujeres, en el siglo XXI no tienen sentido leyes como esta”, sostiene. El letrado culpa al presidente de Sudán, Omar al Bashir: “Pretende aplicar la sharia islámica y no todos los sudaneses son musulmanes, la prueba es que estas chicas son cristianas y su vestimenta es normal y aceptada según sus creencias”. 

“Somos estudiantes, no hemos hecho nada malo, esta es mi vida, es la ropa que he llevado siempre”, se justifica Nasra, que fue detenida junto a su hermana menor, Rehab. Todas las chicas proceden de las montañas de Nuba, una zona fronteriza con Sudán del Sur.

Doble multa por llevar pantalones el día del juicio

Fardos Al Toum, de 19 años, fue la primera en ser juzgada. El pasado 6 de julio se presentó ante el juez vestida de una forma que también fue considerada “indecente”. “El juez dio un largo discurso sobre qué ropa debería llevar y le impuso una multa de 500 libras sudanesas (unos 75 euros) sin pena de latigazos por haber acudido así vestida, más otras 500 sin latigazos por los hechos que se le imputaban. ¿En qué lugar se ha visto que un juez condene algo distinto del hecho que se juzga?”, se pregunta Al Nour.

Fardos llevaba una discreta blusa blanca, unos pantalones y un pañuelo negro sobre la cabeza. “Cualquier persona razonable difícilmente podrá entender cuáles son las bases por las que el juez decide que esa ropa es indecente”, señala la directora adjunta de Amnistía Internacional en África Oriental, Michelle Kagari. Junto a Fardos, también ha sido ya juzgada Rehab Omera Kakoum, condenada igualmente a pagar una multa de 500 libras sudanesas. En ambos casos la defensa ha apelado y las multas, confirma Kagari, han sido pagadas por activistas y personas que apoyan a las chicas.

Del resto de jóvenes, tres han sido derivadas a un tribunal de menores mientras que las demás se enfrentan por separado a sus juicios, que han sido pospuestos a los días 3 y 4 de agosto. El hecho de que en las dos primeras condenas se haya desestimado el castigo de los 40 latigazos da esperanzas a la defensa y a las organizaciones de derechos humanos que esperan que esta pena no se imponga a ninguna de las restantes gracias, en buena medida, a la presión internacional y a las protestas que se están produciendo en el interior del país y que denuncian la arbitrariedad de esta ley.

Sin embargo, este tipo de arrestos y castigos son habituales en Sudán. “Hemos documentado casos en los que sí se han impuesto condenas de latigazos, es algo común que sucede con frecuencia, especialmente a mujeres de zonas empobrecidas, aunque se informa muy poco sobre ello. Nosotros tenemos constancia de otras dos jóvenes, de 16 y 18 años, que han sido arrestadas en el estado de Kassala por llevar pantalones, declaradas culpables y que han recibido 20 latigazos cada una”, revela Kagari. 

Del estigma y el silencio a los titulares

La periodista Lubna Hussein se encontraba en un restaurante de Jartum cuando fue detenida por la policía, junto a otras 12 mujeres, a principios de julio de 2009. Por aquel entonces, Lubna trabajaba para las Naciones Unidas y su caso saltó rápidamente a la prensa internacional. Revistas como The Economist la describieron como “una mártir por sus pantalones”.

“Decidí aprovechar la oportunidad para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en mi país”, explica ahora por videoconferencia desde Canadá, donde reside tras haberse visto obligada a abandonar su país por las constantes amenazas. Las mujeres que fueron arrestadas con ella pagaron una multa y recibieron diez latigazos. Ella se negó. “Imprimí invitaciones para mi juicio y las repartí a periodistas, embajadores y activistas. Mi objetivo era llamar la atención, lo conseguí y tuve mucho apoyo internacional”.

En el juicio fue declarada culpable y se le impuso una multa de 200 dólares que rechazó. “Como no la pagué me enviaron a la cárcel”. Allí estuvo solamente un día. “Soy periodista, así que aproveché para entrevistar a las mujeres que estaban presas y escribir sobre su situación, hice un buen trabajo en poco tiempo”, recuerda entre risas.

Para Lubna, lo más destacable de su historia es que consiguió algunos pequeños cambios. “Hasta mi juicio, las mujeres que eran juzgadas por este motivo guardaban silencio, lo mantenían en secreto por temor al estigma, les avergonzaba que la gente pudiera cuestionarlas. Ahora ya no es así. Ahora la comunidad ya no mira a las mujeres como si hubieran hecho algo malo, la gente es más solidaria. Además, en la prensa independiente las noticias sobre estos casos han pasado de las páginas de sucesos a ser consideradas un tema de derechos humanos”, resalta.

No obstante, insiste, las detenciones se siguen produciendo. Lubna es musulmana. “Esta ley se aplica por igual contra musulmanas y cristianas. Cuando te detienen si pagas un soborno a la policía te liberan. Lo que sucede es que la mayor parte de las mujeres cristianas no tienen con qué pagar, por eso reciben más castigos que las musulmanas”, dice la periodista, que denuncia el hecho de que su gobierno imponga latigazos a la mujer que lleva pantalones “y a los violadores solo los mande un mes a la cárcel”.

Para el abogado de las jóvenes, en este caso particular sí hay un componente de discriminación religiosa. “Sabían que eran cristianas. El problema es que Al Bashir dice que en Sudán no hay sitio para los no musulmanes”, incide Mohaned Al Nour, quien se encargó también de la defensa de Mariam Yahya, la sudanesa que fue condenada a muerte el año pasado por convertirse al cristianismo.

Según Amnistía Internacional, el problema de fondo es otro. “El motor de estas leyes no es la religión sino la subyugación de las mujeres en Sudán, su discriminación ya sean musulmanas o cristianas. Lo que se pretende es regular su comportamiento y someterlas”, concluye Kagari. 

La repercusión mediática que ha tenido la historia de las diez sudanesas en todo el mundo puede tener un impacto positivo en el caso. Para empezar, sobre las propias chicas. “Tener ese apoyo nos hace sentir fuertes, sentimos que no estamos solas”, decía Nasra este lunes antes de colgar el teléfono y regresar a la sala. Su juicio se pospuso al 4 de agosto. Primera victoria.