Actualmente, de los 123 millones de personas desplazadas en todo el mundo por razones de violencia o conflictos armados, 56 millones son mujeres y niñas. Un 70% de ellas —más de 39 millones— sufren o sufrirán violencia de género, según los datos de ONU Mujeres. Por eso, el Comité español de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha puesto en marcha #NoSoyUnArma para sensibilizar sobre la gravedad de la violencia que sufren las mujeres en contextos de emergencia. Esta campaña recoge firmas para denunciar el uso de la violencia contra las mujeres como arma de guerra en los conflictos.
María fue una de ellas. Secuestrada por insurgentes en Macomia (Mozambique) en 2020, fue utilizada como esclava sexual durante dos años. “Fui elegida por un insurgente, tuve que aceptarlo como mi ‘marido’. Al cabo de un tiempo, se cansó de mí y me vendió por 50 metichas —unos 75 céntimos de euro—. Después me vendió por segunda vez a otro hombre”, explica desde Pemba, donde logró reunirse con su familia tras escapar y ser rescatada y donde ahora, tras formarse con una organización local socia de ACNUR, cuenta con un negocio de venta de pescado seco con su padre. El conflicto en la región mozambiqueña de Cabo Delgado ha provocado desde su comienzo en 2017 el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas, según datos de la ONU.
Salma es un nombre ficticio por motivos de protección. Está refugiada en Adré (Chad) tras tener que huir con sus hijos por los ataques de milicianos en El Geneina (Sudán). En su huida, Salma fue golpeada y asaltada. Una historia parecida a la de Mimi Kiva, que llegó al campo de Ichwa, cerca de Makurdi (Nigeria), en 2021 después de que unos pastores mataran a su marido y violaran y mataran a su hija de 11 años. A ella también la violaron pero un cazador la encontró y la ayudó a llegar al campamento donde se reunió con sus otros dos hijos. Ahora, Mimi trabaja como voluntaria en la escuela primaria del campo y es miembro de un grupo de protección de la infancia.
Christine fue atacada y violada por un soldado en 2017, cuando el conflicto en la provincia de Kasai, en la República Democrática del Congo, desplazó a cerca de 1,4 millones de personas. En el país, la violencia sexual ha sido una de las características más atroces del conflicto armado. Hoy Christine cuenta con un negocio de pasteles e imparte clases de formación profesional en el Centro de Recuperación y Reintegración de Kananga apoyado por ACNUR, el mismo donde se formó y donde hasta 300 supervivientes de violencia de género reciben formación profesional, apoyo psicosocial y clases de alfabetización. “Ahora puedo ganarme bien la vida. Si no fuera por el programa seguiría siendo una víctima. Quiero que los demás lleguen a ser lo que yo soy hoy”, explica. En todas sus operaciones ACNUR incorpora un enfoque de edad, género y diversidad (EGD), desde la convicción de que el desplazamiento forzado afecta a las personas de manera diferente, en función de la edad, el género y la diversidad.
Un enfoque centrado en las víctimas
Además de sus proyectos sobre el terreno, donde ACNUR cuenta con una serie de protocolos, tanto en los países en los que trabaja como dentro de las propias operaciones, para promover la igualdad y prevenir la violencia contra las mujeres, la agencia de la ONU también ha desarrollado una innovadora herramienta de denuncia anónima. En ella, la víctima, no solo controla constantemente el tratamiento de sus datos, sino que además puede conocer si su agresor ha perpetrado abusos también a otras mujeres. De esta manera, puede darse un contacto anónimo entre las supervivientes empoderándolas y haciéndoles saber que no están solas a la hora de decidir tomar acciones contra su agresor.
Dentro de su enfoque centrado en las víctimas, ACNUR tiene el compromiso de prevenir y responder contundentemente a cualquier conducta sexual indebida y también poner al frente la protección, los derechos y la dignidad de las víctimas, sean personas refugiadas o integrantes de la plantilla de personal. Por ello, en los últimos años han llevado a cabo importantes avances en igualdad: el 45% de su plantilla, incluyendo las organizaciones socias, son mujeres; el 21% de las asociaciones financiadas por ACNUR se autodefinieron como dirigidas por mujeres, un 7% de las cuales estaban dirigidas por desplazadas forzosas y apátridas; el 42% de las becas universitarias del programa DAFI fueron para mujeres. Y es que las mujeres han sido el 54% de los beneficiarios de la asistencia en efectivo y el 53% de quienes recibieron ayudas de ACNUR y sus socios para medios de vida y subsistencia.