El Gobierno de Iñigo Urkullu se alinea con el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y con el de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, ambos del PP, y ha anunciado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley estatal de vivienda. El argumentario es similar al que ha empleado en los últimos meses el PNV, un partido que -a diferencia de EH Bildu- votó en contra en el Congreso de los Diputados y que ha criticado duramente el texto por “invasión competencial” durante la reciente campaña electoral. Sin embargo, el área de Vivienda del Ejecutivo vasco está en manos del PSE-EE. De hecho, el consejero del ramo, Iñaki Arriola, hizo una valoración “positiva” del nuevo marco general impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tres consejeros socialistas, Javier Hurtado, la vicelehendakari Idoia Mendia y el propio Arriola han expresado su disconformidad y así constará en acta.
El recurso ha sido promovido por el ala del PNV de la coalición vasca. Los servicios jurídicos dependen de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Estos letrados entienden que “el Estado vulnera competencias de Euskadi en materia de vivienda”. En concreto, se presentan alegaciones contra siete artículos y cuatro disposiciones. La parte nacionalista del Gobierno estima que el texto entra a regular aspectos no contemplados en la normativa autonómica cuando Euskadi tiene competencias “exclusivas”. Habla de “imposición” de puntos como la declaración de zonas tensionadas.
El consejero-portavoz de Urkullu, Bingen Zupiria, ha enfatizado que el sistema procesal fijado por la ley del Constitucional permite una fase previa de negociación para resolver políticamente el asunto antes de llegar al pleito como tal. Así se han resuelto recientemente otros contenciosos como el derivado del IMV y la nueva ley de garantía de ingresos.
El Gobierno de Urkullu, al menos la parte del PNV, remarca que “el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda”. “De manera deliberada, en esa estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito concreto, ya que Euskadi, por ejemplo, si atendemos a los números absolutos, se sitúa como la comunidad autónoma que más VPO ha construido, sólo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadriplica [sic] nuestra población”, argumenta el área de Garamendi.
Se da la circunstancia de que el PNV, como partido y desde el Gobierno, está agarrándose a la ley vasca de vivienda en este debate. Es, efectivamente, un texto más avanzado ya que hace efectivo el derecho como tal al acceso a la vivienda a quienes cumplan unos requisitos económicos. Sin embargo, esa norma fue promovida en 2015 por los socialistas, entonces en la oposición, y salió adelante con un pacto con EH Bildu y UPyD, con el PNV abiertamente en contra además del PP.
Fuentes de la parte socialista han indicado que están “en descuerdo con el informe y sus argumentos” que han sostenido el paso de ir al Constitucional. Es más, el consejero Arriola considera que “la ley española es muy explícita en el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y que de forma reiterada establece que las determinaciones contempladas en la ley se llevarán a cabo sin perjuicio de las competencias de las comunidades en materia de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio”.
Arriola entiende que “la ley española es una oportunidad para Euskadi”. “No impone, sino que amplía derechos, puesto que faculta a las comunidades autónomas para adoptar medidas para las que no tienen competencias como el control de precios en caso de que las comunidades autónomas lo estimen oportuno”, alegan desde el área de Vivienda. “Se trata de disponer de todas las herramientas posibles y útiles para afrontar el acceso a una vivienda asequible por parte de la ciudadanía vasca, un camino que en el País Vasco hemos emprendido desde hace tiempo, con mayor intensidad desde 2015, año de la aprobación de nuestra ley de vivienda”, añaden estas fuentes.
El PSE-EE, como partido, ha señalado en un comunicado que el recurso de debería “entorpecer” la aplicación de la ley. En Donostia, por ejemplo, ya se ha iniciado el proceso para analizar posibles zonas tensionadas, indican. “Además, respetan el derecho de cada Administración a defender sus intereses y competencias, creemos que la litigiosidad entre instituciones debe evitarse todo lo posible, buscando el interés general”, abundan.
El Gobierno también ha acordado instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que anule una modificación de los estatutos de la denominación de origen del vino de Rioja y del pliego de condiciones de la misma entidad. Se trataba de una medida para frenar el paso de bodegas vascas de esa comarca a la nueva escisión, la denominación de origen Viñedos de Álava, autorizada por el Gobierno vasco. “Supone un límite a la actividad de empresa”, ha argumentado el Ejecutivo. El Ejecutivo quiere resolver el contencioso sin llegar a los tribunales y apela al diálogo político. También aquí los tres consejeros socialistas se han opuesto, aunque las competencias en la materia son del PNV, en concreto del área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia.
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