El sindicato USO Extremadura ha apuntado que “errores graves” han podido desembocar en situaciones como las vividas en torno en la muerte de una educadora, de 35 años, el pasado domingo en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz y ha solicitado cambios en los pliegos de adjudicación de este servicio para garantizar seguridad a los trabajadores.
Su secretario general, Luis Manuel Gil, ha señalado que estos deben redactarse no solo para que generar beneficio económico a las empresas adjudicatarias, sino también “para que se preste un servicio con calidad y con seguridad”, tanto para los profesionales como para los usuarios.
Gil ha esperado además “medidas contundentes” tras la reunión que celebrarán este miércoles, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), el Gobierno regional y la Fiscalía. “Una reunión -ha lamentado- que tendría que haberse producido antes para que la seguridad de los trabajadores sea una realidad en esos centros”.
En este punto, ha recordado que USO mantiene convocada una huelga de vigilantes de seguridad en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Marcelo Nessi' de Badajoz desde hace más de año y medio “porque el colectivo de vigilantes es el único de ese centro que no tienen reconocida la peligrosidad” cuando “realmente son los que tienen que intervenir en las reducciones a internos cuando hay que practicarlas”.
El sindicalista ha informado de que su organización ha solicitado una reunión con la consejera de Salud y Políticas Sociales, Sara García Espada, para conocer las medidas que se van a llevar a cabo, así como al Comité de Seguridad y Salud de Servicios Sociales, “encargado de implantar las medidas urgentes para dar la máxima seguridad a los colectivos de trabajadores”.
Igualmente, se estudia la posibilidad de crear una plataforma con distintas organizaciones sindicales, y también con colegios de profesionales del tercer sector a nivel autonómico -como los de educadores sociales, trabajo social y psicólogos-, de modo que esta misma tarde se celebrará una reunión “para hacer un frente común y pedir medidas contundentes a la Administración”.
Entre los objetivos, según ha detallado, está transformar los pliegos de concesión y que “no se ponga en riesgo de manera innecesaria tanto la seguridad de los internos como también la de los profesionales”.
Además, se ha referido a la “gran carga de trabajo físico y emocional”, así como a la “presión tan grande” que están sufriendo los profesionales del Marcelo Nessi, a lo que ha achacado el “absentismo tan elevado” que registra este centro.
Ha recordado que el pasado mes de agosto USO protagonizó una concentración para denunciar “falta de seguridad” que sufre el centro y que posteriormente se inició una evaluación de riesgos psicosociales, a petición de su sindicato, por parte del Servicio de Prevención de Junta de Extremadura. El informe ha dado unos valores “tan elevados” que, ha indicado, la Junta ha afirmado “que esa evaluación hay que repetirla porque no es normal que se haya dado esos valores”. “Si está sucediendo esto, hay que tomar medidas urgentes y contundentes y tienen que ser rápidas”, ha aseverado.