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La trampa de las apps de reparto: ¿estarías dispuesto a pagar más a cambio de mejorar las condiciones de los 'riders'?

Imagen de archivo de un repartidor de Uber Eats.

Laura Olías

¿Autónomos o trabajadores asalariados? ¿Precariedad o una forma complementaria de ingresos? El debate sobre el trabajo en las plataformas digitales, como las apps Deliveroo, Glovo y Uber Eats, protagoniza muchos foros sobre Derecho del Trabajo. También está bajo la lupa de la Inspección de Trabajo, que ha fallado ya contra el modelo laboral de Deliveroo. Este jueves, la patronal de empresas digitales Adigital ha organizado un encuentro con los representantes de algunas de las plataformas más destacadas, en el que los empresarios han defendido su funcionamiento gracias a autónomos y han asegurado que, si aumentaran la protección social de sus repartidores, el coste repercutiría en el consumidor final.

Aun con diferencias, el modelo laboral de las plataformas digitales está repitiendo un esquema basado en que los prestadores del servicio en cuestión son trabajadores autónomos. Así es en el caso de los llamados riders de las apps de reparto de comida a domicilio y paquetes que se han reunido este jueves en el foro de Adigital: Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Stuart.

Las empresas digitales defienden que ellas solo son un punto de encuentro entre los consumidores, los restaurantes y los repartidores. “Somos una empresa que desarrolla tecnología y la pone al servicio de sus usuarios”, defiende Manel Pujol, director general de Uber Eats en España. “Nosotros no podemos realizar los controles que haría a sus trabajadores una empresa tradicional, como si se conecta o ni no se conecta” a la app.

Este modelo laboral ha sido muy criticado por sindicatos, que consideran que los repartidores deberían ser asalariados, y ya se ha ganado varias resoluciones de la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral ha concluido, al menos en Valencia y en Madrid, que Deliveroo encubre una relación laboral; es decir, que sus repartidores son falsos autónomos.

Lo mismo ha concluido un juzgado de Valencia en la primera sentencia sobre el trabajo en este tipo de plataformas. La magistrada consideró, tras la denuncia de un rider, que el chico debía haber sido un trabajador asalariado de la multinacional por las prácticas de control y la relación existente con la plataforma. Deliveroo tiene aún pendientes las sentencias de las 16 denuncias de exrepartidores en Barcelona, cuyos juicios se celebraron el pasado mes de mayo.

Derechos para los trabajadores de plataformas

La discusión sobre el modelo laboral de las plataformas digitales excede las fronteras españolas, con denuncias y juicios en numerosos países del mundo. Algunas sentencias se inclinan hacia la independencia de los repartidores y otras, como en España, concluyen que las empresas tecnológicas están cometiendo fraude en la contratación y deberían emplear a sus trabajadores como asalariados.

Hay especialistas de Derecho del Trabajo que defienden que, independientemente de si se concluye que son trabajadores asalariados o autónomos, los trabajadores de plataformas deben tener unos derechos mínimos. Según uno de los pocos estudios que han analizado el trabajo en plataformas digitales, de la Universidad de Leeds para el Parlamento Europeo, el 70% de los trabajadores de estas apps no tienen protección social.

Mari Luz Rodríguez, profesora del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, defiende la creación de un catálogo común de derechos a nivel europeo. “Hay derechos como la protección de la salud, la prohibición de discriminación, la protección de datos o el derecho a organizarse y defenderse colectivamente, por poner sólo algunos ejemplos, que deben estar por encima del estatuto jurídico y que, por tanto, deben protegerse con independencia de que la persona sea un trabajador o un autónomo”, escribía en un reciente artículo.

Algunos responsables de estas plataformas aseguran que, de aumentarse la protección social de los prestadores del servicio, eso repercutiría en los consumidores finales. “Si se produjeran ciertas exigencias, lo que pasaría es que subiría el precio a todo el mundo”, sostiene Manuel Pujol, que ha asegurado en el pasado que si Uber Eats tuviera que contratar a sus repartidores “probablemente no existiríamos”.

En el mismo sentido se pronuncia, David Saenz, director operativo de Stuart. “Te prometo que si el coste social aumenta, el coste de los minoristas subirá y el del consumidor final también”, explica a este medio. En el caso de estudiar el aumento de esta protección social, Saenz recuerda que debería dividirse entre los actores implicados en este modelo de negocio: “Los riders obtienen 10 euros por hora con el nuevo modelo, frente a los 5 o 6 euros por hora más la protección social del modelo tradicional. Lo que tenemos hacer es decidir cuánto de ese coste va a la plataforma, cuánto va a la tienda, al consumidor final y cuánto va al rider”.

La patronal pide una nueva legislación

Desde Deliveroo defienden poder dar más derechos y protección a sus riders, siempre desde el modelo de trabajadores autónomos, pero para ello piden que la legislación española se adapte para poder compatibilizar ambas cuestiones. Diana Morato, directora general de Deliveroo en España pone como ejemplo el seguro gratuito que ha lanzado para los repartidores. “Ese mismo día me estaban llamando desde la Inspección de Trabajo de seis ciudades diferentes”, apunta.

La patronal Adigital (Asociación Española de la Economía Digital) ha lanzado este jueves un comunicado en el que pide cambios en la legislación española en este sentido y se pone al servicio del Gobierno y los partidos políticos para elaborarlos. “Una conversación que, partiendo de la necesidad de garantizar una protección

social adecuada, permita el desarrollo de quienes eligen el trabajo independiente para generar ingresos“.

La responsable de Deliveroo recomienda mirar a otros países europeos que “ya han pasado de este debate un poco absurdo entre autónomo o no autónomo y están en otra fase que es, vale sí, autónomo, pero de qué forma”.

Otros especialistas advierten de los riesgos de una regulación a medida para estas plataformas digitales. Anna Ginès Fabrellas, profesora de Derecho en ESADE, considera que los trabajadores de plataformas deberían ser asalariados y subraya el peligro de diseñar una “tercera categoría” de trabajadores (más allá de asalariados y autónomos) con menos derechos para este tipo de empleos a través de apps digitales, que están en expansión.

En su opinión, la regulación actual es aplicable al entorno digital. “Hay que identificar bien lo que podríamos denominar los nuevos indicios de laboralidad. Aquí vemos formas de control indirecto de los trabajadores”, explica, como a través de “incentivos económicos”. En su opinión, “hay cambio en la forma de control, pero este sigue ahí, solo que es más sutil”.

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