El nuevo salario mínimo será de 950 euros mensuales. Así será gracias al acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, diez días después de arrancar el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. La rapidez del acuerdo sobre la mejora del SMI tiene que ver con la intención de que la subida pueda aplicarse lo antes posible, aunque no podrá aprobarse en el próximo Consejo de Ministros porque el decreto debe superar el periodo de audiencia, ha explicado la ministra de Trabajo. En cualquier caso, el incremento tiene efectos desde el primer día del año y se puede aplicar de manera retroactiva.
El SMI se sitúa así en los 950 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 13.300 euros al año, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a los 12.600 euros anuales de 2019. Según los cálculos más prudentes del Ministerio, sin tener aún en cuenta el efecto sobre los trabajadores a tiempo parcial, el aumento beneficiará a “más de dos millones de trabajadores”.
El pacto alcanzado este miércoles supone el regreso al diálogo social en este tema, como ha subrayado la ministra Yolanda Díaz, que se ha mostrado “muy contenta” con el acuerdo, tras el que ha habido “mucho trabajo” de negociación detrás, que ha terminado aunando las posturas de todas las partes gracias a concesiones de unos y otros. “Todos hemos cedido”, ha subrayado la ministra, como han reconocido también los empresarios y los sindicatos.
Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios de CCOO y UGT, respectivamente, han destacado que el incremento alcanzado es “una buena noticia” para los trabajadores que menos ganan, pero también para la economía del país, al permitir aumentar el consumo interno. Por su parte, los líderes patronales de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han reconocido que hubieran “preferido que subiera algo menos”, pero “nos preocupaba mucho más la cantidad de 1.000 euros”.
“No va a haber afectación” en el empleo
La ministra de Trabajo y los representantes sindicales han insistido en que este nuevo aumento del SMI no va a provocar la destrucción de puestos de trabajo. “Categóricamente digo que no”, ha afirmado la ministra Díaz, que ha insistido en que “no hay ningún dato que avale” que los incrementos del salario mínimo destruyen empleo.
“No prevemos destrucción de empleo ni mucho menos, creemos que va a contribuir a crear empleo en este año”, ha añadido Unai Sordo. El anterior equipo del Ministerio de Trabajo, bajo el mandato de Magdalena Valerio, envió un informe de análisis de los efectos del aumento del SMI en el que apuntaban que no se había destruido empleo, aunque podía haber llevado a la economía sumergida a trabajadoras del hogar y del campo.
Por otro lado, otros economistas difieren sobre la repercusión del último incremento del SMI en la creación de empleo. El BBVA Research considera que el alza del 22% del pasado año impidió la creación de 45.000 puestos de trabajo.
Los empresarios y los sindicatos ha reclamado a la ministra de Trabajo que el Gobierno cambie la legislación para que se pueda compensar en los contratos públicos la subida del SMI. Yolanda Díaz ha afirmado que los agentes sociales “tienen razón” en este sentido y se ha mostrado abierta a atender a su reclamación, una cuestión que depende del Ministerio de Hacienda, que en el pasado no ha cedido a la petición.
Vuelta a la negociación con sindicatos y patronal
El Gobierno de coalición vuelve a pactar con los sindicatos y la patronal este año el aumento del salario mínimo después de que el año pasado no les tuviera en cuenta y negociara el incremento a los 900 euros mensuales con Unidas Podemos en el acuerdo presupuestario. Esa maniobra, que también utilizó Mariano Rajoy en 2017 cuando pactó con el PSOE una subida del 8% del SMI, generó mucho malestar en los agentes sociales. En esta ocasión, el presidente Sánchez ya comunicó a los dirigentes empresariales y sindicales que les tendría en cuenta en el alza de este año.
El aumento del 5,5% de este 2020 llega después del alza del 22,3% del año pasado, la mayor registrada en la democracia. En 2018, con Mariano Rajoy como presidente, el SMI aumentó un 4% y pactó con los interlocutores sociales una senda de subida que no llegó a aplicarse. En 2017, la subida fue del 8%, que daba un empujón al salario mínimo después de que estuviera casi congelado o congelado desde 2012.
La ministra de Trabajo ha insistido en que reforzará durante su mandato el diálogo social. Recuperar la relevancia del diálogo con los sindicatos y la patronal es también uno de los objetivos que encomendó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Iglesias ha llevado buena parte de la interlocución con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, junto con la ministra Díaz, quien también ha trabajado estrechamente con los líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) para lograr el acuerdo al que se resistía la patronal tras el alza del 22% del pasado año hasta los 900 euros.
Fuentes conocedoras de las conversaciones explican que Iglesias comenzó la negociación con la subida a 1.000 euros mensuales, que finalmente se quedó en los 950, intermedios entre los 900 actuales y esos mil, y en la senda de alcanzar el entorno de los 1.100 al final de la legislatura que supone el 60% del salario medio comprometido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Públicamente, ni la ministra ni los agentes sociales han aclarado cuál es la meta final de la legislatura, sobre la que por el momento tienen diferencias incluso entre los sindicatos.
Díaz e Iglesias han llevado unas negociaciones por parte del Gobierno que han conducido a la recuperación del diálogo social y a un acuerdo con patronal y sindicatos que será clave también en futuras negociaciones relacionadas con la reforma laboral que impulsa la ministra de Trabajo.
Derogación del despido por bajas médicas por decreto
El acuerdo llega tras la reunión definitiva este miércoles entre los sindicatos y la patronal con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El asunto clave del encuentro era la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este 2020, pero también se han abordado otras cuestiones, como la próxima derogación del despido por bajas médicas.
La responsable de Trabajo ha confirmado que el Gobierno tiene un real decreto-ley redactado, solo con esta materia, y ha explicado que el Ministerio lo va a dar a conocer a los agentes sociales y otras fuerzas políticas para recabar sus opiniones.
Así, esta será la primera medida que salga adelante del desmontaje de la reforma laboral, aunque no será tampoco en el próximo Consejo de Ministros. Díaz ha añadido que el resto de elementos ya identificados como “más lesivos” de la legislación laboral de Mariano Rajoy se abordarán de manera “urgente”, pero llevarán algo más de tiempo.
Por último, con la mirada puesta en el largo plazo, Trabajo negociará una revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores para que se adapte a las condiciones y circunstancias del mercado de trabajo en la actualidad y el futuro.
Yolanda Díaz ha recordado estas dos fases como las que ejecutarán en la práctica la “derogación de la reforma laboral” a la que se ha comprometido el Gobierno de coalición, que ha insistido en que se hará efectiva más allá de “los apellidos” que se le impongan, a propósito del debate sobre si la derogación será completa o no. “A veces volver atrás no tiene mucho sentido”, ha añadido la ministra, sobre la necesidad de crear un nuevo marco normativo adaptado al presente y futuro del trabajo.