Tamara Taraciuk, analista de América Latina: “Bukele, López Obrador y Bolsonaro han aplicado el mismo libreto autoritario”

Tama Taraciuk Broner, directora del programa de Estado de derecho del think tank The Dialogue, con sede en EEUU, nació en Caracas (Venezuela) después de que su familia tuviera que huir de la dictadura Argentina, a donde a su vez había llegado cuando su abuelo judío abandonó Polonia poco antes de la Segunda Guerra Mundial.

Taraciuk Broner ha sido directora de Human Rights Watch para América y también ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Tomando un café solo en la cafetería de un hotel del centro de Madrid analiza la situación regional con elDiario.es antes de su intervención en un seminario en Casa América sobre el estado de la democracia en el continente.

Este domingo se celebran elecciones en Guatemala en unas condiciones cuestionables. ¿Qué cabe esperar de la cita electoral?

Guatemala vive un contexto muy problemático para el Estado de derecho y la democracia. Desde hace mucho tiempo ataca y cierra espacios de la sociedad civil, hace difícil el trabajo del periodismo independiente y, sobre todo, tiene un sistema muy corrupto en el cual los que están en el poder manejan las instituciones democráticas para aprovecharse.

Todos los candidatos que empezaron a levantar en las encuestas terminaron siendo descalificados por condiciones muy cuestionables y esto se produce en un marco en el que la fiscal general fue ratificada en su cargo a pesar de haber usado el Ministerio Público para investigar a quienes investigan la corrupción en lugar de hacer su trabajo.

¿Ve una determinada tendencia regional en Centroamérica con la deriva de Guatemala, El Salvador y Nicaragua?

Centroamérica es un reflejo de lo que veo en la región más en general. Existen dictaduras puras y duras, como Nicaragua, pero eso también se aplica a Venezuela o a Cuba, por ejemplo. También vemos democracias donde llegan al poder a través de las urnas líderes de todas las ideologías que posteriormente dan la espalda a las garantías democráticas más fundamentales. El mismo libreto autoritario lo ha aplicado Nayib Bukele en El Salvador, Andrés Manuel López Obrador en México y en su momento Bolsonaro en Brasil.

La última categoría que quedaría en la región, no necesariamente en Centroamérica, son democracias que mueren sin un dictador, que es el caso de Perú o de Ecuador, donde hay un vaciamiento de las instituciones democráticas que no pueden responder ante la volatilidad política y el contexto que hay.

Bukele está ganando el discurso sobre seguridad y lo peligroso es que no hay otra alternativa que pueda competir con la narrativa del presidente de El Salvador

En el caso de El Salvador parece que Bukele está derrotando a las pandillas, pero a un elevado coste de derechos humanos y Estado de derecho ¿Qué consecuencias tiene esto?

El problema de la inseguridad es un problema muy grave en toda la región y definitivamente lo fue en El Salvador por muchísimos años. El reclamo de la gente de más seguridad es perfectamente legítimo, pero el problema es cómo se resuelve. Bukele lo ha hecho a través de una medida totalmente abusiva con un régimen de excepción vigente hace más de un año. Consecuencia de ese régimen ha sido el arresto de más de 75.000 personas sin el debido proceso y en condiciones infrahumanas. Ha habido más de 150 personas muertas en custodia en circunstancias que todavía tienen que ser investigadas. Todo esto ocurre porque antes Bukele, a una velocidad alarmante, tomó las instituciones democráticas y controla la Asamblea Nacional y el Poder Judicial.

El otro elemento que es central para entender el éxito de Bukele es la enorme inversión que ha hecho en comunicación estratégica. Él lo vende como un modelo de éxito tanto en El Salvador como en la región. Hoy Bukele es el referente en materia de política de seguridad porque no hay otra alternativa con tanta visibilidad que pueda mejorar las condiciones de seguridad de la gente. Hay ciertas dudas sobre los números, pero los índices de criminalidad han bajado. La pregunta que hay que hacerse es qué va a pasar después con toda esta gente que está encerrada y a la que no se puede evaluar su responsabilidad penal porque no hay una justicia independiente.

Que esa estrategia tenga éxito, al menos a corto plazo, ¿es peligroso para el resto de la región?

Lo peligroso es que no haya otra alternativa que pueda competir con la narrativa de Bukele. Hoy Bukele está ganando el discurso sobre cómo combatir la inseguridad, pero la realidad es que no hay ninguna garantía que esta política sea efectiva en el mediano o largo plazo. La pregunta que hay que hacerse es qué va a pasar de acá a dos años. Mirando hacia atrás en la historia de El Salvador, estas políticas de mano dura, combinadas con una negociación oscura con las maras, que fue lo que ocurrió en El Salvador, no son efectivas en el mediano o largo plazo. A corto plazo, la combinación de los resultados que puede mostrar con la plata que ha invertido en propaganda lo hace el modelo más vendible y sexy.

Cuando la gente tiene miedo está dispuesta a sacrificar libertades y eso lo vemos en todos lados. Lo vimos por ejemplo en Estados Unidos con los atentados del 11 de septiembre y lo vemos hoy en día en muchísimos lugares de la región. La inseguridad es el caldo de cultivo para que la gente pida respuestas urgentes y Bukele es el único que las está dando con esa energía y visibilidad.

Respecto a la crisis en Nicaragua, ¿ve alguna salida política acordada al conflicto?

Nicaragua es un caso extremo de una dictadura aferrada al poder y que ni siquiera disimula su condición. Cuando hace unos meses liberaron a los 222 presos políticos y los expulsaron del país, hubo cierta expectativa que pudiese significar una apertura. Aquello fue una maniobra maquiavélica de Ortega y Murillo para sacarse de encima la presión pública y las peticiones para liberar a los presos políticos. Lo que hicieron después fue quitarles la nacionalidad y ahora les están expropiando las propiedades. Esto demuestra que no tienen ningún interés de irse a ningún lado ni de soltar el poder. 

Lo que han hecho ha sido tan burdo –la represión brutal que comenzó en 2018, unas elecciones que fueron una farsa…– que logró, curiosamente, generar una respuesta de la región y de gobiernos de todas las ideologías cuestionando lo que estaba pasando en el país. Eso es raro porque en América Latina, salvo el Gobierno de Boric [Chile], no hay un gobierno de izquierda que esté dispuesto a criticar a la izquierda y a la derecha con la misma vara. 

Nicaragua es el ejemplo más burdo de una dictadura en la región

La única posible salida en Nicaragua es que exista una presión regional concertada de todos los actores y que le exijan a Ortega que libere a los 38 presos políticos que aún hay en el país y que empiece gradualmente a haber cierto nivel de apertura. Como no va a ser voluntario, hace falta usar distintas medidas, como por ejemplo limitar los fondos internacionales a través de el Banco Centroamericano de Integración Económica, que hoy sigue siendo una fuente inmensa de fondos para el país.

¿Es Nicaragua uno de los peores países del continente en materia de persecución a la oposición y sociedad civil?

Nicaragua es el ejemplo más burdo de una dictadura en la región. Ya en el 2018, cuando la gente sale a las calles a protestar, la represión fue de las más brutales que vimos en la región en mucho tiempo. Yo he documentado protestas en Venezuela, Cuba, Perú, Colombia, Chile y el nivel de brutalidad en Nicaragua pocas veces lo hemos visto.

En las elecciones de 2021 ni siquiera disimularon y metieron preso a todos los candidatos presidenciales de oposición para quedarse con la presidencia. Y ahora obligan a irse a los presos políticos sin nacionalidad. Pinochet le había quitado la nacionalidad a unas nueve personas, si no me equivoco. Y acá van más de 300. No hay ningún intento por disimular que no existe Estado de derecho en el país.

¿Cuál es su análisis de la reciente maniobra del presidente Lasso en Ecuador de disolver el Parlamento en pleno juicio político? 

Es un mecanismo constitucional que está en la legislación y es totalmente legal lo que ha hecho, pero no estaba pensado como un mecanismo para evitar que se investigase penalmente a un presidente por corrupción, como el caso de Lasso.

El riesgo era que la gente saliera a las calles a protestar. En Ecuador ha habido en el último tiempo un ciclo recurrente de violencia y represión en las calles cuando la gente sale a protestar. La policía no está preparada para contener este tipo de manifestaciones, pero afortunadamente eso no ocurrió.

Hay tres cuestiones importantes en las que fijarse en Ecuador en los próximos meses. Primero, qué es lo que pasa en las calles, si la gente sale o no sale a protestar. Segundo, ¿cómo gobierna Lasso? El mecanismo que ha aplicado le permite al presidente gobernar por decreto en cuestiones económicas urgentes y esos decretos los tiene que aprobar la Corte Constitucional porque no hay Parlamento. Esto nunca ha ocurrido hasta la fecha. Y tercero, cómo se da la transición de poder porque Lasso ha dicho que no se va a presentar.

¿Pueden ser las elecciones venezolanas de 2024 una salida a la larga crisis institucional del país o cree por el contrario que ahondará la división?

En la opinión pública internacional sobre Venezuela hay una percepción de normalización gracias, en parte, a que muchos gobiernos están restableciendo relaciones diplomáticas plenas. Sin embargo, la realidad es que Venezuela sufre tres crisis simultáneas graves: hay una represión selectiva en contra de medios, sociedad civil y opositores políticos; hay una emergencia humanitaria que sigue vigente con millones de personas que tienen necesidades humanitarias; y hay una consecuente crisis de refugiados que ha llevado a más de 7,1 millones de personas a salir. Eso es casi un tercio de la población venezolana. 

Ese es el contexto en el cual se pueden dar o no las elecciones del 2024. Si uno mira hacia atrás, la historia muestra que el Gobierno de Maduro nunca ha dado concesiones por gusto. Solamente ocurren en el contexto de sentir una presión internacional. Las posibles elecciones del 24 son una oportunidad en ese sentido. La oposición democrática quiere elecciones que sean lo más justas posibles para poder competir, pero al Gobierno de Maduro también le sirven unas elecciones que sean reconocidas internacionalmente porque quiere preservar esta imagen de legitimidad y normalización.

Las posibles elecciones de Venezuela en 2024 pueden ser su consolidación hacia una dictadura

¿Pueden ser un punto de inflexión?

Las elecciones son una oportunidad, pero la única manera de que eso ocurra es que exista un Consejo Nacional Electoral medianamente decente, que hoy está por verse por la maniobra reciente para hacer renunciar a sus rectores, y que exista observación internacional electoral. La mejor manera de que exista esa observación es a través de la Unión Europea, que son los que mandaron una misión de observación en las elecciones del 2021. Publicaron un informe muy crítico y muy claro sobre la hoja de ruta para poder tener elecciones medianamente decentes en el 2024.

No está claro que se vayan a celebrar las elecciones y tampoco está claro que se vayan a celebrar en estas condiciones que puedan darle legitimidad al resultado electoral. Es un punto de inflexión porque si las elecciones no tienen ningún reconocimiento internacional, es la consolidación de Venezuela hacia una dictadura. Maduro no quiere ser recordado como un dictador. Ahora tiene la llave para tratar de generar condiciones electorales que permitan cierta convivencia.

El pueblo venezolano es profundamente democrático como pueblo. A la gente le gusta votar y las elecciones pueden movilizar a la gente. El problema es que la situación en el país es tan complicada que la gente necesita resolver cómo come y cómo le da medicinas a su familia y no está pensando en la democracia, en la independencia judicial ni en el voto. Pero siempre son una oportunidad de movilización por la cultura profundamente democrática que existe en el pueblo. Venezuela era la democracia a la que fueron los exiliados de toda la región en los 70, 80. La gran pregunta es cómo va a responder el Gobierno si la oposición logra movilizar a la gente en un contexto electoral.

Se ha cuestionado mucho el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en algunas crisis políticas del continente, como puede ser Bolivia o Perú ¿Cuál es su opinión sobre ese papel? Muchos líderes de la región tienen una actitud bastante combativa con la organización.

La OEA es un monstruo de mil cabezas y tiene un muchas patas. Algunas hacen el trabajo que tienen que hacer y por eso son incómodas, como por ejemplo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que acaba de publicar un informe muy crítico sobre lo que pasó durante las protestas en Perú. A veces esa incomodidad tiene que ver con que no les gusta cuando se hacen cierto tipo de trabajos. 

La Secretaría General, que encabeza Luis Almagro, ha generado mucho rechazo por parte de gobiernos. Eso es un reflejo de la polarización de la región y de la ideologización de la política exterior. Es como si algunos gobernantes quisieran dividir a la región entre izquierda y derecha y estás conmigo o con el enemigo.

Si Almagro hubiese condenado con la misma vehemencia los problemas de democracia y Estado de derecho en todos los gobiernos de la región, no estaría cuestionado por su reacción ante la situación en Venezuela, Cuba o Nicaragua. En Venezuela y Nicaragua hay problemas, pero también los hay en otros gobiernos. Es un reflejo de la polarización y de la falta de consistencia que hay en general en toda la región, más allá del secretario general, de cuestionar con la misma vara a todo el mundo. La única excepción clara, que viene de la izquierda, es el presidente Boric, que ha sido contundente con gobiernos de distinta índole política que cometieron violaciones de derechos humanos.

Si el secretario general de la OEA hubiese condenado por igual los problemas de democracia en todos los países, no estaría cuestionado

Respecto a las relaciones con EEUU, ¿se aprecia un cambio entre la presidencia Trump y Biden?

La diferencia en retórica es abismal. El Gobierno de Trump estaba obsesionado con lo que él llamaba eje del mal: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero no era producto de un compromiso genuino con la democracia y los derechos humanos porque ni se le cruzaba por la cabeza hablar de los demás problemas de la región. El cambio en cuanto a la postura, la retórica y el respeto a la democracia y los derechos humanos es abismal con Biden. 

El problema con la política de Estados Unidos actual es que América Latina está lejos de ser una prioridad. Tenemos mucha competencia en el mundo: en Europa hay una guerra, la pelea geopolítica con China, el papel de Rusia en el mundo… América Latina no está en la lista de prioridades y eso se traduce a que no hay una política exterior clara por parte del Gobierno hacia la región y la que hay está muy teñida por las preocupaciones internas en Estados Unidos, que son principalmente migración y el voto en Florida.

¿Qué cabe esperar de la próxima cumbre UE-CELAC de julio?

La pregunta es de qué van a hablar cuando estén todos sentados a la mesa. La conversación no puede ser solamente sobre cooperación económica y cómo generar vínculos comerciales, y tampoco exclusivamente sobre cuestiones de desarrollo, sino que tiene que tener un componente fuerte del problema para la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en la región. 

¿Cuánto de eso va a estar en la mesa en reuniones privadas o públicas? Teniendo a representantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba en un comunicado conjunto, no van a cuestionar la existencia de presos políticos, pero hay claramente algunos gobiernos de Europa que tienen claro que esto es algo que tiene que ser parte de la conversación.