La detención de estudiantes y activistas propalestinos siembra el miedo en la Universidad de Columbia

El miedo se ha convertido en la nueva realidad en la Universidad de Columbia, en Nueva York, después que el pasado fin de semana los agentes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaran a Mahmoud Khalil, estudiante palestino que residía legalmente en el país, por su participación en las protestas del año pasado contra la guerra de Gaza.

Una segunda estudiante palestina, Leqaa Kordia, cuyo visado había expirado, ha sido detenida por los agentes del ICE, según ha anunciado el Departamento de Seguridad Nacional. Además, el mismo ministerio asegura que otra estudiante de doctorado que había participado en las protestas, Ranjani Srinivasan, que tenía visado y es originaria de India, aceptó marcharse voluntariamente del país después de que su visado fuera cancelado por la Administración.

En Columbia, el campus ha estado totalmente blindado y con más agentes de seguridad en las entradas para evitar la presencia de los del ICE desde el arresto de Khalil. “Hacemos las clases por Zoom para proteger a alumnos internacionales que también pueden ser blanco de los agentes del ICE por su participación en las protestas”, explica a elDiario.es Patricia Dailey, profesora de Inglés y Literatura comparada en Columbia. 

A pesar de que los agentes del ICE no pueden entrar en el campus sin una orden judicial, sí pueden estar en las inmediaciones, siempre y cuando sean espacios públicos. Por ello, el camino a clase o a los alojamientos de la Universidad que están fuera del campus se ha convertido en peligroso para otros estudiantes internacionales implicados en las protestas. Igual que se están dando algunas clases por Zoom, también se está enviando información para explicar a los alumnos cómo reaccionar si se encuentran con un agente del ICE. 

Se trata de instrucciones similares a las que las organizaciones que trabajan con migrantes llevan semanas repartiendo a las personas indocumentadas. La diferencia es que ahora esa información la reciben personas que se encuentran en Estados Unidos de forma legal y que, aun así, corren el riesgo de ser deportadas debido a la persecución que ha iniciado Trump contra todos los estudiantes que se han manifestado en contra de Israel.

El primero de muchos arrestos

El pasado lunes, Trump decía en un post de su red Truth Social que las autoridades van a “encontrar, arrestar y deportar a todos los simpatizantes de los terroristas del país –y nunca van a volver–”. “Este es el primer arresto de muchos que vendrán”, aseguró. El propio presidente dijo que Khalil era “un estudiante extranjero radical pro-Hamás”, una acusación que podría ser empleada en su contra en el juicio en el que se decidirá sobre su deportación. El intento de deportación ha sido paralizado temporalmente por un juez federal. 

Un día antes de la detención de Khalil, la Administración Trump ya aplicaba la primera medida de castigo contra Columbia por las protestas de hace casi un año y cancelaba 400 millones de dólares (unos 369 millones de euros) en subvenciones y contratos federales de esta universidad.

“Llevo 20 años trabajando en esta universidad y nunca antes había visto una situación así”, explica Dailey, que también denuncia que el mismo día que arrestaron a Khalil quisieron detener a otro estudiante de Arquitectura a quien no lograron encontrar. En un comunicado del pasado martes, la Asociación de Profesores Universitarios Americanos (AAUP) de Columbia también denuncia que los agentes de inmigración han “tocado a las puertas de otros estudiantes sin garantías judiciales”.

“El ambiente de vigilancia y escrutinio, tanto por parte de los medios como de la Administración, es muy incómodo. Y es triste. Es realmente triste, porque siento que nos convierten en un espectáculo, un espectáculo público de castigo para el resto”, expone Dailye. “No solo es un ataque a Columbia, sino a las universidades y a la libertad de expresión, y al derecho a protesta”.

La primavera pasada los republicanos pusieron en el punto de mira a la Universidad de Columbia por ser el epicentro de las acampadas propalestinas que se extendieron por todo el país. Las movilizaciones sirvieron de pretexto para cebarse aún más con las universidades de la llamada Ivy League (las universidades de élite de EEUU) por sus políticas para fomentar la diversidad de género, raza y otras variables. Las protestas propalestinas fueron tachadas de antisemitas, a pesar que en ellas participaron estudiantes judíos que se oponían a la guerra en Gaza, y se puso en entredicho el derecho a manifestarse. 

Los republicanos acusaron a los manifestantes propalestinos de generar un sentimiento de inseguridad en el campus e interferir en el derecho a la educación de los alumnos judíos, y alegaron que las protestas no podían interferir en las clases. Ahora es la represión por parte de la nueva Administración republicana la que interfiere en las rutinas de los alumnos, ya que ha generado miedo y ha llevado a que algunos opten por recibir las clases desde casa. 

“Como profesores, intentamos transmitir calma y centrarnos en crear unas condiciones seguras para que ellos puedan concentrarse con sus clases. Debemos seguir proporcionando un espacio para la enseñanza, porque si renunciamos a ello, entonces hemos perdido”, apunta Dailey. La profesora de Inglés explica que no solo se ha puesto en el punto de mira a los alumnos, sino también a todos aquellos profesores que defendieron el derecho a la manifestación el año pasado. Entonces denunciaron como los ataques contra Columbia eran un intento por parte de los conservadores de atacar la libertad de cátedra en las universidades. 

Ahora, Trump ya ha amenazado con recortar fondos a todos aquellos centros educativos que continúen aplicando las políticas para proteger a las minorías (DEI, por las siglas en inglés de diversidad, equidad e igualdad). A principios de esta semana, el Departamento de Educación envió una carta a 60 universidades públicas y privadas en la que advertía a los centros de posibles “acciones coercitivas” si no toman medidas para proteger “a los estudiantes judíos en el campus”. 

Castigos “ejemplares” para Columbia

Para Dailey, la cancelación de fondos federales y el arresto de Khalil son medidas que producen un daño económico a la universidad, indirectamente. “Ahuyentan a la gente. Tratan de decir que Columbia no es segura, que no vengan aquí. De alguna manera, lo que quieren es golpear a Columbia económicamente en todos los aspectos posibles. Y esa es una de las mejores formas de hacernos daño, porque reduce la cantidad de personas que quieren donar dinero. Tuvimos muchos estudiantes internacionales que no vinieron este otoño por la mala reputación, así que nuestro presupuesto se vio afectado. Toda esta publicidad está causando mucho daño a la educación en sí misma”, lamenta la profesora.

En un correo enviado a la comunidad universitaria el jueves, la dirección de Columbia anunció que ha expulsado, suspendido y revocado títulos a aquellos estudiantes que ocuparon el edificio Hamilton Hall durante las protestas contra la guerra de Gaza. El correo no indica cuántos alumnos se han visto afectados de un expediente que ya estaba en curso antes de las amenazas de la Administración Trump.

El Gobierno también ha exigido a Columbia que implemente cambios drásticos en la disciplina del alumnado y en el proceso de admisión. Solo entonces, va a reconsiderar la cancelación de los 400 millones de dólares en subvenciones y contratos gubernamentales. La Administración Trump pide a la universidad que formalice su definición de antisemitismo, que prohíba el uso de máscaras “destinadas a ocultar la identidad o intimidar” y que supervise el Departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia del Sur y África. “Esperamos su cumplimiento inmediato”, han señalado funcionarios del Departamento de Educación en una carta. 

“Toma autoritaria”

El anterior rector de Columbia –que precedió a Minouche Shafik, quien dimitió el año pasado a raíz de las presiones por las protestas “antisemitas”–, Lee Bollinger, se pronunció sobre la detención de Khalil y lo que, en su opinión, es una “toma autoritaria” de la univerisdad por parte del Gobierno de EEUU, según declaró a Chronicle of Higher Education.

“Ha estado avanzando y avanzando, y no todo el mundo está preparado para verlo de esa manera. Los personajes considerados modelos a seguir, como Orbán y Putin, indican que la estrategia es crear una democracia iliberal, una democracia autoritaria o una democracia de hombre fuerte. Eso es lo que estamos viviendo”, señaló Bollinger. Para el exrector, lo que está pasando ahora mismo en Columbia es uno de los primeros síntomas de una deriva autoritaria: “Neutralizas los poderes del Gobierno, neutralizas los medios de comunicación, neutralizas las universidades, y estás en el camino. Estamos empezando a ver los efectos en las universidades. Es muy, muy aterrador”.

“Para nosotros no es una sorpresa la detención de Mahmoud y lo van a usar para convertirlo en un ejemplo, no solo para los palestinos, sino para las comunidades migrantes en general que ejerzan la Primera Enmienda de la Constitución [el derecho a la libertad de expresión]”, explica a elDiario.es Nesreen Hasan, de la Red de la Comunidad Palestina en EEUU. “Estamos preocupados, pero no vamos a dejar de movilizarnos y de protestar, porque si paramos les damos luz verde para que vayan más allá en los ataques contra nuestra comunidad y el resto de comunidades migrantes”. 

Hasan apunta que la escalada de la persecución contra la comunidad palestina y el movimiento propalestino es consecuencia del legado del anterior presidente, Joe Biden, para cuya Administración las acampadas en contra de la guerra representaron una de las mayores contestaciones a sus políticas. “Biden puso las bases para que Trump hiciera esto. No creo que Trump hubiera ido tan lejos si Biden no hubiese empezado. Recuerdo cuando hubo las acampadas y la Casa Blanca envió comunicados denunciando las protestas y los estudiantes que estaban en ellas”. 

Con estos ataques a la comunidad palestina, Hasan cree que el Gobierno está preparando un nuevo veto de entrada en Estados Unidos como el que Trump aprobó en su primer mandato para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (entonces los tribunales pararon el decreto).

El pasado 20 de enero, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump tenía como objetivo proteger a Estados Unidos de “amenazas extranjeras terroristas” y, entre otras muchas cosas, pedía a las autoridades competentes “identificar a países en todo el mundo” cuyos ciudadanos representen un riesgo para la seguridad y, por tanto, se justifique “una suspensión parcial o total de la admisión de sus nacionales” en EEUU, sentando así las bases para una futura prohibición.