Jonan Fernández, el hombre para todo de Urkullu: víctimas, COVID-19, reto demográfico y ahora Juventud

Fue una de las medidas anunciadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su intervención en el pleno de política general del Parlamento Vasco, celebrado este jueves. En concreto, fue la número 28 de un listado de 40. “Quiero anunciar que la Dirección de Juventud, desde la próxima semana, se incrustará en la estructura de Presidencia dentro de la secretaría general de Transición Social y Agenda 2030”, señaló Urkullu. El relevante cambio quedó sepultado por otros titulares de corte económico o estatutario, pero supondrá nuevas funciones para el asesor del lehendakari Jonan Fernández (Tolosa, 1962), una figura que le ha acompañado desde que accedió a Ajuria Enea en diciembre de 2012 y que, en los últimos años, se ha convertido en su referencia para casi todo, desde la gestión del final de ETA hasta la coordinación del seguimiento de la pandemia pasando por el envejecimiento de la población.

“El lehendakari entiende que Juventud es un ámbito en el que él quiere involucrarse personalmente y la elección de Jonan era la idónea por su faceta transversal”, explican fuentes de la Presidencia vasca. Destacan, además, que la cartera actual de Fernández ya asume las competencias en materia de reto demográfico y que, con este cambio, no se creará ningún nuevo cargo. “Para el lehendakari es uno de los ejes fundamentales y lo ha querido tener aquí”, insisten estas fuentes. Juventud saldrá del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigida por la consejera Beatriz Artolazabal, con una modificación de los decretos de estructura que será aprobada si da tiempo en el próximo Consejo de Gobierno (martes 27 de septiembre) o a más tardar en el siguiente. En el pasado, Juventud dependió del Cultura. De hecho, en aquella época se produjeron las contrataciones irregulares con la trama de empresas del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, y que motivó una condena de prisión ahora recurrida ante el Tribunal Supremo para quien fuera director de Juventud con Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles.

Fernández se inició en el activismo en la década de 1980 con la coordinadora Lurraldea, de oposición a las obras de la A-15, la autovía entre Donostia y Pamplona a través de Leitzaran a la que también se oponía ETA, que llegó a cometer atentados mortales con ese pretexto. El ahora alto cargo de la Presidencia vasca a propuesta del PNV fue concejal por Herri Batasuna (HB, la marca entonces de la izquierda abertzale) entre 1987 y 1991 en su Tolosa natal. Después, se volcó en Elkarri y Baketik, plataformas ambas en defensa de los derechos humanos. No sin polémica por su pasado, accedió a principios de 2013 a la responsabilidad de dirigir las políticas de víctimas, paz y convivencia en el nuevo gabinete de Urkullu, un puesto que ha tenido diferentes denominaciones.

Fueron dos legislaturas al frente de esa oficina. En la primera se produjo la abrupta salida de Txema Urkijo, que se había mantenido de 'número dos' desde la etapa anterior a la de Fernández, la de Maixabel Lasa, responsable de víctimas tanto con el socialista Patxi López como con el 'jeltzale' Juan José Ibarretxe. Incluso el PSE-EE, que ahora es socio de Gobierno del PNV, cuestionó algunos planes salidos desde el Ejecutivo al entender que alimentaban la denominada teoría del conflicto, es decir, que ETA actuaba pero que frente a ella tenía otro bando que igualmente ejercía la violencia. En este tiempo también se pusieron las bases de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco con sede en Bilbao y que es coetáneo al Memorial del Gobierno de España, con sede en Vitoria. Tienen enfoques diferentes: el primero abarca las víctimas del terrorismo pero también las de la Guerra Civil, la dictadura o la violencia policial y el segundo se limita a las primeras (no sólo a ETA, también al GAL, al Grapo o a grupos de extrema derecha).

Con Fernández se produjeron tanto el desarme como el final de ETA y en 2020 Urkullu cambió de raíz las políticas de memoria una vez superados esos hitos. La secretaría y Gogora pasaron al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Artolazabal y con José Antonio Rodríguez Ranz, procedente de la Universidad de Deusto, al frente de esta materia con rango de viceconsejero. El cambio no solamente ha sido nominal sino de enfoque, ya que desde 2020 se han realizado actos de reconocimiento a la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y otros colectivos amenazados por ETA y se ha continuado con el reconocimiento paulatino de las víctimas de violencia policial.

Pero el cambio orgánico no supuso la salida de Fernández. Se creó para él un nuevo cometido: ahora es el de secretario general de Transición Social y Agenda 2030. Desde esa cocina controla todos los planes estratégicos del Gobierno y es uno de los más estrechos colaboradores del lehendakari en el gabinete de Presidencia junto con Txus Peña, Manu Castilla, Luis Petrikorena, Iñaki Bernardo o la exconsejera Cristina Uriarte. Tan es así que, tras el primer estado de alarma por la COVID-19 con mando único estatal, Urkullu comisionó a Fernández para coordinar las políticas autonómicas contra la pandemia. Su misión era dinamizar la mesa técnica de cargos sanitarios, expertos y de otros ámbitos que asesoraba a la mesa de crisis política interinstitucional, el denominado Labi. Se sentaba al lado del lehendakari y al mismo nivel que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. En las sucesivas olas del coronavirus, Fernández ejercía como portavoz en medios de comunicación o en el Parlamento y la oposición cuestionó su capacitación técnica para esa función. Sin embargo, cuando la llegada de ómicron forzó a volver a decretar durante unos meses la emergencia sanitaria Urkullu ya decidió situar toda la responsabilidad en manos de la consejera del ramo.

Con el cambio a Presidencia de Juventud, según manifestó Urkullu ante la Cámara, se dotará de “prioridad” a una política que considera imprescindible y se buscará “coordinar” actuaciones en materia de educación, vivienda o políticas sociales, entre otras. La gran promesa es que baje de 30 a 28 años la edad media de emancipación y lograr que se incremente la tasa de natalidad en una sociedad altamente envejecida, según verbalizó el propio lehendakari. Se da la circunstancia de que al inicio de la legislatura Urkullu sacó de Presidencia y envió a la cartera de Artolazabal las políticas de Igualdad, principalmente el Instituto de la Mujer (Emakunde), y que rechazó las críticas de la oposición, que protestó por el ajuste con argumentos muy similares a los que ahora se usan para defender el cambio en Juventud.