Dos juzgados cierran la vía penal para investigar las muertes en residencias mientras Ayuso ataca a las familias

La lucha judicial de las familias de ancianos fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia ha encajado nuevos reveses en las últimas semanas. Dos juzgados de la región que instruían dos de las causas más relevantes han decidido archivar las diligencias, a veces entre duras críticas a los 'protocolos de la vergüenza', pero concluyendo que ni sanitarios ni políticos pueden ser responsabilizados por la vía penal de miles de fallecimientos. Las decisiones judiciales coinciden en el tiempo con un endurecimiento de los ataques a las familias por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confirmó a mediados de febrero en el Senado que los tribunales de todo el país tramitan 91 causas judiciales por muertes de ancianos en residencias durante lo peor de la pandemia, y que una veintena están abiertas en juzgados de Madrid: 19 se mantienen en marcha y ocho han sido sobreseídas y pendientes de recurso.

Dos juzgados de la región, tal y como ha revelado elDiario.es, se han sumado recientemente a la lista de causas archivadas. Una de ellas investigaba el fallecimiento de ancianos en la residencia pública 'Adolfo Suárez' de San Blas y en la privada con plazas concertadas Amavir en Arganzuela. La otra analizaba la muerte de un hombre de 72 años en otro centro geriátrico en Torrelodones. Son dos de las causas más relevantes que se seguían en los juzgados no solo por la muerte de los ancianos sino por el papel que jugaron los protocolos establecidos esos días por la Comunidad de Madrid que, en la práctica, impidieron la hospitalización de miles de ellos. Lo que los familiares han bautizado como 'protocolos de la vergüenza'.

En ambas causas ha testificado Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en el gobierno que Ayuso compartió con Ciudadanos. En todas sus comparecencias judiciales ha ratificado su rechazo a esos protocolos, renegando de su creación y haciéndolos responsables de miles de muertes. Junto con él ha declarado también Carlos Mur, entonces director de coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid, que ha ofrecido dos claves a todos los jueces que le han llamado para comparecer: los protocolos se establecieron para que los médicos tuvieran algún criterio que seguir, pero no eran obligatorios.

También han declarado en estas y en otras causas judiciales los trabajadores de las residencias señaladas y sus enlaces en los hospitales de referencia durante lo peor de la pandemia. Basándose en los protocolos, esos trabajadores decidieron no derivar a los ancianos que posteriormente fallecieron. Y los jueces han tenido encima de la mesa una prueba que han considerado clave para dictar los sobreseimientos: los informes forenses que, en diversas causas, concluyen que “no se incurrió en ningún tipo de negligencia” y que “se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo”, afirma uno de ellos.

El resultado son dos autos de un juzgado de Madrid y otro de Collado Villalba que llegan a la misma conclusión: los médicos y responsables de las residencias no pueden ser encausados por la vía penal porque, teniendo en cuenta las circunstancias, hicieron lo que pudieron. Los facultativos, dijo la jueza de la sierra madrileña, “no disponían de tratamientos, medicamentos o medios de protección y el fallecimiento no fue debido a negligencia alguna por parte de los sanitarios”. El juez de la Plaza de Castilla también falló días antes en el mismo sentido: “Es obvio que no puede exigirse lo mismo al personal sanitario ante una situación puntual y controlada que ante la situación desgarradora e inabarcable que todos sufrimos”.

Los ataques de la Comunidad de Madrid

Las víctimas que han llevado decenas de casos a los tribunales desde 2020 nunca han mostrado especial interés en encarcelar a los trabajadores de las residencias, sino en arrojar luz sobre un aspecto que consideran clave en la muerte de más de 7.000 ancianos en los centros geriátricos de la región: los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid que restringían al máximo la derivación de estas personas a los hospitales. Lo que bautizaron hace un lustro como protocolos 'de la vergüenza'.

Ningún juzgado ha considerado, por ahora, que la puesta en marcha de estos protocolos desde la cúpula sanitaria de la Comunidad de Madrid sea material delictivo. En ambos casos recientemente archivados, los jueces han entendido que estos criterios “no eran obligatorios para las residencias”. Pero uno de los magistrados ha dejado por escrito sus críticas a su implantación: “Como poco es muy discutible y sus consecuencias no fueron valoradas bien por la autoridad política”.

Los dos archivos judiciales han venido acompañados a un recrudecimiento de los ataques de la Comunidad de Madrid, su presidenta y sus colaboradores más cercanos a las familias que han llevado las muertes de sus seres queridos hasta la Justicia. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, abrió fuego cuestionando que una mujer que salió en 'Lo de Évole' denunciando la situación fuera, efectivamente, hija de una mujer fallecida en una residencia de la región.

Rodríguez terminó reconociendo su mentira y rectificando, pero sin explicar si había consultado alguna base de datos confidencial de la Comunidad de Madrid para hacer esa afirmación falsa y atacar a la familiar de la fallecida. La presidenta regional afirmó para referirse al asunto cuando la oposición le volvió a reprochar estas muertes en el parlamento madrileño: “Siempre están criticándonos con la misma mierda. No tienen ninguna humanidad”.

Las decisiones judiciales conocidas en las últimas semanas no solo cierran dos causas penales relacionadas con los fallecimientos en residencias. Además, al menos en uno de los casos, rechazan que cualquier responsabilidad sea exigida también a los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid: la presidenta Ayuso y sus exconsejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López.

Las víctimas ahora contemplan la posibilidad de presentar nuevos recursos, acudir a otras vías judiciales como las reclamaciones civiles o incluso contencioso-administrativas, y seguir impulsando las decenas de causas que aún están abiertas, además de la nueva vía abierta recientemente por la Fiscalía.

Desde Marea de Residencias, Carmen López entiende que esta situación “obedece al nerviosismo, cuando pensaban que se iba a tapar, esto sigue vivo. En su fueron interno, por mucho que quieran taparlo, saben que los responsables fueron los que tomaron esas decisiones desde la Comunidad de Madrid, dejaron abandonadas a las personas más vulnerables de esta sociedad”.

Sobre los archivos de dos causas judiciales, explica: “Ya no nos pilla de sorpresa, vemos que la Justicia no está por la labor de actuar, pero que se reconozca que los protocolos fueron una vergüenza al menos da la esperanza de poder seguir buscando esa justicia y reparación”.

“Ha sido una situación muy compleja y difícil, no poder despedirnos de nuestros familiares y no tener constancia de que las cenizas que nos han llegado sean las suyas. Muchísima gente seguimos en terapia, es imposible de cerrar ese duelo y lo que no ayuda es que no se sepa la verdad de todo lo que ocurrió en las residencias y lo tremendo que fue ese magnicidio”, explica a elDiario.es. Por el momento, recuerdan las víctimas, quedan diversas causas abiertas, otras pendientes de recurso y varias alegaciones que esperan respuesta del Tribunal Constitucional desde hace años.