El Gobierno vasco ha sancionado con 60.000 euros a la empresa de reciclaje de Gojain acusada de ruidos y contaminación

El Gobierno vasco ha abierto tres expedientes sancionadores a las empresas de reciclaje del grupo Otua, ubicadas en el polígono industrial de Gojain, en Legutio, donde los vecinos de esta localidad y otros pueblos cercanos como Urrunaga llevan años quejándose de ruidos y olores que no les permiten hacer su vida normal. Uno de expedientes se ha cerrado ya con una multa a la empresa con una cuantía de 60.000 euros y los otros dos están todavía abiertos a la espera de resolución. Además, el Ejecutivo ha decidido modificar las condiciones de la autorización ambiental integrada de estas empresas para que lleven a cabo el cerramiento de la zona de almacenamiento y de las instalaciones de tratamiento para mejorar la situación de ruido y de calidad del aire.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de PP+Cs, ha señalado que todos los niveles de ruido y olores que se han detectado dentro de las inspecciones realizadas a estas empresas están dentro de los niveles legales. Esto significa que este cerramiento no sería obligatorio para la empresa desde un punto de vista estrictamente legal, por lo que la compañía lo ha recurrido. Pero, pese a ello, el Gobierno intentará que se lleve a cabo esta modificación y está en contacto con el Ayuntamiento para que modifique la normativa urbanística y permitir llevar a cabo este cerramiento. De hecho, el 30 de noviembre el Gobierno vasco se volverá a reunirá con el Ayuntamiento de Legutio, las Juntas Administrativas y Álava Agencia de Desarrollo, de a que depende el polígono, para abordar los cambios y “eliminar las molestias” que padecen los vecinos.

Durante su comparecencia, la consejera ha detallado las inspecciones que se han realizado a las empresas de este grupo -Reydesa, Deydesa, Zabor, Refial y Resal- y ha insistido en que cumplen la normativa en general, tanto en niveles de ruido como de calidad de aire, pese a que se han abierto los tres expedientes citados y se han realizado hasta 49 requerimientos desde 2019 para que realicen subsanaciones de posibles irregularidades. De hecho, ha señalado que el organismo ambiental en lo que se refiere a calidad de aire ha realizado mediciones en dos periodos de tiempo, entre enero y abril y entre julio y septiembre con resultados siempre dentro de todos límites legales. Sí ha reconocido que los niveles del amoniaco superan en algunos casos los detectados en otras estaciones de medición, pero ha puntualizado que no existen límites establecidos en la normativa.

En el caso del ruido, la legislación deriva estas entidades de colaboración acreditadas y el Gobierno vasco solo puede controlar que se realizan estos controles y que no se superan los niveles de ruido establecidos por la normativa. En este sentido, ha señalado que durante todo el periodo de medición, solo se han superado los niveles durante cuatro días, estando dentro de los límites legales. Pese a ello, el Ejecutivo cree que la situación se puede mejorar, por lo que procedió en agosto a introducir modificaciones en las condiciones de la autorización ambiental integrada.

En este sentido, ha señalado que mantendrán encuentros con la empresa, el ayuntamiento de Legutio y Álava Desarrollo -responsable del polígono- para buscar soluciones. Además, se están dando pasos para constituir la mesa interinstitucional para tratar la cuestión siguiendo el mandato que el Parlamento Vasco aprobó la semana pasada. En esta mesa participarán todas las administraciones concernidas -Ayuntamiento, Diputación Foral de Álava, Álava Agencia de Desarrollo, juntas A¡dministrativas de Urrunaga, Gojain y Urbina, y Gobierno vasco-. El Parlamento solicitaba que se asuman los compromisos necesarios y que adopten, “en el menor plazo posible”, las medidas que se consideren eficaces para la solución de los problemas generados por la actividad de algunas de las empresas del polígono y que han sido denunciados por las personas residentes en los concejos circundantes.