El traslado de los últimos presos de ETA en Andalucía simboliza el fin de la dispersión

Una crónica de 'El País' del 23 de julio de 1981, hace casi 40 años, describía una operación secreta que llevó a 117 terroristas de ETA militar desde Carabanchel, en Madrid, a la recién estrenada cárcel de Puerto de Santa María, en Cádiz. Llegaron en tres autocares custodiados por un gran operativo de la Guardia Civil. Mientras, el breve Gobierno de Leopoldo Calvo–Sotelo (UCD) envió a Nanclares de la Oca, cerca de Vitoria, a los reclusos de ETA político–militar, en tregua entonces y que acabaría por disolverse en 1982 con la creación del partido Euskadiko Ezkerra (ahora integrado en el PSOE). Años más tarde, a finales de esa década, el Ejecutivo del socialista Felipe González, añadió al alejamiento la dispersión para debilitar a lo que se conocía como el 'frente de makos' y que ahora es la única estructura superviviente de la extinta ETA, el denominado EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos en euskera). Desde esta semana, ya no queda ningún preso de ETA ni en Cádiz, ni en Andalucía ni, en general, más al sur de Madrid.

La salida de los últimos reclusos del complejo andaluz, uno de los más grandes de Europa y ubicado a 900 kilómetros de Vitoria, la capital vasca más cercana, constituye todo un símbolo del cambio en la política penitenciaria iniciado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez con Fernando Grande–Marlaska como ministro del Interior. Quedaban allí cuatro, dos de ellos incluso desvinculados del EPPK al cuestionar la estrategia exclusivamente política de la izquierda abertzale, Daniel Pastor e Iñaki Bilbao. Los más alejados están ahora en Francia, en los alrededores de París. Allí también hay un agrupamiento del 70% del colectivo en los penales más próximos a los territorios vascos (Mont–de–Marsan y Lannemezan), pero el resto está interno cerca de la capital por tener causas pendientes con la Justicia.

En España, desde 2018, cada semana y con carácter general en viernes, se han ido realizando movimientos que han cambiado de raíz el mapa de la distribución de los condenados por pertenencia a ETA. Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 201 presos han sido trasladados. Algunos de ellos, incluso, han sido reubicados en más de una ocasión. Son 247 los traslados totales. 96 de esos terroristas tenían delitos de sangre (“presos con 295 víctimas y 215 atentados”, dice la AVT). 66 de los traslados han tenido como destino las cárceles de Zaballa en Álava, de Basauri en Bizkaia, de Martutene en Gipuzkoa o de Pamplona en Navarra.

“Lo que persigue el Gobierno de España es cumplir con el principio de resocialización y reinserción que consagra la Constitución para las penas privativas de libertad”, ha explicado este viernes en Bilbao Denis Itxaso, delegado del Ejecutivo central en Euskadi, que niega que se trate de concesiones o privilegios. “Ahora se considera –y así lo entienden las juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria– que se está produciendo esa evolución, un reconocimiento del daño causado. Como consecuencia de ello se producen avances de grado y traslados. No hay que perder de vista que de lo que se trata es que la persona que sale de la cárcel sea distinta a la que entró. Que haya hecho esa reflexión. Si las juntas y los jueces entienden que esa evolución se produce mejor en entornos más cercanos, eso es lo que hay que hacer”, añade. Ya no tiene sentido una medida de dispersión y alejamiento adoptada cuando ETA estaba activa y no era oportuno que se cumplieran las condenas “cerca de los entornos de radicalización” o “todos juntos” en un mismo penal, entiende Itxaso.

Por el contrario, PP y AVT están cargando duramente contra el Gobierno de Sánchez. En buena medida, esto es lo que justificó la no asistencia de ambas organizaciones al homenaje institucional a las víctimas del terrorismo celebrado el pasado fin de semana en el Congreso. La AVT, incluso, aventura que llegarán indultos como con los presos independentistas catalanes: “Desgraciadamente, tenemos la convicción de que esta sangría de acercamientos no es sólo un cambio de prisión. Son la antesala de las progresiones de grado, los permisos penitenciarios, la libertad condicional o incluso indultos. En definitiva, son la antesala a la impunidad. Para todos aquellos que nos llaman vengativos, sólo queremos decirles que en absoluto. Nosotros sólo pedimos que se aplique la ley. Toda la ley para que los responsables de estos terribles crímenes cumplan íntegramente sus condenas, para que cualquier mejora en su situación penitenciaria requiera una colaboración efectiva con la justicia y para expulsarles de las instituciones”.

No es de la misma opinión Covite, colectivo liderado por Consuelo Ordóñez, hermana del que fuera parlamentario y candidato del PP a la Alcaldía donostiarra, Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA. “¿Nos habéis visto criticando este tipo de traslados a otros Gobiernos? Pues a este tampoco. Han sido coherentes con lo planteado en 2018 y nos han informado puntualmente”, señala en conversación telefónica en la que recuerda los acercamientos e incluso excarcelaciones durante los mandatos de José María Aznar (1996-2004) o Mariano Rajoy (2011-2018). Y añade: “Nos da igual dónde cumplan condena. Somos unos privilegiados, entre comillas. Entiéndeme: ya les gustaría a la mitad de las víctimas que el asesino de su familiar fuese trasladado de Cádiz a Salamanca, porque nadie ha sido juzgado por esos crímenes”.

Ordóñez considera que el Gobierno ha realizado algunos movimientos “inteligentes”, como solamente enviar a prisiones de Euskadi a quienes hayan renegado expresamente de la violencia. El resto se mantienen más distanciados, en Aragón, Castilla y León o Cantabria. Explica también que los terceros grados son progresiones que no esconden ninguna decisión política ni premio, sino la aplicación estricta de la legalidad, y denuncia que Pablo Casado cuestione incluso esos automatismos. Alrededor de 40 de los dos centenares de reclusos de ETA están en las cárceles que desde el 1 de octubre dejará de gestionar el Ministerio del Interior fruto de la transferencia penitenciaria. La consejera del ramo, Beatriz Artolazabal, ya ha enfatizado que no dará ningún trato diferenciado a este colectivo ante las críticas llegadas nuevamente desde la derecha.

Años antes que Artolazabal, entre 2001 y 2009, Joseba Azkarraga ocupó el cargo de consejero de Justicia a propuesta de EA, partido integrado en la coalición EH Bildu. Ahora es portavoz de Sare, red de defensa de los derechos de los presos de ETA. Entiende que, con la salida de los últimos reclusos de Andalucía, se puede dar por “cubierta” una “etapa”. “Puerto es la cárcel más icónica”, afirma. Eso sí, entiende que siguen manteniéndose medidas “excepcionales” como el “bloqueo” de progresiones de grado o que haya reclusos en “Castilla y León, Aragón o Madrid” que “pueden ser ubicados en cárceles vascas”. Calcula que hasta 65 de ellos podrían estar “en casa con libertad condicional” si se les tratara “con una política ordinaria como a los otros 40.000 presos que hay en el Estado español”.

Sobre esas excarcelaciones, el más reciente informe del Observatorio de Radicalización de Covite incide en lo positivo de que haya “disminuido notablemente” en lo que va de 2021 el volumen de homenajes, los conocidos como 'ongi etorri' ('bienvenida', en euskera). “Sólo ha tenido conocimiento de la realización de nueve homenajes, siete de ellos a etarras fallecidos, lo cual indica que el número de 'ongi etorris' a etarras a su salida de prisión ha disminuido notablemente”, explica la entidad de Ordóñez.

De hecho, esta misma semana la Guardia Civil, en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, ha arrestado a dos exmiembros de ETA, Carlos Sáez de Egilaz y Felipe San Epifanio, que fue responsable del 'comando Barcelona'. Forman parte de una investigación más amplia en el entorno de la izquierda abertzale por la supuesta comisión de delitos en la organización de estos recibimientos. Arnaldo Otegi siempre ha defendido que estos actos no “humillan” a las víctimas. Se trata de “no reabrir la herida”, discrepa el delegado del Gobierno, Denis Itxaso. “Pero es que, además, están dando al traste con un proceso de trayectoria personal. Si cuando sale se le devuelve a la casilla de salida… Los tiempos de la convivencia exigen reconocer el dolor causado, cerrar heridas y respetar y honrar a las víctimas del terrorismo, de cualquier terrorismo, de ETA, del GAL, del Grapo o del yihadismo”, argumenta.