Alberto Núñez Feijóo estuvo al frente de la Xunta durante 13 años. Y es en ese periodo de tiempo que se concentran los contratos públicos sobre los que va a investigar una comisión del Parlamento de Galicia. Pero los trabajos se van a tener que desarrollar sin que comparezca el ahora líder del PP español: su partido ha utilizado su mayoría absoluta para controlar el órgano creado en la Cámara autonómica e impedir que sea convocado para dar explicaciones.
El bloqueo del PP ha sido la constante frente a los intentos de la oposición de examinar los contratos de urgencia durante la pandemia, las adjudicaciones a la empresa en la que la hermana de Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, es directiva o la decisión de levantar el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con un modelo privatizador que supuso un sobrecoste de 470 millones de euros. La razón para rechazar que Feijóo sea llamado a comparecer ahora, según el actual jefe del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, es que las preguntas se le podían haber hecho en sus 13 años al frente de la Xunta -en ese periodo ya hubo propuestas para investigar y se pidió información, aunque no siempre hubo respuesta-. Considera que la idea de llamarlo es tratar de “hacer oposición a nivel nacional desde el Parlamento de Galicia y hacerle un favor a Sánchez”.
Pero los obstáculos no empezaron con esta comisión. Los contratos de la Xunta planearon sobre el último pleno del Parlamento al que el líder del PP acudió como jefe del Gobierno gallego. En aquella sesión, celebrada el 27 de abril de 2022, la formación conservadora pasó el rodillo para tumbar una propuesta, presentada por el BNG, para hacer una auditoría externa de los contratos tramitados por la vía de urgencia a raíz de la pandemia. Dos años después, se repitió el rechazo. Y el pasado verano, la formación conservadora impidió también la comparecencia de Rueda por el sobrecoste del Álvaro Cunqueiro. Entonces se había publicado ya el informe del Consello de Contas sobre el modelo elegido por Feijóo para levantar el hospital. Habían trascendido también las comisiones cobradas por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por intermediar en la compraventa de material sanitario en la pandemia. Y que la empresa gallega Mape Asesores, que vendió batas desechables a la Xunta, propició un cobro de 2 millones de euros.
En ese contexto, el BNG registró para el actual curso político la propuesta de abrir una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre todos esos contratos y sumó también los encargos a Eulen, donde Micaela Núñez Feijóo es directora para el Noroeste. Finalmente, la Cámara gallega ha creado el órgano, aunque sometido a las preferencias del PP. Estas son las últimas maniobras de los conservadores para mantener el control y bloquear la comparecencia de su líder.
10 de septiembre: votos en contra del PP, anuncio del BNG
Fue el primer asunto de la vuelta a la actividad en el Parlamento de Galicia. El pleno debatió la propuesta, registrada por el BNG, de crear la comisión de investigación. La iniciativa tuvo el apoyo del PSdeG y del único representante de Democracia Ourensana, pero el PP se opuso. Entre las razones dadas por su portavoz, Alberto Pazos Couñago, estaba la de que la intención de la oposición era “difundir fake news con la esperanza de tapar su fracaso electoral”.
El BNG anunció entonces que el Parlamento tendría esa comisión igualmente. Un punto del reglamento permite que un grupo parlamentario la abra unilateralmente si cumple el requisito de tener un tercio de los votos. En la Cámara gallega eso se traduce en 25 escaños, los que tiene la formación nacionalista. Este recurso, eso sí, se puede activar una única vez en cada legislatura. Tres días después de que el PP votase en contra en el pleno, Ana Pontón registró la petición.
4 de octubre: la presidencia, para el PP
La comisión quedó formalmente constituida el 4 de octubre, pero el control sobre su desarrollo lo retuvo el PP. El grupo mayoritario en la Cámara se hizo con la presidencia, para la que nombró a Elena Candia. La vicepresidenta es Carmen Pomar, compañera de filas. El secretario, Luís Bará, sí es diputado del grupo que impulsó la creación del órgano.
Tanto el BNG como el PSdeG aprovecharon ya aquella jornada para insistir en la necesidad de que Feijóo diese explicaciones en el Parlamento gallego y adelantaron que reclamarían también la presencia del actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “No podemos dejar que los que estaban en la cúspide de la pirámide eludan su responsabilidad”, razonaba el líder de los socialistas, Xosé Ramón Gómez Besteiro. Rueda deslizó pocos días después que sí acudiría: “No tengo ningún inconveniente”.
15 de octubre: las normas de funcionamiento, las del PP
El primer paso de la comisión de investigación fue dotarse de normas para su funcionamiento. La propuesta que salió adelante fue la del PP, entre quejas de la oposición. Tanto BNG como PSdeG reclamaban que los acuerdos se tuviesen que adoptar por una mayoría cualificada de dos tercios. Pero nada más arrancar la sesión, la presidenta, Elena Candia, aclaró que no ocurriría. Citó un informe de los servicios jurídicos del que no habían sido informados los grupos de la oposición para asegurar que la propuesta “se aparta del reglamento”. Es decir, con la mayoría simple, para la que bastan los votos del PP, sería suficiente para bloquear comparecencias o peticiones de documentación.
En aquella sesión, los diputados de la formación conservadora admitieron solo dos sugerencias de la oposición: una corrección de lo que consideraron una errata sobre objeto de la comisión y un añadido del PSdeG para que la documentación se remita en el menor plazo de tiempo posible.
8 de noviembre: veto a la comparecencia de Feijóo
El segundo paso para investigar consistía en concretar qué documentos y declaraciones son necesarios. La comisión se reunió la semana pasada en un ambiente tenso: el BNG había acusado previamente al PP de haber dado muestras de que iba a volver a pasar el rodillo. Con la reunión prevista para la tarde, los grupos intentaron un acercamiento por la mañana. Incluso hicieron un receso en la sesión, pero el resultado fue de nuevo que los populares sacaron adelante su propuesta sin cambios.
En la lista no figura el nombre de Alberto Núñez Feijóo. Tampoco el de su hermana o el de la pareja de Ayuso. Sí aparecen todos los conselleiros de Sanidade desde 2005, es decir, desde el bipartito de PSdeG y BNG que precedió a los gobiernos de Feijóo. La documentación solicitada se remonta también a ese mismo año.