La Fiscalía inspeccionará el psiquiátrico privado gallego donde el Defensor del Pueblo alertó de la violación de derechos

La Fiscalía Provincial de A Coruña ha reaccionado al informe del Defensor del Pueblo que denunció la violación de derechos a pacientes en el psiquiátrico privado de La Robleda, situado en el municipio coruñés de O Pino, a 15 kilómetros de Santiago de Compostela. El Ministerio Público inspeccionará el centro, perteneciente al grupo Hestia Alliance y concertado con la Xunta, donde los técnicos del Defensor registraron casos de internos que permanecieron atados durante semanas, denuncias de agresión sexual o ingresos que se prolongan durante años sin una justificación médica.

Fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia han confirmado a elDiario.es la apertura de estas diligencias, que incluyen la inspección de las instalaciones, como la que en septiembre realizaron —sin aviso previo y de forma sorpresiva— integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo y centrado en las instalaciones en las que hay privación de libertad, como los psiquiátricos, las cárceles o los centros de menores.

Entre las medidas que los técnicos consideraron entonces como “mala praxis” estaban el uso “habitual” de la llamada contención mecánica. O, lo que es lo mismo, atar al paciente, un recurso que tanto las organizaciones médicas como las de derechos humanos piden que se evite en personas con patologías psiquiátricas. Esta práctica se prolongó, en ocasiones, durante varias semanas y dejó casos como el de la paciente que denunció que un trabajador la agredió sexualmente y la denigró mientras estaba sometida a contención. Otro paciente fue sorprendido mientras le tocaba el pecho.

Hechos como éste hacen que el informe considere “incuestionable” la necesidad de “extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual”. La empresa Hestia Alliance respondió al respecto que realizó “las investigaciones pertinentes”, pero “sin poder dar validez a las afirmaciones de la persona en cuestión”.

El Defensor del Pueblo agrega que hay cámaras de videovigilancia en todas las habitaciones, lo que puede suponer una violación del derecho a la intimidad; que a los pacientes fumadores se les limita el número diario de cigarrillos, lo que “contraviene la libertad individual”, y que los internos tienen prohibido el empleo de dispositivos tecnológicos: no hay ordenadores y el uso de la televisión está restringido.

Las conclusiones se han remitido ya a la Consellería de Sanidade de la Xunta, a la Fiscalía y al propio psiquiátrico. Hestia Alliance respondió a El País, que fue quien adelantó el informe, que el Gobierno gallego realiza una supervisión “exigente” del centro. En esa misma información, la administración autonómica aseguraba estar vigilando que se diese una atención “correcta” a los pacientes que ella misma le deriva, ahora mismo 26, y que tendrá en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo.