Más de un centenar de familiares de Colisée Sa Residència de Eivissa, la residencia privada de mayores que gestiona este grupo francés en la isla denunciaron el pasado mes de febrero una veintena de supuestas irregularidades que estarían ocurriendo en el centro privado, según avanzó Noudiari y cuyo contenido íntegro fue publicado en exclusiva por elDiario.es. Este documento fue remitido, el 16 de enero de 2023, a la Dirección General de Atención a la Dependencia, dependiente de la Conselleria de Asuntos Sociales del Govern. Colisée explota más de medio centenar de residencias en toda España, pero también cuenta con establecimientos en Francia, Bélgica, Italia y China.
En concreto, Colisée Sa Residència recibe más de dos millones de euros anuales del Govern por las más de 80 plazas que tiene concertadas con la institución balear –de un total de más de 100–. Así se desprende del acuerdo de ampliación del concierto firmado el 31 de mayo de 2022 entre la Conselleria de Asuntos Sociales y STS Gestió de Serveis Sociosanitaris (ahora La Saleta Care SLU), para el servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència. El grupo francés fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT, según avanzó InfoLibre.
Durante la última semana los familiares han seguido denunciando presuntas irregularidades. “Se están modificando las pautas de medicación de los residentes sin pasar previamente por la consulta de un especialista y sin la autorización de su médico de atención primaria”, explica una de las portavoces autorizadas a elDiario.es. En el punto dos del escrito que los familiares enviaron a la Dirección General de Atención a la Dependencia afirman que Colisée aglutina todas las tarjetas sanitarias de los residentes en la misma farmacia del núcleo de población de Jesús –situada a un kilómetro del centro privado–. Según argumentan, siguiendo supuestamente las directrices de Colisée, a través de la farmacia indicada, se habrían llevado a cabo modificaciones en las pautas de medicación, sin la autorización de su médico de atención primaria ni de un especialista.
Los familiares, en el punto cuatro de las 20 presuntas irregularidades identificadas, aseguraron que “los errores en las pautas de medicación son frecuentes y de diversa índole”: ingesta de medicamentos en cantidades superiores o inferiores (durante más tiempo del necesario), lo que habría provocado hemorragias gastrointestinales en algunos residentes; dejar de proveer medicación básica (como en el caso de residentes con cardiopatías); modificación de los tratamientos pautados por los especialistas sin previo aviso ni comunicación a las familias y ausencia de control, en el caso de algunos residentes dependientes, respecto a su medicación.
La farmacia niega las acusaciones
elDiario.es se ha puesto en contacto con la farmacia de Jesús para consultar si es cierto que están modificando, por presuntas directrices de Colisée, pautas de medicación de los residentes sin autorización de sus médicos de atención primaria. La farmacia niega tajantemente las acusaciones, asegurando que son “muy rigurosos” en sus procedimientos. “Las pautas de medicación se modifican previa autorización del médico de Colisée y bajo la supervisión de un médico de la Unidad Básica de Jesús”, responde sobre esta cuestión. La dirección del centro, por su parte, explica a este diario que “toda intervención de carácter médico o farmacológico cuenta con la supervisión médica correspondiente”.
Sin embargo, la versión de una de las familiares –una de las portavoces– es otra: según su testimonio, el viernes pasado uno de los médicos de la Unidad Básica de Jesús –el que tiene asignado su familiar– le aseguró, personalmente, que no había autorizado ningún cambio de medicación. “La orden del cambio vino directa y exclusivamente de la residencia (Colisée) y el cambio del empaquetado en blisters del fármaco lo hizo la farmacia sin previa consulta con los médicos de atención primaria. Es decir, que la farmacia da por ‘buenas’ las indicaciones de la residencia de manera directa”, afirma la afectada.
La orden del cambio vino directa y exclusivamente de la residencia (Colisée) y el cambio del empaquetado en blisters del fármaco lo hizo la farmacia sin previa consulta con los médicos de atención primaria
elDiario.es se ha puesto en contacto con la Conselleria de Salud para esclarecer esta cuestión. “Únicamente los médicos del Servicio de Salud, o de los centros que forman parte de la red pública hospitalaria (Hospital San Juan de Dios o Cruz Roja) disponen de permisos para poder prescribir medicamentos en el sistema de receta electrónica”, señalan. Las mismas fuentes indican que un médico sin permisos “no puede cambiar lo que un paciente tiene disponible para su dispensación en oficina de farmacia, salvo que recurra a las recetas privadas”. Algunos familiares afectados por esta cuestión niegan que se esté aplicando el protocolo que detalla la Conselleria de Salud.
Inspección constata ‘deficiencias’
Los familiares presentaron por registro de entrada, el pasado 11 de enero, un escrito al Consell d’Eivissa en el que denuncian la situación que aseguran estar viviendo. El 13 de enero el Consell Insular realizó una inspección que certificó “diferentes deficiencias en el funcionamiento y en la atención a las personas usuarias”, por lo que instó a la dirección del centro a “enmendarlas”.
El 10 de febrero hubo una reunión entre Colisée y los familiares en la que la dirección les presentó un ‘Plan de Acción’, a cuyo contenido íntegro, actualizado a 23 de febrero, ha accedido elDiario.es (este diario ha podido comprobar que es el mismo plan que recibió el Govern antes de ser actualizado). Este plan se elabora después de la inspección realizada por el Consell Insular el 13 de enero y del escrito que los familiares enviaron a la Dirección General de Atención a la Dependencia tres días después de la inspección.
En el texto se reconoce, por ejemplo, que hay que “fiscalizar el trabajo del departamento de enfermería” para asegurar que se cumplen “los registros correspondientes de administración, faltas e incidencias de medicación (...). Que se sigue un plan de curas actualizado con pautas médicas y su registro correspondiente”. “Se han organizado los carros de medicación y se han dado pautas de cómo administrar para evitar errores”, incluye el ‘Plan de Acción’.
El documento enumera las incorporaciones que la empresa ha empezado a llevar a cabo para paliar el déficit de personal que se ha denunciado. Según el comunicado que Colisée remitió a elDiario.es, la empresa está reforzando la organización y capacidad asistencial del centro “en el contexto actual”. El objetivo es “la ampliación de la plantilla a largo plazo”. La versión de los familiares consultados, sin embargo, es que solamente se están cubriendo plazas que estaban vacantes, mientras que los problemas estructurales de falta de personal seguirían vigentes.
Una de sus preocupaciones es que parte del personal que ha empezado a trabajar en el último mes ha sido reubicado por la empresa desde otros centros de Colisée a la residencia de Eivissa (como reconoce la empresa en su ‘Plan de Acción’). Son trabajadores temporales que están siendo alojados en hoteles, “debido a la falta de disponibilidad de alojamiento” que hay en la isla. Algunos familiares se preguntan qué pasará cuando empiece la temporada turística y los hoteles tengan una ocupación elevada.
Personal cualificado
elDiario.es no ha podido saber cuánto personal hay trabajando, en estos momentos, en Colisée Sa Residència. No se sabe cuántos son fijos, ni cuántos son temporales y tampoco se puede comprobar si se están cumpliendo las ratios. Según el decreto 86/2010, por el cual se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales, en el artículo 25 se establece, en cuanto al personal cuidador, que debe de haber 30 personas contratadas por cada 100 usuarios. Los familiares han solicitado esta información, según afirman, en una reunión con la dirección del centro, motivo por el que señalan “falta de transparencia”. Esta es una cuestión que puede esclarecer el Consell Insular mediante sus competencias atribuidas en materia de inspección.
El Consell Insular no ha respondido a las preguntas formuladas por elDiario.es. Entre ellas, consultaba a la institución si portavoces de los familiares podrían participar en las reuniones de seguimiento con Colisée y si tenían el organigrama completo de los trabajadores del centro privado, junto a sus funciones y titulación
Sobre este aspecto, los familiares exigen “conocer con transparencia la relación de los puestos de trabajo”, es decir, el organigrama y la totalidad de los trabajadores “con las funciones a desempeñar en cada uno de los puestos” para garantizar “el cumplimiento de la normativa balear”. Para ello, quieren comprobar que cada trabajador tiene la titulación requerida para el desempeño de sus funciones. “Es importante saber cuántos son gerocultores (un puesto cuya formación es inferior a la del auxiliar de enfermería), trabajadores sociosanitarios o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería”, comentan.
El decreto 86/2010 establece que los directores y directoras de las residencias deben tener “titulación universitaria”, además de “formación complementaria de especialista universitario en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de la dependencia”. La legislación autonómica añade que “si una persona sin titulación universitaria ya ejerce como director o directora tiene que tener, como mínimo, tres años de experiencia demostrada y acreditada en la dirección de centros”, así como la formación complementaria de especialista en el ámbito de la dependencia.
La supuesta falta de cualificación de parte del personal ya ha sido denunciada anteriormente por parte de las familias. Colisée no hizo comentarios sobre esta cuestión al ser preguntada por elDiario.es y se limitó a responder lo siguiente: “La empresa está a disposición de todos los residentes y sus familiares para escuchar sus opiniones y propuestas de mejora y está respondiendo las peticiones de información formuladas por distintos medios de comunicación”.
Colisée explica en el ‘Plan de Acción’ que “el día de la inspección había habitaciones sin timbres de llamada o desconectadas”. Esta cuestión fue denunciada por los familiares en el punto ocho de su escrito: “En la zona amarilla se desconectan los timbres de llamada de las habitaciones para que los residentes no molesten por las noches solicitando ayuda para ir al baño (así se ha puesto en conocimiento a los familiares por parte de algunas cuidadoras del centro), aplicándoles, a su vez, sujeción a las camas para que no se puedan levantar”. La residencia, en su plan, ordena “de forma inmediata” un cribado en todas las habitaciones para “comprobar que los timbres estén debidamente conectados y en funcionamiento”. En caso de que falten, “se realizará el pedido de forma urgente al proveedor correspondiente”.
En la zona amarilla se desconectan los timbres de llamada de las habitaciones para que los residentes no molesten por las noches solicitando ayuda para ir al baño, aplicándoles, a su vez, sujeción a las camas para que no se puedan levantar
Una familiar preguntada sobre si se ha resuelto esta incidencia argumenta que estos timbres iluminan una bombilla (aunque también se debería accionar un timbre, explica) “que nadie ve porque nadie se queda de guardia en el control de la zona amarilla (donde se encuentran residentes con un elevado grado de dependencia)”. “Aunque se active el timbre o se grite hasta la extenuación pidiendo ayuda, nadie lo oye”, lamenta.
Los familiares no asisten a las reuniones
El Consell Insular (con competencias en inspección y sanción) explicó el 15 de febrero que el director del Hospital Residencia Asistida Cas Serres, dependiente del Consell, visitaría varias veces a la semana la residencia de mayores para “supervisar” el plan anunciado por el grupo francés. Según se indica en el ‘Plan de Acción’, hasta el 23 de febrero, la residencia recibió visitas el 17 y 22 de febrero, en las que el director de Cas Serres habría realizado una serie de propuestas. Entre las actuaciones, el Consell d’Eivissa anunció dos reuniones por semana entre la institución y el centro privado para actualizar “el estado de aplicación de este plan, para analizar posibles modificaciones y corregir posibles distorsiones”.
Los familiares consultados por elDiario.es aseguran que quieren tener representantes en esas reuniones. Sin embargo, el Consell Insular, en sus palabras, rechaza esta opción al tratarse de “reuniones técnicas”. Esta redacción no ha recibido respuesta del Consell, de momento, a la pregunta formulada sobre esta cuestión. En una entrevista en Diario de Ibiza, Carolina Escandell (PP), consellera insular de Bienestar Social, responde que los familiares no pueden formar parte de las reuniones porque son “trabajo técnico”.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según han sostenido en diferentes ocasiones los familiares a elDiario.es, entre ellos hay trabajadores sanitarios (tanto del ámbito privado como del IB-Salut, la sanidad pública balear) que se organizarían en diferentes áreas para supervisar, a modo informal, el funcionamiento de la residencia. Muchos de ellos acudirían al centro, además, para dar el desayuno, la comida y la cena a los residentes, para limpiarlos y darles la medicación porque no confían en la dirección, según explicaron a esta redacción. La empresa, cuando fue consultada por esta cuestión, no comentó nada al respecto.
De la lectura del documento de siete páginas remitido a la Conselleria de Asuntos Sociales se desprende que está elaborado por personas con elevados conocimientos en materia sanitaria. Entre los familiares hay, incluso, profesionales con experiencia en la evaluación de políticas sanitarias.
La versión de Colisée
A las preguntas formuladas por elDiario.es, la dirección de Colisée Sa Residència ha mandado un comunicado que reproducimos en su totalidad:
Desde la dirección de Sa Residència, seguimos trabajando para restablecer la situación en el centro. En este sentido, estamos avanzando en la implementación del Plan de Acción comunicado a las administraciones competentes, con quien estamos en contacto constante por diversos canales.
Desde finales de la pasada semana, estamos avanzando satisfactoriamente en la implementación de una última actualización del Plan de Acción, con un calendario de actuaciones concretas sobre el que se ha informado a las administraciones competentes, a las personas residentes y a sus familiares.
Asimismo, estamos en contacto con las instituciones sanitarias competentes para acordar el protocolo de atención médica por parte de los centros de atención sanitaria comunitaria, y toda intervención de carácter médico o farmacológico en el centro cuenta con la supervisión médica correspondiente.
Como hemos ido informando a administraciones, personas residentes y sus familiares, el refuerzo del equipo del centro en el contexto actual, así como su ampliación y formación a largo plazo, están siendo una prioridad para la dirección de Sa Residència.
Junto a la incorporación de profesionales, hemos implementado diferentes medidas orientadas a la reorganización del centro con el objetivo de asegurar una atención eficiente, eficaz y satisfactoria para las personas residentes. Además, con la puesta en marcha del Plan de Acción hace semanas, se revisaron todas las instalaciones y sistemas de comunicación entre los residentes y los profesionales del centro, eliminando cualquier tipo de incidencia.
Desde Sa Residència, seguimos poniendo todos los esfuerzos económicos, humanos y materiales necesarios para restablecer la situación en el centro y asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas residentes y la confianza de sus familias. Con todas ellas, estamos en contacto constante para que estén debidamente informadas y para escuchar sus opiniones y aportaciones.
En este sentido, el organigrama actual del centro está a disposición permanente de todas las personas residentes y sus familiares, con indicación de las funciones de los distintos profesionales, asignadas de acuerdo con la normativa vigente.
El equipo de Sa Residència estamos comprometidos con la salud y el bienestar de todas las personas a las que cuidamos, y seguimos trabajando para garantizar su satisfacción y calidad de vida en el centro.
Los familiares exigen atención sanitaria adecuada
En los tres primeros puntos del documento remitido al Govern, las familias denuncian que no se realiza un seguimiento de las patologías de los residentes, sino que, cuando el estado de salud de algún residente “está empeorando o sufriendo una descompensación”, son los familiares quienes “alertan de estos síntomas”. Según apuntan, estos hechos han ocasionado hospitalizaciones tardías, “algunas potencialmente evitables”, en situaciones de “gravedad amenazante para sus vidas y con serias secuelas”.
En el momento en que los pacientes entran en la residencia, denuncia el escrito, “son desarraigados de sus equipos de Atención Primaria habituales, aquellos profesionales sanitarios conocedores del proceso y evolución de su enfermedad”, según dicen, en algunos casos, sin el consentimiento de las familias. Esta situación estaría provocando, argumenta el texto, que los pacientes quedan “en un limbo para el sistema público de salud, viendo limitada la entrada a la atención sanitaria vía las Urgencias del hospital de agudos”.
Lo que piden las familias en este escrito es que, dado que los pacientes están catalogados como “pacientes crónico avanzados” y/o “pacientes crónico complejos” por el sistema público de salud, deberían entrar en los circuitos, protocolos y planes de actuación específicos de abordaje a la cronicidad “basados en la atención a la enfermedad de forma integral y nunca basada en el tratamiento de los procesos de descompensación agudos como eventos independientes”.
La petición de los familiares coincide con la resolución del 28 de julio de 2022, del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, por la cual se publicó el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El punto decimotercero, redactado considerando el artículo 14 en el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas relativas al Sistema Nacional de Salud, indica que “la atención integral social y sanitaria es necesaria para todas las personas en situación de dependencia, especialmente para aquellas personas con enfermedades avanzadas, demencias, problemas de conducta, enfermedad mental, necesidades médicas específicas, cuidados paliativos (...) que además presentan necesidades sociales”.
El texto indica que la atención sanitaria es “responsabilidad del Sistema Nacional de Salud”, que tiene que garantizar el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios para las personas en situación de dependencia, así como para el resto de la población, “independientemente de que estas residan en domicilios particulares o colectivos”.
Las recomendaciones de Salud
El Govern balear publicó, el 27 de enero de 2023, el Plan de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas (2016–2021), en cuya introducción, Patricia Gómez (PSOE), consellera de Salud, explica que se trata de “un plan ambicioso que recoge todo un conjunto de objetivos y de acciones dirigidos a mejorar la atención a personas con enfermedades crónicas en el horizonte 2021”. “El plan que presentamos será un instrumento dinámico de largo recorrido que representará un cambio importante en la manera de actuar frente a las enfermedades crónicas”, explicaba Juli Fuster, entonces Director General del IB-Salut.
En 2015, con la entrada en el gobierno del primer Pacte de Progrés, la Conselleria de Salud crea la Subdirección de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria, Salud Mental y Enfermedades poco frecuentes, desde la cual se impulsa el diseño y la implementación del plan de atención a las personas con enfermedades crónicas.
En las páginas 48 y 49 del documento se establece la necesidad de impulsar “una coordinación eficaz entre los servicios sanitarios y los servicios sociales” con el objetivo de “asegurar una atención integral”. Este punto indica que para dar una respuesta a este perfil de personas “en situación de complejidad y dependencia, con importantes necesidades sanitarias y sociales”, se debe impulsar la “cooperación multiprofesional y asegurar la continuidad de los cuidados”. Para ello, “es fundamental compartir sistemas de información”.
En el ‘Plan de Acción’ de la residencia privada también se puede comprobar que es una de las peticiones que hace la empresa a Salud. Según consta en el documento, Toni Guerra, director de Calidad Médico de Colisée, se reunió el 13 de febrero con médicos del centro de salud “para mejorar el seguimiento de Atención Primaria, ya que es responsabilidad de ellos dar atención a nuestros usuarios”. “Se organizará una reunión con el Director Médico de la zona de salud para llegar a un acuerdo”, añadía la dirección.
Según una circular del 1 de marzo a los familiares a la que ha accedido este diario, Colisée solicitó, “en la medida de lo posible”, aportar al equipo médico del centro el historial clínico y farmacológico pautado por el IB-Salut. Este correo electrónico podría ser el inicio del intercambio de información entre la residencia privada y el sistema de salud público, como exigen los familiares, para mejorar el seguimiento y control de las patologías de los pacientes.
El Plan de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas (2016–2021) detalla en la página 27 que “la falta de coordinación entre niveles de atención sanitaria (atención Primaria–atención Hospitalaria) y entre el sistema sanitario y el social es uno de los principales condicionantes de la calidad asistencial, de la seguridad en la atención y de la ineficiencia en la provisión, desarrollo y gestión de los recursos disponibles”. El texto incide en que esto conduce a que los servicios no se den “en el nivel más adecuado ni por el profesional más idóneo”, lo cual “genera frustración y malestar entre los profesionales”.
El documento cita la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud de 2012 (consensuada con las comunidades autónomas, competentes en sanidad) que indica que “los pacientes con una mayor complejidad y/o con una pluripatología necesitan una gestión integral del caso en su conjunto, con cuidados fundamentalmente profesionales, dirigidos a los pacientes y a su entorno cuidador”.
El texto elaborado por Salud ahonda, en la página 29, en la idea de que los pacientes con enfermedades crónicas son los que “más dificultades” tienen para acceder y circular a través del sistema de salud “ya que no existe un adecuado ajuste entre sus necesidades y la atención que reciben”. Este hecho afecta especialmente al grupo de pacientes que presentan “pluripatología, comorbilidad o se encuentran en situación de especial complejidad”, como es el caso de la mayoría de los usuarios de Colisée Sa Residència.
En el punto uno del escrito que enviaron al Govern, los familiares de los residentes sostienen que la falta de seguimiento y control en sus patologías ha ocasionado “hospitalizaciones tardías, algunas potencialmente evitables, en situaciones de gravedad amenazante para sus vidas y con serias secuelas”. En la página 31 del plan redactado por Salud se establece que “la prevención de complicaciones evitables en este perfil de población debe ser un objetivo fundamental en la atención hospitalaria, no solo para mejorar la calidad asistencial, si no por eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario”.
El 13 de abril de 2016 quedó aprobada, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas. En la página 113 del texto se establece, como línea estratégica, la coordinación sanitaria y social. Entre sus objetivos específicos, se busca establecer en las comunidades autónomas “un sistema formal de coordinación entre las distintas instituciones con competencias y recursos sociales y sanitarios para organizar las prestaciones de apoyo a la persona afectada y a quien les cuida”. En el punto tres se especifica la necesidad de impulsar la historia clínica única y compartida.
“La desvinculación del sistema sanitario de las residencias deja en extrema vulnerabilidad a los residentes–pacientes con enfermedades crónicas”, insiste una de las portavoces de los familiares a elDiario.es. Esta portavoz, doctora en Economía Aplicada y con amplios conocimientos en el campo de la Economía de la salud, asegura que las hospitalizaciones que se producen –muchas de ellas derivadas de esta supuesta gestión ineficiente– tienen un elevado coste para el sistema público de salud, como sostiene también el documento elaborado por la Conselleria de Salud. Un ingreso por shock séptico, por ejemplo, tiene un coste de unos 30.000 euros para la sanidad pública, según sus estimaciones. Esta portavoz lamenta también que el coste derivado de las hospitalizaciones –que consideran, en algunos casos, potencialmente evitables– recaiga en la sanidad pública y no en Colisée Sa Residència.
elDiario.es no ha encontrado ninguna normativa que justifique que el IB-Salut pueda, en palabras de los familiares, desvincular de Atención Primaria a los residentes–pacientes con enfermedades crónicas. La Ley 5/2003 de Salud de las Illes Balears establece, en su artículo 19, que los usuarios de los servicios sanitarios públicos tienen derecho a “la libre elección de médico, servicio y centro, dentro del área de salud y de acuerdo con la planificación de la asistencia sanitaria”.
El IB-Salut no niega la atención asistencial a los residentes de Colisée cuando llegan a Urgencias del Hospital Can Misses, pero no les practican consultas domiciliarias en la residencia que puedan evitar esas hospitalizaciones, según señalan los familiares. Tampoco son citados por parte de los médicos de Atención Primaria como parte del proceso de control y seguimiento de sus patologías para, en caso de que fuera necesario, ser derivados a sus especialistas. Los pacientes pueden ejercer sus derechos ante el Defensor de los Usuarios.
A la petición formulada por elDiario.es sobre si está previsto que se adopten las medidas que piden los familiares, fuentes de la Conselleria de Salud indican que los usuarios de una residencia de mayores (sea pública, con plazas concertadas o privada), al igual que el resto de las personas que viven en su domicilio, tienen asignados profesionales sanitarios de los equipos de atención primaria, “por lo que pueden beneficiarse de los mismos circuitos y procesos de atención”.
Las mismas fuentes apuntan a que, tras una primera auditoría de las historias clínicas de los residentes (realizada en el mes de enero), se ha comprobado que “todos los pacientes que requieren asistencia por parte de los profesionales del Servicio de Salud están siendo atendidos en coordinación con los equipos de profesionales de la residencia”, según la versión de la Conselleria de Salud.
Entre las actuaciones que se han llevado a cabo, explican, ha habido una actualización de la prescripción farmacéutica; solicitud, validación e información de resultados analíticos; derivaciones a especialistas hospitalarios; solicitud de pruebas diagnósticas complementarias; seguimiento por la central COVID; vacunación y valoración por parte de médicos de atención primaria y por parte del Servicio de Urgencias de Atención Primaria cuando ha sido solicitado.
Consultados por la respuesta de Salud, algunos familiares explican que este martes detectaron tres casos de usuarios que tenían su médico de atención primaria en Jesús y que han sido reasignados a un centro de salud de la capital de Eivissa. “La contestación de Salud parece más un relato de lo que saben que deben hacer que de lo que realmente han llegado a poner en marcha”, explican. “No podemos ni confirmar ni desmentir el comunicado porque no hemos sido testigos de ninguna otra acción”, aseguran. Según su versión, siguen sin recibir llamadas para citar a sus familiares y ser evaluados presencialmente por los equipos de Atención Primaria y personal médico especialista. “No hemos visto todavía a ningún profesional de Atención Primaria pasando consulta domiciliaria en el centro”, concluyen.
El documento de la Conselleria de Salud apunta a que la crisis financiera iniciada en 2009 provocó “recortes agresivos en sanidad en el periodo 2011–2015 que abocaron a la Atención Primaria a una situación de dificultad”. Esto tuvo, entre sus consecuencias, falta de inversión, ninguna infraestructura sanitaria durante esos cuatro años, recortes en docencia e investigación y la media de cupo de pacientes por médico y enfermero de familia más altos de España. Durante esa legislatura el presidente del Govern fue José Ramón Bauzá (PP), en la que hubo tres consellers de Salud. Dos de ellos dimitieron en un contexto de protestas y reivindicaciones por parte de los profesionales.
El marco de competencias
El decreto 48/2017, por el cual se establecen los principios generales a los cuales se tienen que someter los conciertos sociales, explica en su punto 27 que los servicios concertados quedan sujetos al control técnico y de carácter financiero, y a las funciones inspectoras y sancionadoras de las administraciones competentes en la materia –en este caso el Consell Insular–, y que la administración competente puede requerir de oficio a la entidad titular del servicio una auditoría técnica o económica para garantizar la calidad y la sostenibilidad del servicio concertado, así como los derechos de las personas atendidas. A finales de octubre, Asuntos Sociales llevó a cabo una auditoría técnica cuyo resultado ha sido trasladado al Consell Insular, señalan a elDiario.es fuentes de la Conselleria.
La Ley 4/2009 de servicios sociales de las Illes Balears establece en su artículo 101 que la inspección debe garantizar “los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales” y supervisar y garantizar la finalidad y “la adecuada utilización de los fondos públicos concedidos a las personas físicas o jurídicas y a las entidades públicas o privadas que actúan en el ámbito de los servicios sociales”. El artículo 102 dispone que “las entidades, los servicios y los establecimientos de servicios sociales deben inspeccionarse periódicamente, y las actuaciones de inspección se inician de oficio, ya sea por iniciativa propia del órgano competente, por orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia”. El artículo 123 establece que si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta el órgano competente lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano judicial que corresponda.
En cuanto a las infracciones que se consideran muy graves –se pueden sancionar con multas de entre 60.001 y 600.000 euros–, el artículo 129 cita, entre ellas, incumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud, la administración correcta de los medicamentos y el acceso a los recursos sanitarios necesarios; actuar con falta de transparencia y claridad en la administración y la custodia de los bienes de las personas usuarias o someter a los usuarios a cualquier tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción médica y supervisión, “excepto en el supuesto que haya peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas”.