Una Iniciativa Legislativa Popular para solucionar la crisis de la sanidad pública en Andalucía

Actualmente hay un sentimiento generalizado de preocupación en amplias capas de la población andaluza porque nuestra sanidad pública está en franca crisis. Esta percepción se basa principalmente en las insoportables demoras en la atención sanitaria a la ciudadanía, que se sitúan entre las mayores del país: la espera media para conseguir una cita en Atención Primaria ha pasado de 10 días, hace un año, a más de 15, actualmente; las listas de espera para especialistas hospitalarios y cirugía, superaron el millón de personas en junio de 2024 (última cifra conocida), muchas de ellas demoradas por encima de los plazos legales establecidos; además, la Junta no facilita las cifras de pacientes en demora para pruebas complementarias, necesarias para el diagnóstico de sus afecciones. En conjunto, es posible que la población en espera para algún tipo de asistencia sanitaria estos días esté ya cercana a los dos millones. Esta situación dura ya años y va empeorando progresivamente. Este intenso proceso de deterioro, al que no se le ha puesto remedio, se intuye como intencionado, y solo beneficia a las empresas de seguros sanitarios privados, a los que acude la población desatendida que puede permitírselos, aunque la mayoría de estos seguros no son ninguna panacea.

Estos hechos, con la tardanza consiguiente en establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuados para cada paciente, con toda seguridad, representan un riesgo claro para la salud de la población, como se demostró en varios casos concretos detallados en la denuncia presentada por las Mareas Blancas de Andalucía ante la Fiscalía, en octubre de 2024. Ante esto, la única actuación reseñable del actual gobierno ha sido el intento de transformar la Atención Primaria en un “call center”: el plan 72 horas . Este plan propone que, si no te atienden debidamente en tu centro de salud, puedas acudir a un servicio telefónico en el que, en un máximo de15 días, te propondrían una solución, si bien esta previsiblemente provendría de un médico desconocido que te atendería por teléfono.

Este plan ha sido rechazado por los pacientes, las Mareas Blancas y las Asociaciones y Sindicatos Médicos y de trabajadores sanitarios . Los motivos del rechazo se centran en que la medida propuesta conlleva la destrucción de los tres principios básicos de la Atención Primaria: accesibilidad (ser visto adecuadamente a tiempo), longitudinalidad (ser visto por el mismo equipo a lo largo del tiempo) y prevención comunitaria. Está demostrado que estos tres elementos son requeridos para que el uso de la urgencia hospitalaria, los ingresos y la mortalidad de la población sean ampliamente reducidos. Además, hay estudios recientes en España que demuestran las deficiencias de la atención telefónica para problemas clínicos, sobre todo con las personas mayores. Por todo ello consideramos que este plan va a significar solamente una dilación más para “entretener” el proceso asistencial.

Si los más que posibles sobrecostes que actualmente paga la Junta al sector privado se aplicaran en implementar un plan de reforzamiento de las plantillas de Atención Primaria y Hospitalaria públicas, se paliaría claramente la actual crisis

La situación de la presente crisis sanitaria se debe a que el gobierno andaluz actual, desde su llegada, está empeñado en cometer tres errores sustanciales, como ya se ha explicado. El primero es que viene usando presupuestos deficitarios, que no han atendido el aumento de la población y su creciente envejecimiento, y la deuda creada a la sanidad pública por los recortes habidos tras la crisis financiera de 2008, que se estiman en 19.000 millones de euros.

En segundo lugar, estos presupuestos deficientes han sufrido bajo este gobierno, un marcado sesgo de uso, destinado a derivar cada vez más dinero público al sector sanitario privado (incremento continuo de pagos preferentes a seis clínicas privadas, compra de fungibles, reactivos y fármacos a precios que no han sido sometidos a adecuadas medidas de control y abaratamiento) y, a veces, mediante métodos de pago irregulares denunciados por la Intervención de la propia Junta, algunos de los cuales han sido judicializados, lo que ha conducido, recientemente, a la “dimisión” de miembros de la Intervención.

Por último, el gobierno ha implantado medidas organizativas de dudosa eficacia y favorecedoras de la privatización (consulta de acogida, extensión de la consulta clínica telefónica, eliminación de la exclusividad, mantener las Unidades de Gestión Clínica y el complemento de productividad, compatibilización público/privada de cargos, eliminación de la subasta de medicamentos, relajación de medidas de abaratamiento) y se resiste a implantar otras (aumentar las plantillas y elevar los salarios y la estabilidad de los contratos de los trabajadores, volver a los sistemas de control del gasto) que mejorarían la función de la sanidad pública. Si los más que posibles sobrecostes que actualmente paga la Junta al sector privado se aplicaran en implementar un plan de reforzamiento de las plantillas de Atención Primaria y Hospitalaria públicas, se paliaría claramente la actual crisis, como ya se ha explicado.

Lo que el gobierno de Moreno Bonilla pretende es cambiar el modelo de sanidad pública como sistema en el que la protección de la salud es un derecho igualitario para todos, por otro en el que predominen los intereses privados, con las máximas prestaciones solo para la minoría más acomodada de la población

En definitiva, lo que el gobierno de Moreno Bonilla pretende es cambiar el modelo de sanidad pública como sistema en el que la protección de la salud es un derecho igualitario para todos, por otro en el que predominen los intereses privados, con las máximas prestaciones solo para la minoría más acomodada de la población que puede adquirirlos en el sector privado, mientras la mayoría ha de conformarse con una asistencia demorada en una sanidad deteriorada.

Para solucionar la crisis presente, las Mareas Blancas han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) titulada Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía (texto completo). Esta ILP plantea la necesidad de cambiar el rumbo de deterioro actual de la sanidad pública, mediante la modificación de algunos artículos de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, para regular los siguientes aspectos fundamentales: primero, universalización de la sanidad pública andaluza; segundo, generación de un sistema de conocimiento y control eficaz de la ciudadanía sobre las decisiones de la Administración en todo lo que afecte a la sanidad pública; esto se hace mediante el establecimiento efectivo de los Consejos de Salud con la adecuada representación social, a nivel de centro de salud, área, distrito, hospital y municipio, ante los que las autoridades correspondientes tendrán que dar cuentas cada seis meses. Tercero, blindar y garantizar una financiación adecuada de la actividad de los centros de salud y los hospitales públicos; esto incluye un Plan de Choque de cinco años que restituya la financiación recortada desde 2008 que, fundamentalmente, servirá para ampliar la plantilla estable, y así evitar el continuo éxodo actual de los profesionales sanitarios andaluces. Por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado, un proceso que ha de culminarse en cinco años. Consideramos que las modificaciones incluidas por la presente ILP pueden detener el intento de cambio de modelo de la sanidad pública andaluza por parte del gobierno actual.

La ILP que hemos presentado ha sido ya aprobada por la Mesa del Parlamento y el próximo mes se abrirá el plazo preceptivo de seis meses para completar la recogida de las cuarenta mil firmas necesarias para que sea debatida en el Parlamento. Para ello se va a abrir una campaña de información a la población sobre los objetivos de la misma, en la que se promoverá su firma masiva en todos los rincones de Andalucía. Somos conscientes de las dificultades parlamentarias que esta ILP va a enfrentar, debido a la actual mayoría absoluta de la derecha. No obstante, pensamos que su exposición y defensa pública va a servir para explicar en cada barrio y en cada pueblo andaluz la necesidad de la unión de la mayoría de los andaluces, en contra de los que quieren acabar con la tranquilidad y seguridad que nos da una sanidad pública igualitaria y bien dotada en la que los intereses privados no sean los que manden. En este contexto, cabe destacar que el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza fomentado por el gobierno actual está teniendo como resultado principal el enriquecimiento de unas cuantas empresas, la mayoría de las cuales son extranjeras (Quirón Salud, Viamed, grandes farmacéuticas, etc.). ¿Vamos a consentir que por atender intereses particulares aumente la mortalidad tratable y evitable de la población, un hecho que ya ha sido demostrado en otros lugares?.