El Congreso ha aprobado el informe sobre su investigación de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro con el respaldo de todos los grupos a excepción de Unidos Podemos y Compromís, que se han abstenido, y de Ciudadanos, que ha votado en contra por sus discrepancias en relación con las cajas de ahorro.
El informe es uno de los bloques del dictamen que se ha sometido a votación este jueves en comisión, y en él se recoge un relato de la investigación realizada por el Congreso, con citas y datos a partir de los documentos aportados por cada grupo.
Además de este informe, la comisión ha aprobado un bloque de antecedentes, con una relación de la documentación reclamada por la comisión y de los comparecientes solicitados, tanto los que finalmente acudieron a rendir explicaciones como de los que no lo hicieron.
En tercer lugar, los grupos también han votado las conclusiones de la investigación y las propuestas de futuro presentadas, integrando las aprobadas en el texto final del dictamen. Las que no, podrán ser defendidas como votos particulares ante el Pleno del Congreso, en un debate final que prevé para principios de febrero.
Tras concluir las votaciones, la presidenta de la comisión, Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha dicho que “es una pena” que personas ajenas a la comisión hayan decidido que sus grupos no apoyarían este informe y ha destacado que, al concluir la deliberación de este informe, “todos los miembros consideraron adecuado el informe” y “dieron su conformidad”.
En todo caso, ha señalado que sí ha habido unanimidad a la hora de establecer una “queja pública” por la “falta de transparencia y de colaboración” de la Junta Única de Resolución (JUR) durante la comparecencia de su responsable, Elke Konig, así como en el reconocimiento de las iniciativas individuales de personas afectadas, que tuvieron que litigar contra entidades financieras en los tribunales.
“No ha sido una comisión espectáculo”, ha aseverado Oramas, que considera que el trabajo desarrollado por la comisión marca “un antes y un después” y que la labor “no acaba” con el fin de la misma, puesto que cree que ahora es el turno de las Cortes, los gobiernos, supervisores e instituciones europeas por mejorar el funcionamiento del sistema financiero y la protección de los consumidores.
Carlos Floriano, del PP, ha lamentado que Unidos Podemos y Ciudadanos no se hayan sumado a “un voto unánime que duró hasta antes de ayer” y ve en su movimiento un “intento de obtener rentabilidad política” en base a “posturas dogmáticas e inmaduras propias de partidos nuevos”. Sí que defenderá en un voto particular el retraso del Gobierno de José Luis Zapatero para primero reconocer la crisis y después adoptar medidas efectivas. “Las que tenían que tomar no se toman hasta 2012”, ha dicho.
Por su parte , el PSOE ha criticado, a través de su portavoz en la comisión, Gonzalo Palacín, que estas formaciones tuvieran “sus conclusiones escritas antes de comenzar la comisión” y ha destacado que todas sus propuestas hayan podido ser incluidas. “Si bien no es el texto que hubiéramos redactado, es un texto de gran consenso”, ha destacado.
Por parte de Unidos Podemos, Rosa Martínez ha aplaudido que “el informe final se haya basado en su propuesta pero ha recalcado que se abstienen porque ”se recorta de forma ostensible todo el relato de estafas financieras“ y no se menciona los desahucios en el relato. ”Creo que al menos merecía una mención“, ha dicho, reivindicando ”un cambio en el modelo inmobiliario“.
Ciudadanos, por su parte, ha llegado a criticar que el tiempo y dinero empleado en la comisión “se ha tirado a la basura” pues, según su diputado Toni Roldán, PP y PSOE, “con la ayuda de Podemos e IU”, han buscado “tapar las vergüenzas del bipartidismo” por no reconocer su responsabilidad en las cajas de ahorro. Asimismo, ha acusado a Oramas de participar con PP y PSOE en el “pasteleo” para “esconder a los responsables políticos”. “Entiendo que a PP, PSOE y a la presidenta le dé vergüenza sacar este informe”, ha dicho.
Por su parte, ERC ha justificado su apoyo a “un dictamen de diagnóstico, lugares comunes y hechos probados”. “Quizás demasiado generalista”, ha concedido Joan Capdevila, que en todo caso ha reivindicado la necesidad de impulsar una banca pública. “No nos consideramos bien tratados cuando se nos considera por ello casi troskistas”, ante entidades cuyo tamaño obliga aún más a rescatar “en caso de accidente”, ha comentado.
En su relato, la comisión de la crisis financiera reprueba la gestión realizada por el Banco de España y el resto de organismos de supervisión pues considera que “no hicieron frente a sus obligaciones” para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria.
Así, considera que “había herramientas disponibles” para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas “no se usaron por falta de voluntad política”, y carga contra el supervisor en su gestión sobre las preferentes, pues cree que “permitió” su venta pese a que “ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales”.
Además, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que “favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible”, y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.
También condena “el funcionamiento del modelo de negocio bancario” desarrollado “a lo largo de las últimas décadas” como “una de las causas de la crisis financiera”. “Este modelo basaba su crecimiento en la expansión del negocio hipotecario e inmobiliario, tanto en volumen como copando amplios territorios”, subraya.
El informe subraya que “la propensión al desarrollo de operativas que aumentaban el riesgo de entidades se daba de manera similar entre bancos y cajas de ahorro, por lo que la asunción de estas malas prácticas se relaciona más con la gobernanza de cada entidad particular que con su forma jurídica y titularidad”.
“Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales”, abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.
ERRORES “PARTICULARES”, NO POR LA POLITIZACIÓN
Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una posible politización de las entidades, el informe señala que “las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación”, y también la existencia de “incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas”.
Así, asegura que “lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorro, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”, y niega que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos haya sido “un factor determinante en su diferente exposición a la crisis”.
En este sentido, atribuye las malas prácticas en el sector a la búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados “de manera creciente y continuada” y al “establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos”.