El intento de reforma fiscal del Gobierno de coalición ha mostrado la gravedad de su debilidad parlamentaria. Atrapado entre sus socios a derecha y a izquierda, el Ejecutivo apenas tiene asegurada la mayoría suficiente en el Congreso para lograr la transposición en España de la directiva europea que modifica el impuesto de Sociedades para establecer un suelo del 15% a las multinacionales. “La negociación sigue abierta”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
El paquete de medidas con el que el Gobierno pretendía acompañar esta Ley, a base de enmiendas, se redujo este lunes a mínimos en una rocambolesca Comisión de Hacienda en el Congreso que se alargó desde las 17 horas hasta la 1 de la madrugada, con varios intentos sobre la marcha de salvar los compromisos de convertir en impuestos permanentes los gravámenes temporales a las entidades financieras y a las empresas energéticas. De momento, ambos tributos siguen en el aire, o, más bien, casi enterrados. Y caducan el 31 de diciembre.
Este jueves, el Pleno del Congreso vota por fin lo que queda de la reforma fiscal, el paso previo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Esto es lo que sobrevivió a la Comisión, lo que tiene otra oportunidad y lo que se ha quedado por el camino.
La reforma del impuesto de Sociedades
España no puede retrasar más la transposición de la directiva europea sobre el tributo mínimo del 15% a las multinacionales. La Comisión Europea expedientará a nuestro país si no se logra y están en riesgo los últimos desembolsos del Plan de Recuperación de la Unión Europea (UE), además de amenazar directamente las negociaciones de los Presupuestos. Este Proyecto de Ley está en la lanzadera parlamentaria desde junio, y, por sí solo, parece contar con un apoyo amplio entre los grupos del Congreso (incluso del PP). Sin embargo, el Gobierno lo intentó transformar en una reforma fiscal, añadiéndole enmiendas con otras medidas, que se ha vuelto en su contra.
Este lunes, los vetos cruzados en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja rechazaron la mayoría de cambios y nuevos impuestos que el PSOE quería adherir al Proyecto de Ley sobre la directiva europea. Algunos, pactados a la derecha, con PNV y Junts. Otros, acordados a la izquierda, con Sumar y otras fuerzas progresistas y nacionalistas. De todo el paquete fiscal, solo quedan las siguientes medidas en “el dictamen” del tributo mínimo del 15% que se vota este jueves en el Congreso.
La más relevante, en la línea de gravar más a los más ricos, la subida del IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros. Un aumento de dos puntos, hasta el 30%, peleado por Sumar con el Ministerio de Hacienda.
Respecto a las empresas, sobrevivieron las bajadas de impuestos a pymes y micropymes, de forma progresiva desde 2025 hasta 2029. Empresas con hasta 10 millones de facturación rebajarán su tributación del 25% al 20% en 2029, y las microempresas del 23% al 20% en 2027. Además, se prevé un tramo reducido para los primeros 50.000 euros que acabaría siendo del 17% en 2027. También se añadió una desgravación por recapitalizaciones. En este caso para empresas grandes y pequeñas, para poder reducir la base imponible en el impuesto sobre Sociedades.
De menor calado, se suman una reducción especial para trabajadores de artes escénicas, audiovisuales, musicales y técnicas y auxiliares con ingresos irregulares. Y, por último, una bonificación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en la contratación de entrenadores o monitores para la formación o entrenamiento de menores de dieciocho años en clubes no profesionales.
Este “paquete fiscal” adelgazado debería contar ahora mismo con una mayoría suficiente en el Congreso, sin vetos cruzados de los socios de investidura, al llegar sin el impuesto a la banca y sin el impuesto a las energéticas, sobre los que los intentos de salvarlos son más complicados.
El impuesto a la banca
Todas las enmiendas sobre el impuesto a la banca fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda de este lunes. Pero la medida, un compromiso de PSOE y Sumar, llega viva al Pleno del Congreso del jueves. En paralelo a la Comisión, ERC, Bildu y BNG lanzaron un comunicado en el que aseguraron “el compromiso para aprobar el impuesto a la banca en su tramitación en el Pleno del Congreso del jueves, aumentando el tramo más alto en el impuesto, dirigiendo toda la recaudación a las Comunidades Autónomas y concertado con las haciendas forales de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra”.
Este martes, Míriam Nogueras, la portavoz parlamentaria de Junts, se ha mostrado optimista sobre que en la votación del jueves salga el impuesto a la banca. Ione Belarra, de Podemos, liga el apoyo de los diputados de su formación con el impuesto a las energéticas. “Está muy bien que el gobierno se comprometa a prorrogar el gravamen a las energéticas con ERC y Bildu, pero sin garantías de que Junts también lo apoyará es poco más que papel mojado. Podemos sólo apoyará esta reforma fiscal si el impuesto realmente se mantiene”, reaccionó el lunes, poco antes de medianoche.
A las energéticas
El acuerdo in extremis del Ministerio de Hacienda con ERC, Bildu y BNG excluyó definitivamente la prórroga del impuesto a las energéticas del “paquete” que se vota este jueves en el Congreso, pero sigue siendo crucial para resolver todo el entramado de apoyos. El camino tomado ahora por los socios a la izquierda del PSOE es un nuevo Real Decreto-ley para prorrogar durante todo el año 2025 el gravamen temporal que se diseñó en 2022 por los beneficios extraordinarios conseguidos por el sector por la crisis de inflación.
El apoyo de PNV y Junts a esta iniciativa es una incógnita. Tiene lógica que Podemos lo ponga en duda, porque ambas formaciones se han alineado desde hace semanas con los intereses de Repsol, Iberdrola, Cepsa, Endesa o Naturgy y han bloqueado este compromiso de PSOE y Sumar para la formación del Gobierno de coalición.
Casi a la 1 de la madrugada de este martes, el Ministerio de Hacienda envió un comunicado con solo tres líneas: “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”.
Al diésel
En el juego de vetos cruzados que se dio en la Comisión de Hacienda, Sumar rechazó con PP y Vox la propuesta del PSOE de equiparar la fiscalidad de gasóleo y gasolina. Desde esta formación advirtieron a su socio de Ejecutivo que lo bloquearían si no había impuesto energético. La propuesta vuelve a tener otra oportunidad en el Pleno del Congreso del jueves.
Eliminación de los privilegios fiscales de la SOCIMI
Otro choque dentro del Gobierno de coalición en la Comisión de Hacienda fue el rechazo del PSOE, junto con PP, Vox, Junts y PNV, de la enmienda de Sumar para acabar con las ventajas fiscales las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliarios). Esta medida estaba plasmada en un acuerdo firmado por PSOE y Sumar el lunes de la semana pasada.
El texto recoge exactamente la intención de “suprimir el régimen fiscal especial de las SOCIMI, que solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades y que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”.
Seguros sanitarios
Del pacto PSOE-Sumar también resalta el rechazo este lunes de la eliminación de “la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta”. Esta medida incomodó a Junts desde un primer momento.
Subida del IVA a pisos turísticos
También tiene mal pronóstico, de nuevo por la oposición de Junts, PNV, PP y VOX, el acuerdo PSOE y Sumar que planeaba “introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente, aliviando la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas”.