Del desahucio de Tatiana al drama del alquiler: las imágenes que retratan la lucha por el derecho a la vivienda

Aída Quinatoa recibió en 2008 una llamada que la dejó petrificada. El banco la amenazó con desahuciarla, pese a que ella pagaba religiosamente su hipoteca. La mujer había organizado a sus compatriotas ecuatorianos en torno a la asociación Conadee, donde llevaban tiempo con el foco puesto en la crisis de vivienda que se avecinaba. “Fuimos a la oficina con unas 100 personas”, recuerda. Había sido víctima de los avales cruzados: “Sin saberlo, yo había avalado a una persona que no conocía y otra me había avalado a mí. Era un problema enorme porque, al caer uno, caímos todos”, explica.

La población migrante, en muchos casos sin una red de apoyo familiar en España, fue la primera que sufrió las consecuencias de la crisis financiera e inmobiliaria que se avecinaba. A finales de 2008, ese grupo que se reunía cada 15 días para compartir inquietudes, analizar su situación y entender que los culpables de la situación que atravesaban no eran ellos, convocó una manifestación desde la embajada de Ecuador en Madrid hasta el Banco de España. “Estábamos solos, pero éramos muchos. Nos acompañaron muchos migrantes de otros países, alrededor de 5.000 personas”, recuerda Aída.

“La crisis comenzó, sobre todo, con los desahucios hipotecarios de las personas ecuatorianas, pero vimos que iba a ocurrir lo mismo con todas las que habían pedido hipotecas, así que empezamos a trabajar juntos”, recuerda la activista por el derecho a la vivienda Feli Velázquez. En 2009, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca celebró su primera Asamblea en Barcelona sobre los cimientos que había construido el colectivo 'V de Vivienda'. “Eran grupos de jóvenes que se manifestaban por todo el Estado bajo el lema 'no vas a tener vivienda en la puta vida”. Ya estaban señalando como la burbuja inmobiliaria había disociado los precios de la economía real“, explica el investigador del CSIC y del Grupo de Estudios Críticos Urbanos Javier Gil.

La crisis hipotecaria y de desahucios llevó a una suerte de profesionalización del movimiento de vivienda, en el que algunas voces ven una de las semillas del 15M, que abarrotó las calles en 2011. “Había una parte de desobediencia, deteniendo los lanzamientos de gente que no podía pagar, pero también se buscaba influir en los medios de comunicación y en la opinión pública. Generar un nuevo relato de la crisis económica y de quienes eran los responsables y las víctimas. Y, también, tratar de cambiar ese modelo legislativo, con las iniciativas legislativas populares”, recuerda Gil, que fue durante años una de las caras visibles de la PAH de Madrid.

El primer desahucio que paró la Plataforma en Madrid tiene nombre propio. Aunque Tatiana tuvo a las puertas de su casa el apoyo de decenas de personas. En junio, con la llama del 15 de mayo aún encendida, el movimiento Stop Desahucios frenó su lanzamiento. “Una procura olvidar esos momentos”, dice 14 años después, aunque recuerda que “la presión de los movimientos sociales tenía un poder increíble”. En febrero, el segundo intento del banco de echarla del piso terminó con la primera dación en pago absoluta, una de las reivindicaciones de las que la PAH hizo bandera en aquellos años. “Se consideró que habíamos ganado a los bancos, pero no fui yo, fue todo el movimiento social”, reconoce.

“Desde 2008 a 2011 no hay ciudad mediana donde no hubiera una PAH”, explica Diego Sánz, de la plataforma en Vallecas. La parte más gráfica de su actividad eran las acciones que se realizaban allí donde la amenaza de un desahucio quitaba el sueño. “Yo he estado, por lo menos, en 200. Había épocas en las que íbamos a dar apoyo psicológico a dos o tres al día”, añade Tatiana. Pero no era el único trabajo: “Cada día, íbamos a tres o cuatro bancos para protestar, nos manifestábamos, exigíamos soluciones...”.

“Llegábamos a la puerta del banco y en dos minutos teníamos a los antidisturbios, cuando lo que queríamos era hablar para llegar a un acuerdo y que cientos de familias no se quedaran en la calle”, relata Feli. Enseguida descubrieron que lo que más molestaba a las entidades era que repartieran octavillas a las puertas de las oficinas abiertas. “A base de palos y multas, no paramos”, recuerda.

El 7 de noviembre de 2012, Amaia Egaña se convirtió en la imagen más trágica de este drama. “Fue la primera víctima hipotecaria que se suicidó”, indica la abogada del CAES, Alejandra Jacinto, que durante años fue una de las encargadas de negociar con las comisiones judiciales. Según los cálculos de la Plataforma, desde el inicio de la crisis hasta el año 2014, se ejecutaron en España en torno a medio millón de lanzamientos, unos 400.000 de ellos hipotecarios.

Aquellos primeros compases de la crisis financiera e inmobiliaria en España, tras años de especulación con la vivienda, el activismo iba inventando fórmulas para salvar a las vecinas de la calle. “No éramos conscientes de lo que se nos venía encima, lo que hacíamos era improvisar”, recuerda Feli Velázquez: “Recuerdo un desahucio en Villaverde, enfrente de un colegio. En el recreo todo el mundo salió a apoyar, incluidas las monjas, que fueron a negociar con la comisión judicial. En otro, con menores, estaban el director y los profesores del instituto de los niños. Comentaron que les rompía el curso y les pedimos que nos lo pusieran por escrito. Así pudimos pararlo hasta que finalizara el curso”, enumera.

“Nunca más vas a estar sola”

“Como en crisis anteriores, a la gente le daba vergüenza decir que no podían pagar la hipoteca, creían que eran los culpables. Poco a poco, se fueron dando cuenta de que tenían que ir a un espacio donde se tenían que organizar”, indica Feli: “Al principio había afectados y afectadas que se acercaban a las asambleas. Muchos rompían a llorar, aunque no se atrevían a contar. Pero lo más importante que les transmitíamos es que desde ese momento nunca más iban a estar solas, que nunca más se iban a sentir culpables”. Esas redes de apoyo se fueron tejiendo por todo el territorio y ayudaron a la sociedad a entender la magnitud del problema y a cambiar el foco de la culpa. En febrero de 2013, miles de personas salieron a la calle en decenas de ciudades para denunciar el “fraude hipotecario” y recordar que los desahucios son “un crimen”.

Pese a la respuesta social, en 2014, el año de las Marchas de la Dignidad, se produjeron en España casi 70.000 desahucios. Como el de Arístides y Mercedes, que entonces tenían 58 y 51 años, con sus dos hijos adolescentes. Ella, recién salida de una operación de cáncer de mama, tuvo que dejar el piso de alquiler en el que llevaban viviendo ocho años cuando lo compró uno de los fondos de inversión que han arrasado buena parte del mercado inmobiliario en la última década.

Mientras la organización colectiva recogías firmas para la iniciativa legislativa popular que la PAH presentó en el Congreso en 2013, y en la que se planteaban cuestiones tan urgentes como la dación en pago, los alquileres sociales y el fin de los desahucios, desde el Gobierno se trató de apretar las tuercas a la movilización. En 2015, entró en vigor la conocida como Ley Mordaza. “Desincentivó mucho esas prácticas de resistencia pacífica que hacíamos las activistas, al ponernos a las puertas antes de un desahucio, con sanciones por obstrucción a actos judiciales, pero también por faltas de respecto a la autoridad, que muchas compañeras no podían permitirse”, considera Jacinto. “Te pedían la documentación y ya sabías que te ponían 600 euros de multa”, recuerda Feli, que acabó en el calabozo media docena de veces. “No teníamos miedo, porque tenías todo el apoyo vecinal hasta que te sacaban”.

“A medida que las viviendas que empiezan a acumular los bancos se convierten en un problema para sus balances, [el entonces presidente Mariano] Rajoy transforma la crisis en un nuevo ciclo inmobiliario, con la entrada de los fondos de inversión, basado en los alquileres, que acaba generando una nueva crisis”, indica Gil. A ese objetivo contribuyeron la proliferación de Socimis, una figura creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que articuló el PP, o el desembarco de fondos buitre, como Blackstone, a quien Ana Botella vendió 1.860 viviendas públicas a precio de saldo.

En uno de esos pisos de alquiler social vivían Almudena y Rubén, con su hija de 11 años. Por aquella época, pagaban 395 euros al mes a la Empresa Municipal de Vivienda, pero cuando el piso pasó a manos de un fondo, este subió la renta más de un 20%. Ambos en desempleo, no pudieron afrontarlo. El 4 de mayo de 2015, consiguieron frenar su desahucio.

En el nuevo escenario del mercado de la vivienda que dejó la crisis apareció pronto un nuevo actor: la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. La SAREB nació en 2012 para dar salida a los cadáveres inmobiliarios de la banca y, aunque no iba a costar ni un euro, la factura acabó subiendo a 35.000 millones de euros. “En algunos casos, las viviendas estaban bien situadas y, en otros, en la Conchinchina. La gente las fue ocupando, porque no tenían donde ir”, indica Sanz, que recuerda como la 'Obra Social de la PAH' consiguió recuperar decenas de bloques vacíos, propiedad de fondos buitre y entidades bancarias.

A partir de 2015, la Sareb, en ocasiones con convenios con administraciones públicas, empieza a facilitar alquileres sociales caso a caso. “Lo hacían por puro pragmatismo: ya que vamos a tener ocupas, que paguen y nos cuiden las casas”, indica Diego, que vive en uno de esos bloques recuperados por la PAH en Vallecas. Con todo, la entidad también continuó desahuciando.

El Sindicato de Inquilinas

Desde finales de la segunda década de este siglo, el perfil de las víctimas de desahucios fue cambiando. “A partir de 2018-2019, se ven cada vez más desahucios de alquileres, una tendencia que empezó en 2015”, indica Alejandra Jacinto. De hecho, en 2017 se crea el Sindicato de Inquilinas, que ha ido ganando relevancia mediática y social en los últimos años, convirtiéndose en uno de los actores protagonistas en el panorama del movimiento por el derecho a la vivienda.

En 2018, el movimiento vecinal, ya capitaneado por el Sindicato de Inquilinas, consiguió frenar el primer intento de desahucio de Argumosa 11, en Lavapiés. El edificio se convirtió rápidamente en uno símbolo de la lucha contra la especulación, escalonado de amenazas de lanzamiento, frenos y ejecuciones. El bloque, en pleno centro de Madrid, puso de manifiesto la ineficacia de las administraciones públicas para ofrecer alternativas habitacionales dignas a sus vecinos, sacó los colores a España ante la ONU y fue uno de los primeros ejemplos mediáticos de lo que acabaría por convertirse en la turistificación de la zona.

Con la pandemia llegó la moratoria antidesahucios que, según un informe del Observatori DESCA, ha evitado expulsar de sus hogares a más de 58.000 familias en alquiler. No son todos: más de 135.000 familias se quedaron en la calle por no poder pagar el alquiler, ante la incapacidad de las administraciones públicas de ofrecerles una alternativa. Entre ellas Cruz, que se fue a la calle con sus cuatro nietos en julio de 2021. “Se me quedaron todas las cosas allá. Me sacaron con los niños, escasamente con los carritos. Fue tremendo. Vivir uno eso... es como si me estuviera pasando ahora”, recuerda emocionada. Tras el lanzamiento, entró en un piso a través de la PAH y vive más tranquila.

Y ahora, ¿qué?

“La diferencia fundamental [respecto a hace 15 años] es que no estamos en una situación de crisis económica. Aunque el desempleo sigue siendo alto, no hay un millón y medio de parados nuevos cada año. Además, el Estado ha tenido una implicación ante shocks tan fuertes como la Covid para evitar que el impacto fuera tan grande como en el periodo 2008-2014”, indica Sanz. Aunque el último año ha supuesto un punto de inflexión, con grandes manifestaciones por el derecho a la vivienda, digna y asequible, en decenas de ciudades —la próxima, convocada a nivel estatal, el 5 de abril— y nuevas formas de desobediencia, como la huelga de alquileres impulsada por el Sindicato de Inquilinas.

“Estamos viendo como se consolidan, expanden y crecen los sindicatos de inquilinas, ante una nueva generación que no puede acceder a la vivienda en propiedad por sus propios medios y que se enfrenta a un mercado del alquiler salvaje”, apunta Gil. El investigador y activista considera que esas nuevas estrategias de acción sindical consolidarán los derechos del futuro. Aída cree que, con el tiempo, se ha ido “opacando la lucha social”. Pero es optimista: “Queda mucho por hacer, pero tengo esperanza. En su momento, ganamos varias batallas. Ahora toca desempolvar y seguir adelante”.