La Xunta de Galicia insiste en que no hay “ningún grave problema de masificación turística” en Santiago de Compostela

La Xunta de Galicia no ve “ningún problema de masificación turística” en Santiago de Compostela. Ni los indicadores objetivos -del INE a la Oficina del Peregrino- que sitúan la ciudad entre las que aguantan mayor presión del turismo de todo el Estado, ni los propios comunicados del Gobierno gallego -anteayer destacaba haber alcanzado “el número de viajeros y de noches más altos de la serie histórica en este período”- ni el evidente malestar vecinal preocupan al gabinete de Alfonso Rueda. “Existen concentraciones importantes en determinados puntos y en determinados momentos, pero su gestión es totalmente normal”, aseguró este jueves el director de la Axencia de Turismo de la comunidad, Xosé Manuel Merelles. Nada más.

Merelles también se ha referido a la tasa turística que esta misma mañana ha presentado la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Samartín, y lo ha hecho para menospreciarla. “Nosotros recibimos este miércoles esta propuesta sin diálogo con el sector turístico y la ciudadanía”, sostiene el alto cargo del PP. En realidad, el gravamen a los visitantes es una vieja demanda que colocó sobre la mesa el Gobierno de Compostela Aberta (2015-2019), el socialista Sánchez Bugallo (2019-2023) retomó con timidez y ahora impulsa Sanmartín, al frente de un Ejecutivo local de BNG y Compostela Aberta, que ha presentado un proyecto más definido. Para ello se ha apoyado en expertos universitarios -los catedráticos Rubén Lois, de Xeografía, y César García Novoa, de Dereito Financeiro e Tributario.

La idea del Gobierno local consiste en establecer varios tramos de tasa, de un euro para hostales, pensiones, posadas o apartamentos turísticos hasta los 2,5 euros para hoteles balneario, hoteles apartamento o gran lujo. Los demás tramos oscilan entre 1,5 y 2 euros. “La sociedad de Santiago quiere la tasa turística, es un clamor social”, adujo Sanmartín. En una reciente entrevista con elDiario.es, la regidora nacionalista explicaba que la recaudación servirá para reforzar la recogida de basura y la limpieza, el cuidado patrimonial o para reconducir los flujos turísticos. El consistorio asegura que remitió la documentación a la Xunta antes de la presentación pero aún así Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo, no entró en el fondo de la cuestión y habló de “deslealtad institucional” pese a que también fue invitado al acto municipal.

La Xunta de Alfonso Rueda no está, en todo caso, por la labor de regular el turismo. También está entorpeciendo otra de las medidas adoptadas por el ayuntamiento compostelano en esa dirección, la ilegalización de 600 pisos turísticos. “El decreto autonómico que regula las viviendas de uso turístico no identifica ni especifica que sea necesaria ninguna licencia ni habilitación municipal para el ejercicio de su actividad”, señalaba a este periódico una portavoz de Turismo de Galicia. El Gobierno local de Santiago discrepa: “Es evidente que es Turismo quien tiene que comprobar si el propietario de la VUT cumple con la normativa municipal antes de registrarla de oficio”. El propio Alfonso Rueda ha restado importancia en varias ocasiones a las demandas vecinales y a los riesgos de la masificación de vistantes en Santiago de Compostela.