Los gobiernos europeos imponen la vacunación para intentar frenar la oleada de COVID

A medida que bajan las temperaturas, se aproxima la temporada navideña y aumentan los casos de COVID en Europa, varios países europeos están poniéndoselo cada vez más difícil a las personas no vacunadas en un intento por cerrar las brechas de inmunización y responder a la nueva oleada sin mayores restricciones.

Esta presión está cobrando forma, sobre todo, de pasaportes COVID reforzados que en la práctica hacen que quienes no están dispuestos a vacunarse no puedan entrar en muchos espacios públicos. La otra política pública que se está extendiendo es la vacunación obligatoria, sobre todo para determinados grupos profesionales, pero también emergen planes de ampliarla a la población general. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado partidaria al menos de abrir el debate.

Pasos hacia la vacunación obligatoria

Uno de los países que más lejos ha llegado en este sentido es Austria, donde la población se encuentra desde hace días confinada en un intento de aliviar la carga en los hospitales tras el aumento récord de infecciones en noviembre. Según los datos recopilados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el 65,6% de la población total (el 76% de los adultos) tiene la pauta completa en Austria, una de las tasas más bajas de Europa Occidental.

En una medida inédita hasta ahora en la Unión Europea durante la pandemia, el Gobierno planea imponer la vacunación obligatoria a la población general. Presentará el proyecto de ley la semana que viene para que sea aprobado por el Parlamento y pueda entrar en vigor en febrero. Hay algunas cuestiones claves por aclarar acerca de cómo funcionará en la práctica, como la edad mínima para la obligatoriedad y quiénes estarán exentos. Las autoridades han dicho que los niños probablemente no se vean afectados. El diario Die Presse ha informado de un primer borrador que prevé multas de hasta 7.200 euros para quien se niegue a vacunarse.

El anuncio ha intensificado las divisiones en la sociedad austríaca. El ministro de Sanidad, Wolfgang Mückstein, ha pedido a los ciudadanos que se vacunen cuanto antes y no esperen a que la ley entre en vigor. “Sí, [la obligación] supone una intromisión en los derechos y libertades fundamentales”, ha reconocido Mückstein, razón por la cual, ha dicho, se está hablando con otros partidos, pero a la vez ha defendido que es “la única alternativa” para aumentar la cobertura. 

En la vecina Alemania, pese al escepticismo inicial, la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria a la población general cobra cada vez más fuerza. Se espera que el Bundestag (la cámara baja del Parlamento) decida si aprobarla o no en las próximas semanas. El Gobierno federal y los länder han celebrado esta intención en una decisión adoptada este jueves, donde aseguran que podría entrar en vigor en cuanto se garantice que todas las personas que vayan a ser vacunadas puedan serlo, es decir, a partir de febrero de 2022. Además, piden al Consejo de Ética que elabore una recomendación al respecto antes de finales de año.

La canciller Angela Merkel se ha posicionado a favor, y el líder socialdemócrata Olaf Scholz, que la sucederá la semana próxima, también ha apoyado la medida y se ha comprometido a impulsar el trámite parlamentario. También ha asegurado que dejará libertad de voto a los diputados. La cuestión puede toparse con rechazos, por ejemplo entre los liberales, sus socios de coalición. Lothar Wieler, el director de la autoridad sanitaria, el Instituto Robert Koch (RKI), ha abogado este viernes por un debate cuidadoso y ha dejado claro que hace falta “resolver los pros y los contras” de la vacunación obligatoria general, asegurando que “no es tan trivial”. Le gustaría, ha dicho, una decisión “realmente fundamentada” en el Parlamento.

La vacunación se ha reactivado en los últimos días en Alemania, pero el porcentaje de ciudadanos con la pauta completa sigue por debajo de otros socios europeos, en el 68,4%, según el ECDC (el 81,9% de la población adulta). Alemania lleva semanas en niveles récord de incidencia de contagios y muchos hospitales están operando al máximo de su capacidad. El ministro de Sanidad en funciones, Jens Spahn, ha dicho este viernes que la situación en las unidades de cuidados intensivos “alcanzará su triste pico” en torno a la Navidad y ha asegurado que si todos los adultos se hubieran vacunado, el país no se enfrentaría a una situación semejante.

El Gobierno alemán quiere introducir la vacunación obligatoria para determinados grupos profesionales del sector sanitario, algo que, según medios alemanes, puede entrar en vigor a partir de mediados de marzo. Varios países europeos ya movieron ficha en esta dirección hace tiempo, como Francia e Italia, y más recientemente Reino Unido y Bélgica.

A mediados de septiembre, el ministro de Sanidad de Francia, donde la inmunización es obligatoria para todos los que trabajan con personas vulnerables, anunció la suspensión de 3.000 profesionales de instalaciones sanitarias por incumplimiento. El Gobierno de Italia, uno de los primeros en ordenar esta medida, la ha ampliado recientemente a los maestros, militares y policías, y también ha hecho la tercera dosis obligatoria para los sanitarios. El 70% y el 73,3% de la población de Francia e Italia está completamente vacunada, respectivamente (y cerca del 83% de los adultos, en ambos casos).

Grecia también ha ido extendiendo la obligación de la vacuna contra la COVID-19, desde el personal de residencias y trabajadores sanitarios a los mayores de 60 años, una decisión que las autoridades helenas han tomado esta semana. Aquellos que no cumplan con esta medida se enfrentarán a una multa de 100 euros al mes desde mediados de enero. El Gobierno ha justificado la medida con las dificultades que afronta el sistema sanitario ante el creciente número de hospitalizaciones, en su mayoría de personas mayores y sin vacunar. Cerca del 63% de la población griega (el 73% de la adulta) está completamente vacunada, una cifra inferior a la de la UE en su conjunto.

Limitar la actividad de los no vacunados

Grecia ya había prohibido a finales de noviembre la entrada a las personas no inmunizadas (o que no hayan pasado la enfermedad) en espacios cerrados, como restaurantes, cines, museos y gimnasios, a medida que los casos diarios de COVID-19 alcanzaban cifras récord.

Grecia es uno de los muchos países europeos que están intentando estrechar cada vez más el cerco a las personas no vacunadas, con restricciones que buscan limitar al máximo su vida social en un intento de impulsar la inmunización y responder a la oleada de casos que atraviesa todo el continente –atribuida a varios factores, como el aumento de la interacción social y la llegada del frío (más tiempo en interiores), el levantamiento de las restricciones, una cobertura vacunal en ocasiones insuficiente y un contexto de variantes más transmisibles, como la delta–.

La tendencia de estas medidas consiste a menudo en endurecer los requisitos para los pasaportes COVID, eliminando la posibilidad de que las personas presenten un test negativo para acceder a determinados lugares.

Fuente: Universidad Johns Hopkins

El último ejemplo es Alemania. En un intento de reducir contactos y acelerar la inmunización, las autoridades han decidido extremar la presión sobre los que no se vacunan: solo se permitirá acceso a las instalaciones y eventos de cultura y ocio –cine, teatro, restaurantes– a quienes se hayan vacunado y pasado el virus. Lo mismo ocurrirá en las tiendas, a excepción de los establecimientos de productos de primera necesidad. La “regla 2G” –por geimpft o genesen (vacunado o recuperado)– ya estaba implantada en algunos estados y se va a extender a todo el país, se aplicará independientemente de las cifras de contagios y se podrá pedir, adicionalmente, un test negativo. Cuando haya personas no vacunadas, se limitarán las reuniones al propio hogar y otras dos de otra burbuja de convivencia, sin contar a menores de hasta 14 años. El ocio nocturno tendrá que echar la persiana si la incidencia supera ciertos niveles y se han prohibido los fuegos artificiales en Nochevieja.

En Italia, el Gobierno de Mario Draghi decidió la semana pasada reforzar el uso del certificado sanitario para restringir drásticamente el acceso a una serie de lugares. Entre el 6 de diciembre y el 15 de enero, el pase que se pide para actividades de ocio y demuestra que una persona se ha vacunado, ha superado la enfermedad o cuenta con un test negativo solo será válido en los dos primeros supuestos. Es lo que se ha denominado el super green pass, e implicará en la práctica que las personas no inmunizadas no podrán entrar en lugares como espectáculos, restaurantes y eventos deportivos.

En Francia, la tercera dosis (abierta a toda la población mayor de 18 años) será necesaria para conservar el pasaporte sanitario que se exige para acceder a la mayoría de los lugares públicos, como restaurantes, discotecas o teatros. Este certificado sí incluye la posibilidad de presentar un test negativo, pero las condiciones en este sentido se han reforzado recientemente, y el período de validez de las pruebas PCR o de antígenos se ha reducido de 72 a 24 horas.