Hace un año, el ruido de las tractoradas y las protestas del campo llevaron a poner el foco en agricultores y ganaderos, tanto en España como en el resto de Europa. Unos meses de reivindicaciones, donde algunas voces de extrema derecha trataron de aprovechar la situación para vestirse de portavoces de un sector que es tan diverso como las diferentes realidades diarias de quienes trabajan en las zonas rurales.
Ahora, un año después, la mayor parte de sus problemas sigue sobre la mesa y surgen nuevos nubarrones, como el efecto que tendrán los acuerdos con Mercosur y los aranceles agrícolas con los que amenaza Donald Trump. Sin embargo, uno de los principales miedos que sobrevuela la realidad del campo es la falta de relevo, cómo convencer a los jóvenes para que se hagan cargo de unas explotaciones que, sin ellos, estarán abocadas al cierre.
Al mismo tiempo, los pequeños productores están perdiendo terreno, en favor de las grandes industrias agrícolas y de los fondos de inversión que se han lanzado a por el sector primario donde ven una rentabilidad garantizada.
Según indican los datos del Censo Agrario que elabora el INE, casi el 60% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas, según datos del año 2020. Un dato que ha ido creciendo en las últimas décadas, porque en 1999 no llegaban a ser el 55%. En cambio, las pequeñas explotaciones se han ido reduciendo en la misma proporción, como contó elDiario.es en este tema.
Qué pasó hace un año y quién lo apoyó
A golpe de tractoradas o con lemas como “si el campo no produce, la ciudad no come”, miles de agricultores y ganaderos protestaron durante varias semanas por toda España y en diversos puntos de la Unión Europea para reclamar una batería de medidas. Entre ellas, una reducción de la burocracia, un aumento de las inspecciones a los productos que llegan de terceros países donde ven una competencia desleal, una mejora de los precios, una reducción de las exigencias medioambientales e, incluso, acabar con la Agenda 2030.
Fueron protestas diversas, donde se priorizaron cuestiones muy distintas, pero que tenían un apoyo mayoritario. Cerca del 73% de los agricultores y ganaderos respaldaron esa movilización según la encuesta elaborada por More in Common, realizada a 600 responsables de explotaciones agrícolas y ganaderas. Tuvieron más respaldo de los hombres que de las mujeres agricultoras y ganaderas (un 75% frente a un 60%). También, de quienes tienen más edad, el 75% de los mayores de 65 años, como se desglosa en el siguiente gráfico.
“No hemos notado cambios. No sirvieron para nada”, afirma el ganadero catalán Pep Llach sobre las movilizaciones, un firme defensor de la conexión de las pequeñas explotaciones con el territorio. “Hace 30 años, en el pueblo éramos 53 casas de payeses, hoy quedamos tres; porque las masías las han comprado familias con dinero y las granjas se han convertido en industrias, con mucho ganado y poca implicación”, añade.
“Estamos igual. No creo que la repercusión que tuvieron las protestas haya conllevado una mejora de los problemas”, apunta Isabelle Gómez, ganadera ecológica gallega. “Es cierto que tenemos que hacer ruido para que se nos tenga en cuenta, pero el tamaño de las protestas no se ha correspondido con los cambios. Por ejemplo, en cuanto a los trámites burocráticos, no ha habido grandes cambios, al menos en la comunidad gallega”. Lo mismo opina Jon Bastante, agricultor ecológico en Amorebieta. “Estamos igual que hace un año. Las tractoradas me parecieron más una fiesta: vamos a sacar pecho y lucirnos antes que buscar soluciones. Nosotros no podemos hacer huelgas, porque eso es tirar piedras contra nuestra propia economía”, apunta.
Miquel Riera, agricultor ecológico también cree que se han producido pocos cambios. “Diría que estamos igual o incluso peor porque las perspectivas con el acuerdo con Mercosur no son buenas”, explica. “Ha habido gestos”, asume, por parte de las administraciones, “pero se habló de tener una ventanilla única”, para los trámites burocráticos “y eso no está, tampoco las administraciones locales se han puesto las pilas”.
Es cierto que tras las protestas hubo un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y parte de las organizaciones agrarias, porque el Ejecutivo solo tiene interlocución oficial con aquellas que tienen una representatividad amplia en cuanto a afiliaciones y territorio. Ese acuerdo parcial evidenció la división en cuanto a la propia representatividad del sector primario. Entre las medidas acordadas, ayudas fiscales, una línea de créditos, una reducción de la carga administrativa o un refuerzo de la Ley de la Cadena, para evitar que los agricultores y ganaderos vendan por debajo de lo que les cuesta producir. Esto último, por ejemplo, aún no está en marcha porque conllevaba un refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que Vox y PP rechazaron en el Congreso de los Diputados.
Las voces del campo
Esa falta de unidad y de interlocución de todas las sensibilidades del campo también es criticada. Según la citada encuesta, el 90% de los agricultores se siente mal representado. De nuevo, más los hombres que las mujeres. Una opinión que es compartida tanto por quienes están afiliados a alguno de los sindicatos agrarios como quienes no forman parte de organizaciones, como se resume en el siguiente gráfico.
“Tengo 37 años y llevo 15 en el sector, donde creo que faltan liderazgos jóvenes que aglutinen el descontento y lo canalicen de forma que repercuta en las siguientes generaciones. A los viejos elefantes, las patas ya no les aguantan el peso”, explica Jon Bastante. “En Galicia, tuvimos un problema porque la mayoría de productores de ecológico nos quedamos fuera de las ayudas de la PAC [la Política Agraria Común de la UE]. Hemos tomado la iniciativa de crear una asociación de productores ecológicos, de todo, no solo ganaderos; para intentar tener contacto con las administraciones y que se pongan en marcha”, apunta Isabelle Gómez.
Una representatividad que, en el caso de las protestas de hace un año, dejó cierta sensación de que el malestar quedaba canalizado más por la derecha política que por la izquierda. “Los problemas reales quedaron diluidos en unas voces que se apropiaron del discurso”, critica Pep Llach. En el campo, añade, “hay gente que piensa de todo, pero llegó a parecer que si apoyabas las protestas eras de Vox y, en realidad aquí hay muchas sensibilidades distintas”.
“El campo no es solo de derechas”, argumenta Isabelle Gómez. “Pero creo que no se debería posicionar hacia una política concreta, porque una cosa es el sentimiento político y otra, la realidad de nuestros problemas”, matiza la ganadera. “Cada parte del Estado tiene peculiaridades”, incide Jon Bastante. “En Euskadi el campo no es de derechas, sobre todo la agricultura ecológica que tiene una línea más social, de hacer la tierra y los consumidores valoran mucho el producto local”.
El gran problema, el relevo generacional
En lo que sí hay más consenso es que el gran problema de fondo, el elefante en la habitación, es que los agricultores y ganaderos ven con temor la falta de relevo generacional. “Ese es nuestro mayor problema”, ahonda Jon Bastante. “No hay jóvenes y, cuando no se produzca a nivel local y lo poco que se produzca se mande fuera porque paguen más, tendremos que traer más productos de fuera”.
En la misma dirección señala Miquel Riera “Tenemos un problema porque la edad media son más de 50 años y eso significa que tenemos 10 años más para buscar una solución. Si nos jubilamos pinta mal para la pequeña y la mediana agricultura, que es la que cubre las necesidades de todo el país y podemos ver que llega un momento en el que grandes empresas decidirán qué comemos. Es un problema como sociedad, porque si desaparece la pequeña y mediana empresa, desaparece el tejido local. Ahora los productos que vienen de fuera tienen como referencia de precio los locales, pero el día que no haya, veremos precios especulativos”, alerta.
La citada encuesta de More in Common refleja, pese a todo, cierto optimismo. Hay un 36% de los agricultores y ganaderos encuestados que cree que su explotación cerrará en la próxima década, pero otro 58% piensa que seguirá operando. Y este último porcentaje, entre los más jóvenes, de entre 18 y 44 años, se eleva hasta el 77%, en un contexto donde el Ministerio de Agricultura ha comenzado a tramitar la Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que dar cobijo a esta transición de las pequeñas explotaciones familiares.
“Yo, pese a todo, soy optimista”, reconoce Miquel Riera. “De mis cuatro hijos, dos son agricultores, tenemos proyectos, historias en la cabeza, pero sudando mucho y viviendo una vida sencilla”. Lo mismo que Pep Llach. “No buscamos una vida millonaria. Esto es una forma de vivir”. “Somos empresas familiares donde todo está mezclado y este es un oficio que engancha, es un oficio con cafeína”, sentencia Riera.