El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha dictado auto de apertura oral por la presunta trama de estafas cometidas contra varios hoteles de Mallorca por falsas intoxicaciones alimentarias. La Fiscalía, sin embargo, no formulará acusación en el marco de esta causa.
El Ministerio Público ha presentado un escrito en el que considera que los hechos no son constitutivos de delito y señala que tampoco se ha acreditado que los investigados sean los autores de los mismos. Sí se mantienen las acusaciones que formulan la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), MAC Hotels y AMLA Explotaciones Turísticas contra ocho personas, para quienes solicitan penas que oscilan entre los seis y los ocho años de prisión.
Dichas acusaciones sitúan a una empresaria británica de Magaluf al frente de una banda organizada que entre 2016 y 2017 supuestamente se dedicó a recabar datos de turistas británicos alojados en régimen de todo incluido en hoteles de Mallorca. El elevado tren de vida de la supuesta cabecilla llamó la atención de la Guardia Civil, que llegaron a hallar en su vivienda más de 45.000 euros en efectivo presuntamente procedentes del entramado y más de 38.000 dentro de sobres blancos en el interior de una caja fuerte. Según las pesquisas del Instituto Armado, los beneficios obtenidos a través de la estafa eran entregados a su madre para su posterior blanqueo en Reino Unido.
Según las acusaciones, presuntamente convencían a los viajeros para que, rellenando un formulario, hicieran constar que habían estado enfermos durante su estancia en el hotel, para así poder reclamar una indemnización económica en Reino Unido.
La legislación británica de aquel momento permitía presentar estas reclamaciones a través del touroperador hasta tres años después y como prueba bastaba demostrar que durante las vacaciones se había comprado cualquier medicamento contra dolencias estomacales, por ejemplo, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica. A continuación los touroperadores abonaban la indemnización al consumidor y después la descontaban al hotel.
La empresaria británica, junto a su familiar, habría creado una empresa dedicada a remitir los datos de los turistas a despachos de abogados de Inglaterra. A los otros imputados los sitúan como captadores de los turistas: supuestamente daban instrucciones a los viajeros sobre los pasos que tenían que seguir al volver a Reino Unido, y cobraban un porcentaje de la reclamación obtenida.
Se trata de una práctica habitual en Reino Unido, donde juegan un papel fundamental los captadores de reclamaciones o claim farmers. Se trata de figuras que se dedican a recabar quejas para después trasladarlas a despachos de abogados que, acto seguido, les abonan una comisión. Estas empresas operan desde hace más de veinte años en el país británico y son muy activas en su actividad de captación en redes sociales.
Perjuicio económico
En el auto de procesamiento, la juez estimó que durante el periodo investigado el perjuicio para los touroperadores y hoteles “superó notablemente la cantidad de 200.000 euros”. En los inicios de la investigación, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) cifró la cuantía de la estafa en 50 millones de euros.
Una de las cadenas denunciantes acumula cerca de 800 reclamaciones pero sólo consta que solicitasen asistencia médica 38 huéspedes. Además todos los hoteles habían pasado las inspecciones de salud satisfactoriamente, “incluso la de los propios turoperadores quienes, pese a las reclamaciones efectuadas, continuaban contratando con los mismos hoteles en los años sucesivos”.
En páginas web se ofertaba públicamente la posibilidad de obtener hasta 40.000 libras de indemnización, con un 98 por ciento de probabilidades de éxito y sin coste para el cliente.
La investigación culminó con una operación de la Guardia Civil en 2017 --se bautizó como 'Operación Claims'-- en diferentes municipios de Mallorca.
Modificación legal en Reino Unido
El problema de las intoxicaciones falsas en hoteles no sólo ha afectado a Balears, sino que también se ha dado en otras zonas de España como Canarias o Comunitat Valenciana.
El Gobierno británico promovió cambios legislativos tras detectar numerosos casos presuntamente irregulares: el número de personas que reclamaban por haber enfermado en vacaciones había aumentado más de un 500 por ciento en tres años, mientras que el número de casos de enfermedad notificados en el lugar turístico permanecía igual o era inferior.