Ninguno de los testigos de Sánchez Robles prueba que las empresas de De Miguel realizaran los trabajos por los que cobraron 210.000 euros

El exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles (PNV), se enfrenta a 18 años de cárcel por haber adjudicado 'a dedo' entre 2006 y 2009 una sucesión de contratos a empresas vinculadas al ex 'número dos' nacionalista en Álava, Alfredo de Miguel, trabajos que en su mayoría y hasta sumar unos 210.000 euros no consta que realizaran. Su letrado, Javier Beramendi, ha presentado cuatro testigos en la sesión de este martes del juicio del 'caso De Miguel', centrado estas semanas en estas presuntas irregularidades en el Ejecutivo autonómico. Ninguno de ellos, en cambio, ha aportado pruebas fehacientes en relación a los trabajos que no consta que se ejecutaran, según certificó en su momento el propio Departamento de Cultura, al que estaba adscrito Juventud.

El primero de ellos ha sido Gotzon Baraia-Etxaburu, directivo de la consultora Kualitate, contratista habitual de la Administración vasca y también contratada en su momento por la oficina de Sánchez Robles para labores de “asistencia técnica” en los trabajos preparatorios de la Ley de Juventud. En su escrito de defensa, Sánchez Robles había incorporado un informe de Kualitate sobre la materia, el mismo cuyo borrador ha llevado el testigo a su comparecencia porque “Xabier” así se lo había solicitado. Beramendi ha tratado de establecer que en él se hace referencia a los trabajos presuntamente elaborados por Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga para el Gobierno en ámbitos como la cooperación o los carnés jóvenes.

Baraia-Etxaburu, en cambio, ha tenido que reconocer que en efecto hay referencias a esas materias pero no citas expresas a informes de esas empresas, de cuya contabilidad se encargaba la hermana de Alfredo de Miguel, Aintzane de Miguel. De hecho, a preguntas del presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha señalado que ni siquiera conocía el nombre de Kataia Consulting, Errexal u Ortzi Muga o el de Iñaki San Juan y Josu Montes, administradores de estas dos últimas mercantiles. El fiscal Manuel Pedreira, que asiste a Josu Izaguirre durante el juicio, ha remarcado igualmente que Juventud contrató informes por conceptos similares a los pagados a las empresas bajo sospecha y que podrían explicar esas referencias genéricas. Sobre juventud cooperante, en concreto, ha citado otro trabajo de 130 páginas elaborado por una consultora especializada.

El testigo, ante las preguntas de Pedreira, ha indicado que muchos de los informes de Kualitate para Juventud están publicados en la 'web' del Observatorio Vasco de la Juventud. Es una circunstancia que no se produce con ninguno de los trabajos de Errexal, Kataia Consulting u Ortzi Muga. Baraia-Etxaburu ha matizado que esta diferencia de trato podría deberse a que el material entregado en algunas ocasiones puede emplearse como documentos internos o bien convertirse en informes propios.

Otro consultor que trabajó para Juventud, Elías Trabada, ha explicado que también se basó en informes facilitados desde la oficina de Sánchez Robles para la redacción de documentos sobre políticas juveniles en el País Vasco. Nuevamente, en sus trabajos no hay referencias expresas a las empresas bajo sospecha, solamente menciones generales a trabajos que podrían haber sido realizados por otras asesorías.

Una videoconferencia desde Sevilla

Antes, la sala ha escuchado al segundo testigo de la jornada, un abogado andaluz, Salvador Carrero, que ha intervenido desde Sevilla por videoconferencia e invitando a todos los presentes en la sesión -una de las que ha contado con menos asistencia- a visitar la Feria de Abril. Beramendi buscaba establecer que Sánchez Robles participó en 2007 en el 'stand' de Euskadi en un evento de la red española de albergues celebrado en Murcia. El testigo así lo ha confirmado, si bien lo que está en el aire no es el evento en sí, sino que Kataia Consulting fuese la organizadora de ese 'stand' aunque sí cobró una factura de 11.165 euros.

La jornada se ha cerrado con Aitor Elorza, de Muntai, una empresa que coordinaba la intendencia de los campos de trabajo que organizaba Juventud entre 2006 y 2009. Elorza ha explicado que Errexal organizó con total normalidad esos campamentos en Iruña-Veleia y en el Elvillar, ambos en Álava. A preguntas de Beramendi y de la letrada de San Juan, Ainhoa Mentxaka, ha repetido que nunca se dejó de prestar un servicio en esos contratos.

Sin embargo, el Gobierno ya explicó que los campos de trabajo contratados a estas empresas sí se realizaron, a diferencia de otros encargos. La única anomalía es que uno de ellos, el de Elvillar, fue contratado a Ortzi Muga, que no tenía trabajadores ni estructura, por lo que fue realizado por Errexal como los de Iruña-Veleia. Según los informes del Ejecutivo, Kataia Consulting sumó 34.075 euros en tres adjudicaciones, todas presuntamente injustificadas, Errexal se llevó 15 contratos por valor de 201.683,34 euros (118.628,4 aparentemente injustificados, entre los que no se incluyen los campos de trabajo) y Ortzi Muga obtuvo seis contratos, cinco de ellos injustificados por valor de 57.715,8 de un total de 73.607,8 euros.

¿Sellos falsificados?

No es el primer intento de Sánchez Robles por justificar estos contratos. De hecho, una de las polémicas del juicio están siendo los informes presuntamente entregados por Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga y que justificarían los trabajos investigados. En su escrito de defensa, el exdirector de Juventud -actualmente funcionario de la materia en la Diputación de Bizkaia- ha entregado una copia de las carátulas de esos supuestos trabajos con sellos aparentemente oficiales del Departamento de Cultura.

Como adelantó eldiarionorte.es, la aparición de estos documentos ha levantado sospechas de que se trata de pruebas falsificadas. Los sellos de esos documentos no tienen número de registro y hay diferencias tipográficas evidentes con timbres de esas mismas fechas y debidamente compulsados incorporados al sumario. Asimismo, ha aparecido un documento fechado a 29 de febrero de 2007, un día que no existió. Un informe del Gobierno solicitado por la Fiscalía apunta hasta seis supuestas falsedades en los sellos.