El Ejecutivo ha decidido eliminar la prórroga automática de los contratos que se puso en marcha en el paquete de medidas anticrisis como consecuencia de la guerra en Ucrania.
A diferencia de otras medidas que sí van a seguir, como el IVA reducido de los alimentos, a partir del 1 de julio, las condiciones de los contratos de alquiler no se van a prorrogar. Una medida que reclamaban los sindicatos de inquilinos e inquilinas para evitar que se disparen las rentas de quienes tienen que firmar un nuevo contrato o tengan que abandonar sus casas si no pueden pagar las nuevas condiciones que exijan sus caseros.
Tras la invasión de Ucrania por Rusia y el despegue de la inflación, el Gobierno de coalición aprobó “una prórroga extraordinaria del plazo de los contratos de arrendamiento de seis meses desde la fecha de finalización, durante la cual se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor”. Seis meses que acaban este 30 de junio.
Pero la raíz de este tipo de prórrogas viene de más atrás, porque formaba parte del escudo social que se puso en marcha para hacer frente a la pandemia. En pleno confinamiento, el Gobierno de coalición dio luz verde a la prórroga de los contratos para evitar que los inquilinos a los que se les acababa el contrato tuvieran que ponerse a buscar casa. Y la medida se ha ido prorrogando en el tiempo. Hasta ahora.
Esta no renovación automática no tiene que ver con el tope del 2% para la revisión de rentas, que se mantiene. De hecho, ese tope del 2% -que será el 3% en 2024- está incluido en la Ley de Vivienda, que lleva semanas en vigor.
Críticas de los sindicatos de inquilinos e inquilinas
La prórroga de los contratos era una de las medidas que reclamaban los sindicatos de inquilinos e inquilinas, sobre todo porque las comunidades autónomas gobernadas por las derechas no tienen intención de declarar zonas tensionadas, el vehículo necesario para aplicar controles de precios ahí donde estos están más disparados.
“Esta medida fue aprobada como una forma de congelar los alquileres hasta la puesta en marcha de la regulación de precios. A pesar de que la Ley de vivienda está en vigor, la regulación de precios aún no ha entrado en vigor en las comunidades autónomas”, apunta el Sindicat de Llogateres. “Esto significa que, debido a los trámites necesarios, la regulación de alquileres no será una realidad hasta dentro de unos meses. Además sólo Catalunya ha declarado que la va a aplicar y muchas otras comunidades se están negando a hacerlo”.
Como derivada, alertan, “se va a producir una oleada de expulsiones. Caseros y fondos que no quieran renovar contratos de alquiler van a poder subir el precio antes de que la regulación sea efectiva. Por lo tanto, veremos una subida en el precio de los alquileres y más desahucios en pleno julio, precisamente lo que pretende combatir la Ley de Vivienda”.
Además, en un comunicado conjunto, los sindicatos critican que no ven “coherencia legislativa” y que se “ha cedido a la presión por parte de la patronal inmobiliaria para deshacerse de estas medidas y permitir que los caseros sigan especulando sin ningún límite”.
La portavoz de Vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, ha criticado esta decisión del Ejecutivo. A través de Twitter, ahonda en que puede impactar en precios de alquiler y desahucios.
“Ignoro esas críticas”, ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No ha habido ese tipo de propuestas” durante la tramitación, ha asegurado.
“Lamento que haya personas que quieran generar incertidumbre y desasosiego porque se han tomado medidas, como la Ley de Vivienda que irá desplegando sus efectos”, ha indicado Calviño. También ha apuntado que la Ley ya pone topes a las revisiones de rentas, del 2% este año, del 3% en 2024 y, a partir de 2025, en función de un índice que aún tiene que elaborar el Instituto Nacional de Estadística. También, ha justificado que la nueva legislación ya contempla que las personas en situación de vulnerabilidad puedan prorrogar sus contratos por un año.
Fuentes del Ministerio de Transportes apuntan que la prórroga era una medida “extraordinaria y coyuntural que tenía sentido en el contexto de la pandemia y en los momentos en los que la inflación alcanzó máximos”. “Por fortuna”, matizan, “esa inflación se está moderando gracias a las medidas adoptadas y a la gestión económica del Gobierno”.
Medida antidesahucios
Lo que sí se mantiene es la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.
Esta suspensión de los desahucios también se puso en marcha en el paquete de medidas anticrisis aprobadas en diciembre y también tenía como fecha tope este viernes 30 de junio.
En concreto, recoge que no puede haber desahucios en el caso de personas en situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.
Esta medida también está recogida en la Ley de Vivienda pero, según ha argumentado Calviño, se ha incluido en el paquete de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros porque las comunidades autónomas “no han dispuesto de tiempo suficiente para poner ne marcha mecanismos de mediación y de búsqueda de alternativas” habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad.
Avales para la compra de vivienda
Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de vivienda es que ha dado luz verde a una nueva línea de avales, a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para cubrir el 20% de la hipoteca.
En total, 2.500 millones de euros para avalar ese 20% a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a su cargo, sin límite de edad, que tengan ingresos individuales de hasta 37.800 euros anuales.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el marco legal por el que el ICO y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pueden crear la línea de avales y fijar las condiciones. El objetivo es posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas, indica el Ministerio. Explica que el Estado compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito, con la que se firme la financiación, en igualdad de condiciones. Y, si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, el Ministerio podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo. El plazo del aval otorgado será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de un periodo de carencia.
En cuanto a las condiciones, los avales están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad con ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). “En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno”, desglosa el Ejecutivo.
La medida, además, cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.