La consejera extremeña de Agricultura tendrá que cerrar su pozo ilegal y se enfrenta a una multa de hasta 10.000 euros

La consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, que tiene un pozo ilegal en una parcela de viñas de la que es propietaria, está obligada a cerrarlo. Además, se enfrenta, como titular, aunque el terreno lo explota uno de sus hermanos, a una multa de hasta 10.000 euros, según la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

El organismo de cuenca ahora ha respondido por escrito a las preguntas formuladas por el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, donde explica que los técnicos inspeccionaron la parcela de secano, que se encuentra en la comarca pacense de Tierra de Barros, el pasado 23 de septiembre, cinco días después de que elDiario.es Extremadura sacara a la luz la existencia de un pozo ilegal en el suelo propiedad de la dirigente del PP.

El Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico de la Confederación emitió un informe en el que se recoge el terreno dispone de ese sistema de riego y que en ese momento no había “constancia de su utilización”. Pero eso no es óbice para que existan “indicios”, dice la CHG, de una “posible infracción de la Ley de Aguas”, por lo que se está llevando a cabo un seguimiento de la captación ilegal para actuar de acuerdo a la legislación.

Ni la consejera de Agricultura del Gobierno de María Guardiola ni su hermano han presentado ninguna solicitud para el reconocimiento de derechos al uso privativo de las aguas en la parcela de 3,5 hectáreas de superficie. No obstante, la Confederación del Guadiana avisa de que ese intento de legalizar el pozo sería rechazado porque el aprovechamiento se encuentra dentro de la masa de agua subterránea Tierra de Barros, declarada en riesgo, por lo que la Oficina de Planificación Hidrológica “emitiría informe de no compatibilidad”.

En la respuesta que el organismo de cuenca da a los diputados del PSOE, también consta que no hay denuncias ni se ha iniciado un procedimiento sancionador “en el momento actual”. Pero se explica que la apertura de captaciones sin autorización administrativa en masa de agua declarada en riesgo y la detracción de aguas sin título habilitante se encuentran tipificadas como infracción administrativa. 

Multa para la titular

En concreto, la apertura de pozos y la instalación en los mismos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer previamente de concesión o autorización es una infracción leve que conlleva una multa de hasta 10.000 euros. Además, con independencia de esa sanción, la ley obliga a la clausura del pozo.

Pero, ¿quién tendría que pagar la multa? Según la Ley de Aguas, los responsables por este tipo de infracciones son el titular del terreno, el promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra y el técnico director de la misma.

La consejera extremeña Mercedes Morán se escudó tras destaparse la existencia de un pozo ilegal en una parcela de su propiedad, porque así está plasmado en su declaración de bienes, que era “conocedora de la situación”, pero que ella “ni explota ni había explotado” las viñas, sino “otro titular” porque no reconoció en un primer momento que se trataba de su hermano.

Juez y parte en Tierra de Barros

La responsable del PP también aseguró a elDiario.es Extremadura que se enteró de la existencia de esta infraestructura por un “control de campo” que había hecho su consejería y que “a la persona que explota” la parcela se le aplicarían “penalizaciones pertinentes en las ayudas PAC” porque era perceptora de ayudas europeas al secano. A ello hay que sumar que Morán puso en marcha el año pasado seis millones de euros en ayudas extraordinarias para el viñedo de secano en Extremadura para paliar la sequía que padeció el sector. 

Además, también hay que tener en cuenta que los terrenos de los que es propietaria están afectados por las expropiaciones para el megaproyecto de regadío en Tierra de Barros, que en la planificación original incluía 15.000 hectáreas. La consejera rechazó la oportunidad de incluir su parcela de secano en el proyecto para convertirla en regadío y, ya en el gobierno de la Junta, PP y Vox, entonces socios, dejaron sin prácticamente fondos el proyecto, que ahora tendrá que ser “redimensionado” y podría perder hasta un tercio de la superficie que iba a pasar de secano a regadío.

Por todo esto, el PSOE y Unidas por Extremadura lograron el pasado octubre que la Asamblea de Extremadura “reprobase” a la consejera de Agricultura, también gracias a la abstención de Vox