Una planificación contra el acuerdo educativo

Tras la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declarando nulo de pleno derecho el Decreto de Planificación 30/2023, el Departamento de Educación ha respondido con una escueta nota de prensa en la que vuelve a la carga con la manipulación de que el decreto anulado se basaba en el acuerdo educativo. Como afecta a un aspecto crucial de la educación vasca, quiero salir al paso para, en lo posible, desmontarla. 

El marco conceptual en que se basan ambos documentos es diferente y contrapuesto. El acuerdo habla de que el protagonismo del Sistema Educativo Vasco recae en la Escuela Pública y el Decreto de Planificación anulado tiene su horizonte de comprensión en la complementariedad público-privada de las redes. 

En el marco de una escuela pública protagonista, el acuerdo compromete una oferta pública suficiente, la ampliación de su perímetro mediante la creación de centros públicos en nuevas zonas urbanas y, en general, a través del incremento de las plazas públicas con especial hincapié en las zonas urbanas más densas, asegurando con todas estas medidas que toda familia que desee una plaza en una escuela pública pueda acceder a ella.

En el marco de la complementariedad de las redes, en cambio, en el Decreto anulado se garantiza una plaza también, pero en los centros sostenidos con fondos públicos y se bajan las ratios de configuración de grupos para los centros concertados, facilitando su supervivencia en tiempo de bajada de la natalidad. Las prácticas de concertar nuevos niveles (dos años), planificar con arreglo a la demanda y sobreofertar en los núcleos urbanos complementan la apuesta del Departamento por una planificación desde otros criterios opuestos al acuerdo.  

El esquema de la Administración se conceptualiza como un sistema educativo que no descansa en la escuela pública sino en el servicio público vasco de educación. No deja de ser curioso que la Administración haya argumentado su propósito de adaptación a la LOMLOE en el decreto impugnado, contraviniendo el espíritu de la Ley Orgánica a favor de la escuela pública. En su torticera interpretación, lo que en la LOE es la mera constatación factual de que el servicio educativo se presta por medio de centros públicos y concertados, en el Decreto, anterior a la Ley 18/2023 de Educación de la CAPV, pasa a ser una especie de nuevo organismo, un constructo que no tenía un precedente normativo. 

El servicio vasco de educación era en el acuerdo el punto de inflexión hacia el fin de la concertación universal, distinguiendo entre centros concertados de interés social y los que segregan. Por ello, tras la firma del acuerdo, Elkarrekin-Podemos proclamaba en rueda de prensa el fin de la concertación universal y lo mismo hacía Ikoitz Arrese en Euskadi Irratia. Sin embargo, la deriva posterior al acuerdo del Departamento de Educación ha sido la contraria: la consolidación y el ahondamiento en el estatus conocido. Para ese viaje no hacían falta las alforjas del acuerdo. ¿Cree de verdad la consejera que de conocerse de antemano el desarrollo unilateral de lo acordado hubiera habido un apoyo del 91% de parlamentarios? 

No voy a extenderme en otros incumplimientos del acuerdo relacionados con la participación social en la planificación o en la lucha contra la segregación, pese a la implementación de la reserva de plazas para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, mecanismo insuficiente y en adelante totalmente aguado según la orden de matriculación de este año. 

Y no lo voy a hacer porque la cuestión de la vertebración del sistema es el atolladero del que la Ley Vasca de Educación no nos ha ayudado a salir. Es la madre del cordero de Sistema Educativo Vasco en el que se libra la batalla de corrientes explícitas y ocultas de nuestro país. Al primer esquema, el de las mistificaciones de las identidades jurídicas de los centros, han contribuido por acción u omisión los principales partidos del país y otras fuerzas fácticas de la educación. Detrás del segundo esquema, el del protagonismo de la escuela pública, hay una ciudadanía más silente, pero creciente. No en vano, los últimos datos van arrojando un crecimiento, aunque todavía lento, a favor de la escuela pública que espero que se confirme en la inminente campaña de matriculación. 

Menos mal para el Departamento de Educación que el Decreto de Planificación 30/2023 ha quedado anulado solo por razones de forma, debidas a la prepotencia procedimental de algunos de sus responsables, porque, de entrar en el fondo, se hubiera descubierto la añagaza de que se ha seguido la senda de lo pactado. Hay que poner coto y desmentir los relatos oficialistas y victimistas.