La Guardia Civil detiene a un funcionario de la Junta y se lleva discos duros de los ordenadores
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado esta mañana en la sede de la Consejería de Fomento en Mérida, Badajoz, para recoger documentación relacionada con varios contratos adjudicados en mayo de 2010, y que tienen vinculación con la operación Madeja, de cobro de comisiones entre empresarios y administraciones, ordenada por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya.
Los agentes han sido atendidos por varios jefes de servicio de la Consejería, han requerido documentación escrita, y además están procediendo a desmontar, para llevárselos, varios discos duros en ordenadores del servicio de carreteras, y más concretamente en la sección de conservación y explotación.
Según la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Cristina Teniente, un jefe de sección ha sido detenido y trasladado a Sevilla, una persona que es funcionaria y lleva muchos años en ese puesto en la Administración. Hasta el momento, los agentes han arrestado a 26 personas, en su mayoría funcionarios, aunque también está prevista la detención de algún cargo público de bajo nivel, han indicado las fuentes.
Esta es la tercera fase de la llamada operación Madeja y se ha puesto en marcha este martes por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Sevilla. Además de en la provincia de Badajoz y en Sevilla, los agentes también están practicando detenciones en Cádiz, Huelva y Jaén. El dispositivo, ordenado por la juez Alaya tras 15 meses de secreto de sumario, trata de desactivar una trama de pago de mordidas de empresarios a políticos y funcionarios públicos a cambio de contratos públicos.
Cinco adjudicaciones por 3,4 millones de euros
Eldiarioex ha podido saber que la investigación en lo que corresponde a Extremadura está relacionada con la adjudicación, en mayo de 2010, de cinco lotes para la conservación de los márgenes de las carreteras extremeñas, por un importe total de 3,4 millones de euros.
Las adjudicaciones se realizaron a cuatro empresas distintas: Fitonovo, Puebla y Estéllez, Atosan Ingeniería y Conservación, y Seanto. Tanto el presidente de aquella mesa de contratación como una persona vinculada a una de esas empresas son actualmente directores generales de la Junta de Extremadura. Según algunas informaciones, la empresa investigada sería Fitonovo.
La juez Mercedes Alaya ha ordenado esta mañana una treintena de detenciones; la operación se centra en funcionarios y técnicos municipales que habrían aceptado prebendas a cambio de adjudicar contratos para cuidado y mantenimiento de zonas verdes. Junto a las detenciones se están produciendo numerosos registros, algunos en la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura y en despachos de la Diputación Provincial de Sevilla, donde se ha producido la primera de las detenciones.
