Los concejales de Vox en Badajoz y Lobón, Alejandro Vélez y María Isabel Gragera, respectivamente; los cinco ediles del partido en Guadiana, entre ellos Antonio Pozo, y quien fuese candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Extremadura, Juan Antonio Morales, han decidido abandonar el partido al considerarlo “antidemocrático y sin principios”. Con esta decisión, los ocho ediles pasarán a ser concejales no adscritos en sus respectivos ayuntamientos.
Los ediles alegan que Vox es un partido “antidemocrático”, ya que su disciplina interna “es una apisonadora” que se aplica “de manera caprichosa” por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa.
A través de un comunicado, los concejales aseguran que han sido objeto de “técnicas indecentes, como el intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados, con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente”. Todas las pruebas relativas a estas prácticas se enviaron a la Secretaría General, a la Vicesecretaría de Organización y al Comité de Garantías, a los efectos de su investigación interna, y no hubo reacción ni acción alguna“.
A su juicio, Vox es “un partido sin principios”, que “engaña a los españoles apropiándose del franquismo cuando les interesa electoralmente”, como “hicieron en las elecciones de Andalucía”, para más tarde “renegar de él”. En este sentido, los ediles acusan a la formación de “aplicar sin pudor la infame Ley de Memoria Histórica contra sus afiliados”, por ejemplo “al abrir expedientes por exaltación del franquismo por publicar obras del Plan Badajoz en las redes personales o por haber denunciado a los socialistas”.
También han reprochado a Vox que “por cálculos electoralistas repitan que renunciarán a las subvenciones públicas y acabarán con los chiringuitos”, cosa que no han cumplido.
Mientras hay ejemplos como “el chiringuito montado en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el secretario general, Javier Ortega Smith, que cuesta más de 600.000 euros al año para pagar a seis asesores y a siete secretarios administrativos... 13 enchufados para asistir a cuatro concejales”, han denunciado estos ediles extremeños.
En su opinión, Vox es también un partido “anticonstitucional”, como demostró la expulsión de Alejandro Vélez de la formación, que el edil recurrió, y de ser una formación política que “no se somete al estado de derecho”.