Las precarias condiciones en la que las mujeres en el segundo trimestre de gestación interrumpen su embarazo desveló ya numerosos defectos en el funcionamiento de los protocolos sanitarios en Galicia. La falta de garantías y de la asistencia mínima requerida para estos abortos eugenésicos -denunciada por varias afectadas- provoca que sean mayoría las mujeres enviadas a Madrid para ser atendidas en una clínica especializada con la que la Xunta mantiene un convenio. Hace tan sólo unas semanas, una pareja envió una carta a la Consellería de Sanidade denunciando la “dejadez” de la Administración gallega ante esta situación, la falta de apoyo y el hecho de que la mujer no tuviese alternativa alguna en el Sergas o en la comunidad. La respuesta del conselleiro Vázquez Almuíña, a la que tuvo acceso este diario, ha sorprendido todavía más a los implicados: les anuncia que va a denunciar a la clínica madrileña ante un posible trato no idóneo pero evita responder a la demanda de explicaciones sobre la “dejadez de funciones” de las autoridades gallegas y la “absurda” exigencia de tener que viajar 600 kilómetros para afrontar ese aborto. “Se lavan las manos”, resume.
La pareja decidió enviar una carta al conselleiro, en la que denuncia lo que considera una “dejadez de funciones” por parte de la Xunta ante su caso. Con 19 semanas de gestación, unas pruebas médicas descubren malformaciones graves en el feto. El Sergas les informa de que la interrupción del embarazo deberá realizarse en Madrid, a pesar de que preguntaron incluso por la posibilidad de pagar una clínica privada en Galicia para “reducir el estrés añadido de un viaje absurdo con consecuencias físicas y psicológicas”. Según relatan, los médicos le comunican “que en la comunidad no existe la posibilidad, ni pública ni privada, de realizar esas intervenciones en ese momento del embarazo”. Abortos terapéuticos pasadas las 14 semanas.
La pareja gallega explica en la carta -que también fue remitida a la Valedora do Pobo- la situación de ansiedad y estrés provocada por un viaje de seis horas, por la intervención y la espera. Y advierte incluso de los “medios humanos claramente insuficientes” en la clínica. Fue dada de alta al día siguiente. “Una mujer que había abortado la tarde anterior un feto de casi 21 semanas, con las molestias físicas, psicológicas y anímicas que eso provoca, acomete un viaje de cerca de 600 kilómetros y seis horas hasta su casa”, se queja el hombre en la carta, en la que se pregunta “qué habría supuesto un viaje en coche-cama [la opción que le ofrecía la Xunta], con el añadido de tener que cuadrar horarios, buscar taxis o líneas de metro o contratar una habitación en un hotel”.
El hombre afectado le indica también al conselleiro a dificultad que supone “la distancia con los familiares en un momento tremendamente duro” y le recuerda que su caso “sólo es uno de muchos”. “La mayor parte de las parejas no le dan más vueltas al asunto para superarlo lo antes posible, por lo que la problemática queda en el olvido y los responsables de esta situación no asumen su culpa”, dicen. “Nosotros estimamos que es nuestro deber cívico denunciar públicamente esta situación de clara dejación de funciones por parte del Sergas, que afecta directamente a la salud física y mental de muchas mujeres”, añaden.
“Sé que ustedes se escudarán en que hay que respetar la objeción de conciencia de los ginecólogos del Sergas, pero también yo sé que hasta hace unos años los objetores no eran significativos y que este tipo de intervenciones se realizaban con total naturalidad en Galicia, lo que me hace sospechar que hay una problemática detrás que no fue abordada”, insiste el hombre en su carta, que asegura que, en caso de que “por un extraño capricho del destino, todos los ginecólogos sean objetores de conciencia reales, el Sergas tiene que buscar soluciones”. “Estoy en contra de la externalización de servicios, pero parece absurdo que no exista ni una sola clínica privada en Galicia que realice este tipo de intervenciones y haya que desplazarse a Madrid”, denuncia quien sospecha “que se trata más de voluntades que de capacidades”.
“Espero que respete que los ciudadanos, hartos de la mala gestión del Sergas, tomen conciencia de los infinitos ejemplos de dejadez y exijan responsabilidades oportunas a aquellos que juegan con la salud de los nuestros”, remata, antes de volver “a exigir que se habilite una solución digna para la situación descrita en esta carta”. “No queremos que ninguna mujer gallega tenga que 'emigrar' a Madrid para pasar por este trance”, concluye.
La respuesta la esta carta, enviada el pasado 8 de junio, llegó este lunes 20. El conselleiro Vázquez Almuíña reconoce la “difícil situación” que tuvo que vivir la pareja y entiende las “lógicas preocupaciones e inquietudes”. Además, lamenta lo sucedido, pide que “disculpe las incomodidades creadas” y recuerda que ante la “grave situación” ordenó que la directora de Procesos Asitenciales de su área sanitaria, la de Ferrol, se reuniese con ellos, tal y como así aconteció el pasado día 10, aunque “con muy buen trato pero sin ningún movimiento más”, como confirma la pareja afectada.
Tal y como relata la familia, la misiva no da respuesta a su principal preocupación. “Es una carta absurda donde no se hace ni mención a por qué tenemos que ir a Madrid. Se lavan las manos”, explica el hombre. Pero sí anuncia una denuncia contra la clínica Isadora, con la que la Xunta mantiene convenio desde hace años. Los afectados sí hacen referencia la algunos defectos, sobre todo en cuanto a la “frialdad” con la que se realiza la intervención. “Hubo un punto en el que nos trataron mejor; me dio la sensación de que están acostumbrados y lo hacen todo muy mecánico”, dicen. Pero el caso es que su principal demanda fue desatendida por la Xunta, que puso el foco en el centro la donde envía los casos que el Sergas es incapaz de atender.
Así, la Consellería de Sanidade les ha anunciado en la carta que presentará “la oportuna denuncia” ante la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de la Comunidad de Madrid para que “tomen las medidas correctoras sobre ese centro sanitario, incluidas las sancionadoras, que correspondan”.
“La Xunta no asume sus responsabilidades y echa la culpa a otros”
Fuentes de ACAI (Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo), muestran su sorpresa por el anuncio de la denuncia, aunque desconfían de “que sea una respuesta tipo para lavarse las manos”. “La Administración gallega no asume sus responsabilidades, se lava las manos y ahora busca un chivo expicatorio, actúa por elevación y echa las culpas al centro Isadora”, explican desde la patronal de las clínicas abortivas, que se pregunta “en qué va a sostener la Consellería de Sanidade esa denuncia”. “Siempre se puede percibir un trato mejor o peor y es comprensible el enfado de quien tiene que asumir ese trance y, por si fuese poco, a kilómetros de distancia porque el sistema sanitario de Galicia no es capaz de ofrecerle la posibilidad ni las garantías”, explica.
Desde la propia clínica Isadora, fuentes médicas aseguran recordar perfectamente el caso y dicen “tener la percepción de que la pareja se acabó marchando tranquila”, aunque entienden también “el nerviosismo y el malestar al principio” de quien tiene que afrontar una interrupción del embarazo de este tipo en esas circunstancias. Este mismo centro, ante más denuncias desde Galicia de mujeres obligadas a realizar estos abortos euxenésicos en Madrid, ya había asegurado que “nadie había debido hacer tantos kilómetros” para un aborto que “debería regularse en la sanidad pública”. “Ojalá nadie tuviera que desplazarse a Madrid”, advertían a este diario.
Ahora, la clínica, que mantiene un convenio desde hace más de dos décadas con la Xunta, amenaza incluso con romper el acuerdo. “Llegará un momento en el que nos neguemos a hacer lo que nos llega derivado de la Sanidad gallega; no nos renta si, después de todo, nos denuncian”, dicen, tras advertir que en Galicia no se practican estos abortos terapéuticos “por no haber profesionales preparados y objetar muchos para evitar problemas”.