¿Quién espió al presidente del Gobierno?

Del móvil del presidente del Gobierno salieron 2,6 GB de información. Los asaltantes tuvieron control total de su teléfono, con todos los mensajes, todas las fotos y vídeos, todos los documentos que guardaba Pedro Sánchez allí. No solo eso. Quien fuera el que accediera a ese móvil por medio de Pegasus tuvo un acceso completo y absoluto a su cámara, su micrófono, su historial de llamadas y de navegación online, su correo electrónico, su localización y sus movimientos. 

No es solo Sánchez. Es la ministra de Defensa. Es el presidente de la Generalitat catalana y los tres presidentes anteriores que le precedieron en ese cargo. Son periodistas, activistas, políticos, abogados… Es buena parte del movimiento independentista catalán. Y muchos más de los que conocemos hoy, porque esto solo acaba de empezar y apenas ha trascendido, por ahora, una fracción. 

Según citan fuentes conocedoras de la investigación de Citizen Lab, que esta organización ni confirma ni desmiente oficialmente, estamos hablando de al menos 1.483 teléfonos con prefijo español (+34) que han sido atacados con Pegasus. ¿Por parte de quién?

Se supone que Pegasus solo está disponible para gobiernos y agencias oficiales, y solo para determinados usos. Se supone que la empresa israelí que creó esta herramienta vela también por que no se utilice para vulnerar los derechos humanos, que solo se emplea para combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se supone también que los reyes magos vienen de Oriente, y que los niños llegan de París. Pero la realidad es que el uso de esta inquietante tecnología está, en todo el mundo, fuera de control. 

En Arabia Saudí, Pegasus sirvió para espiar al periodista Jamal Khashoggi, que fue después torturado y descuartizado en la embajada de este país en Turquía. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orban lo ha utilizado contra periodistas. En Marruecos, Pegasus sirvió para vigilar a los críticos con el rey. En México, Pegasus fue usado incluso por empresas privadas: hasta para espiar a activistas que se movilizaron por algo tan alejado de la lucha antiterrorista como promover una ley contra las bebidas azucaradas. Se vende al mejor postor.

¿Y en España? ¿Quién puede estar detrás de estos espionajes? ¿Es una única organización o son varias las que operan aquí?

El CNI ya ha reconocido que compró Pegasus y que lo ha utilizado bajo control judicial. Pero también ha asegurado que una amplia mayoría de las personas que aparecen como atacadas por Pegasus en la investigación de Citizen Lab no son obra suya. Hay, por tanto, al menos otro grupo responsable de esos espionajes a móviles españoles. 

En el Gobierno no quieren especular y confían en que la investigación judicial arroje luz sobre el asunto. Aseguran que el análisis de los móviles por parte del CNI, que destapó estos ataques, se realizó el pasado viernes y no antes; que no se trata de una operación de propaganda para encauzar la crisis parlamentaria abierta con ERC a cuenta del espionaje a los independentistas –como insinuó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también una parte del independentismo–. 

En agosto de 2020, el CNI ya investigó el intento de hackeo de los móviles de varios miembros del Gobierno –entre otros, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo–. Pero en aquella ocasión, según confirman a elDiario.es algunos de los afectados, se trataba de una herramienta espía mucho más burda: no de Pegasus.

En el momento en el que el móvil de Pedro Sánchez fue atacado, en mayo de 2021, había dos grandes debates públicos. El primero, el malestar de Marruecos por acoger en un hospital de España a un dirigente del frente polisario. El segundo, los indultos a los condenados del procés catalán.

En esas mismas fechas, mayo de 2021, fue también espiada la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Alguien instaló un malware en su móvil y accedió a sus llamadas y mensajes. En aquella ocasión no trascendió el sistema empleado para este espionaje: si se trataba de Pegasus o de otra tecnología. 

Fue en las mismas fechas en las que el periodista español Ignacio Cembrero –muy crítico con el Gobierno marroquí– fue igualmente espiado. Con Pegasus, al parecer. La misma tecnología que Marruecos supuestamente empleó para espiar a altos cargos del Gobierno francés.

Hay dos grandes hipótesis plausibles: que el espionaje a Pedro Sánchez tenga su origen en un gobierno extranjero y no esté relacionado con el espionaje a los independentistas. O que sea obra de sectores descontrolados de los aparatos del Estado.  

Desde el independentismo catalán, hace años que señalan esa posibilidad: que existan grupos dentro de las fuerzas policiales que van por libre y que tienen acceso a esta tecnología de espionaje. Un Estado dentro del Estado, capaz incluso de actuar contra el propio Gobierno. Una posibilidad que descartan de plano desde el Gobierno.

Sea cual sea la verdad de lo ocurrido, hay un organismo que no queda bien parado con el espionaje denunciado hoy. El CNI tiene muchas preguntas por contestar. ¿Cómo es posible que el servicio secreto haya tardado todo un año en detectar un ataque de esta naturaleza a la cúpula del Gobierno? ¿Por qué no se revisaron antes estos terminales, cuando ya hace tiempo que se habían denunciado más de una decena de ataques con Pegasus a jefes de Estado y primeros ministros de todo el mundo? ¿Se comprobó el teléfono de Pedro Sánchez cuando se detectó el espionaje a su ministra de Exteriores? 

Es obvio que muchas cosas funcionan mal en el CNI, que en los últimos años ha empleado más tiempo y recursos en proteger la bragueta del rey emérito que en cumplir con su función.