La jueza ordena a los investigados por la venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés a devolver 13 millones a las fábricas

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado a los directivos de Grupo Industrial Riesgo imputados por la venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés a devolver 13 millones de euros a las dos fábricas. Esta cantidad fue prestada por las propias plantas -transformadas tras la operación en Alu Ibérica- cuando el grupo se hizo con los edificios, que en ese momento estaban en manos del fondo de inversión suizo Parter. Este se los había comprado menos de un año antes a la multinacional del aluminio Alcoa.

Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número tres, ha dado a los investigados un número de cuenta para que devuelvan el importe, según la información adelantada por 'El Periódico de España'. El objetivo del reembolso de los fondos es garantizar la actividad de las plantas, cuyos trabajadores encadenan meses de protestas. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que en una vista algunos de los investigados propusieron devolver 10 de los 13 millones en poco tiempo, pero con la condición de que el Grupo Industrial Riesgo continuase manteniendo la administración de las dos plantas dedicadas a la producción de aluminio.

Esos 13 millones tienen su origen en la adquisición de sendas plantas por parte de Grupo Industrial Riesgo a Parter Group. Al no contar con financiación para afrontar la operación, las plantas prestaron ese importe, el mismo que la jueza reclama ahora. Estas pesquisas tienen lugar dentro de la causa investigada en la Audiencia Nacional después de que Tardón admitiese el pasado mes de diciembre la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa.

El pasado mes de marzo una operación en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas se saldó con la detención de varios ejecutivos del grupo. Entre ellos el administrador único del Grupo Industrial Riesgo, Diego Peris, un ejecutivo administrador único de System Capital -mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)-, el presidente del grupo, Víctor Rubén Domenech, y una socia de System Cap.

Por otro lado, la jueza de la Audiencia Nacional también trata de dilucidar si los imputados, los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio, vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins después de que los investigadores localizasen transacciones de la moneda virtual en varias cuentas bancarias.

El pasado mes de septiembre, el administrador judicial de Alu Ibérica solicitó el preconcurso de acreedores por las deudas y embargos que aparecieron en las plantas de A Coruña y Avilés y presentó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).