Nueva denuncia contra el BBK Live tras los requerimientos del Gobierno vasco para facilitar agua y comida en algunos supuestos

La entidad Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la promotora del festival BBK Live, Last Tour, tanto ante el Ayuntamiento de Bilbao como ante el Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide) por “imponer cláusulas abusivas” a sus asistentes. Cita a prohibición de entrar al recinto con comida y bebida comprada fuera y la obligatoriedad de tener que pagar los productos adquiridos dentro del festival solo con la pulsera 'cashless' y no admitir otro tipo de pago, ni tarjetas ni monedas ni billetes. Se da la circunstancia de que días antes del certamen, que tuvo lugar el segundo fin de semana de julio, la OCU formuló una consulta similar.

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente al Reggaeton Beach Festival por una denuncia similar de Facua-Consumidores en Acción. ¿Qué ha ocurrido en Euskadi? Según indican fuentes de Kontsumobide, a raíz de la instancia de la OCU, el Gobierno vasco hizo una serie de requerimientos al BBK Live que ya se aplicaron en esta edición. En concreto, la normativa vasca de espectáculos no impide expresamente el veto a la comida y a la bebida pero sí se solicitó al festival que lo autorizara en “casos pautados necesarios por motivos de salud como intolerancias alimentarias”. Asimismo, se le pidió que permitiera “entrar y salir libremente del recinto cerrado para poder comprar fuera y consumirlo”. Igualmente, se acordó que, como en la hostelería, se instalaran fuentes de agua potable gratuita. “Lo han hecho”, insisten desde el Ejecutivo.

Sin embargo, según aseguran desde Facua-Consumidores en Acción, han atendido quejas de los asistentes al festival y recalcan que la promotora “entre otros incumplimientos” impidió el acceso al recinto con comida y bebida del exterior, “vulnerando el derecho que asiste a los usuarios, dado que la actividad principal de esta organización no es la hostelería, sino el desarrollo de un espectáculo musical, por lo que esta prohibición de consumir comidas y bebidas adquiridas fuera del recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad denunciada”, indican en un escrito. Facua sostiene que Last Tour está cometiendo “una infracción muy grave conforme al régimen sancionador recogido en el artículo 51 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”, que establece que “son infracciones muy graves (...) ejercer el derecho de admisión de forma arbitraria, discriminatoria o abusiva”. Y asegura que “la multa ante este tipo de infracciones es de entre 30.001 y 150.000 euros, según recoge el artículo 55 de la misma normativa, que prevé otras formas de sancionar esta práctica”.

Desde Kontsumobide indican que recopilaran la información y también analizarán la investigación abierta a otros festivales por el Gobierno central. Facua-Consumidores en acción, en todo caso, también ha elevado sus quejas al Ayuntamiento de Bilbao y a Kontsumobide por no permitir realizar otro pago dentro del festival que no sea una pulsera 'cashless', que además obliga al término de la estancia a solicitar un reembolso de lo no consumido, ya que no es automático.

Eso “podría vulnerar la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, que en su artículo 3 establece que el euro es desde el 1 de enero de 1999, inclusive, la moneda del sistema monetario nacional es el euro, tal y como esta moneda se define en el Reglamento (CE) 974/98, del Consejo, de 3 de mayo”, además de “el Código Civil en su artículo 1170” que establece que “el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España”. En este sentido la asociación recuerda que “el abono en efectivo es un método de pago legal, por lo que las restricciones impuestas tienen impacto negativo a los consumidores”.

Insisten en que estas “imposiciones” de la promotora son “cláusulas abusivas conforme a la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de Euskadi” e invita a los asistentes de festivales de música a comunicar a la organización si detectan este tipo de prácticas. Desde la promotora informan a este periódico de que no quieren realizar ningún tipo de declaración al respecto de la denuncia. Mientras, al cierre de esta edición, elDiario.es/Euskadi no ha recibido respuesta a las preguntas realizadas al Ayuntamiento de Bilbao sobre esta situación.

Además del BBK Live, Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a otros festivales que también impedían acceder con comida y bebida y, a raíz de las denuncias, el Ministerio de Consumo ha incoado su primer expediente sancionador a la empresa DQG Norte, AIE, organizadora del Reggaeton Beach Festival, que tiene lugar en once ciudades españolas.

Polémica sobre la “precariedad” de los trabajadores

Las denuncias y quejas no son solo por parte de los asistentes al festival, antes de que la pandemia suspendiera el BBK Live durante dos años, en la edición de 2019, trabajadores contratados por la empresa DGL denunciaron haber trabajado más horas que las estipuladas en su contrato y haber cobrado sus salarios dos meses después del evento. Desde el sindicato LAB, que apoyó a los trabajadores que denunciaron su situación aquel año, confirman que “ninguno de ellos quiso repetir al año siguiente”, en referencia a los que se quejaron. Entre ellos se encontraba Xabier Álvarez, un joven que a pesar de haber firmado un contrato de 8 horas, el primer día trabajó 16, el segundo 15 y el tercero 14 horas, según reveló a este periódico. No le dieron copia del contrato ni recibo a la hora de cobrar el salario, de 5 euros la hora. Otra de las afectadas fue Marta Ruiz, en este caso, con nombre ficticio para no hacer pública su situación personal. En el caso de Marta, trabajó un total de 49 horas como auxiliar de seguridad en el festival, pero en su contrato tan solo firmó por cuatro. A ella tampoco le dieron una copia del contrato ni recibió ningún tipo de justificante del cobro de su salario. Aparentemente, 45 de esas horas se han abonado de manera opaca, según su testimonio.

Sin embrago, para  Alfonso Santiago, director del BBK Live, ese es ya un problema resuelto. “Ese problema afectó a 250 trabajadores de 3.800 que tenemos. Nosotros estábamos pagando a la subcontrata, pero ella no pagaba a los trabajadores y decidimos eliminarla. Nos preocupa mucho el trabajo justo, ese es uno de nuestros ejes. Estos dos años ha sido importante cuidar a toda la gente que trabaja alrededor del festival, que es freelance, porque en estos dos años ha sido la gente más desprotegida que ha habido”, concluye.