La invasión de Ucrania y la gestión de los refugiados está sirviendo para que Isabel Díaz Ayuso abra un nuevo frente contra el Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba el pasado miércoles una serie de medidas que generaban una duplicidad con los servicios que ya ofrecía y coordinaba el Gobierno central, el competente en la materia. El sistema paralelo puesto en marcha por el Ejecutivo de Ayuso para la gestión de los refugiados al margen del Gobierno sorprendía al Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. Según el departamento que dirige José Luis Escrivá, la iniciativa de Madrid solo sirve para generar “confusión” e “inseguridad jurídica” entre los ciudadanos ucranianos que llegan a la región.
La Comunidad de Madrid estipuló el pasado miércoles que los ciudadanos ucranianos que llegaran a Madrid debían registrarse en el hospital Enfermera Isabel Zendal, la infraestructura de emergencia levantada en mitad de la pandemia. En una nota de prensa difundida ese mismo día, el Ejecutivo regional aseguraba que ese registro sería “necesario” si los desplazados deseaban “acceder a algunos de los servicios ofrecidos por las consejerías” –es decir, educación, sanidad y algunas de las ayudas puestas en marcha–. Este sistema paralelo se ponía en marcha días después de que el Comité de Crisis de Ucrania, creado por el Ministerio de Migraciones, ya hubiera implementado un 'Registro Único de Desplazados' en la región en otro centro de su propiedad en Pozuelo de Alarcón, que además también da cobijo a los refugiados que no tienen donde quedarse.
Desde el Ministerio recuerdan que es su registro el verdaderamente necesario para que los refugiados obtengan el permiso de residencia y de trabajo. “Con este paso ya valdría para acceder a los servicios que se ofrecen desde las diferentes comunidades autónomas, solo con el de la Comunidad no obtendrían el permiso de residencia”, asegura un portavoz del Ministerio.
El sistema puesto en marcha por el Gobierno central para la llegada de refugiados a la región es exactamente el mismo que el que está en funcionamiento en el resto de autonomías. Pero solo en Madrid ha supuesto un conflicto entre administraciones. Este lunes, la presidenta regional argumentaba en una entrevista en Antena 3 que el único afán del Ejecutivo de Pedro Sánchez es ir contra el hospital de emergencias porque es el “azote del Gobierno”. “Como es el Zendal, un hospital público que se ha creado para emergencias y pandemias que ha asombrado al mundo, y como es el azote del Gobierno y de la izquierda, lo tienen una y otra vez que boicotear cuando no atacar, ya por eso se niegan”, decía Ayuso. La presidenta regional también añadía que su Gobierno ofreció el Zendal “desde el primer momento” pero el Gobierno decidió “que tenía que ser Pozuelo sin avisar”.
La versión del Gobierno dista mucho de ese relato. La Comunidad de Madrid no ofreció el Zendal al Gobierno hasta el 12 marzo, el mismo día que comenzaba a funcionar el centro habilitado en Pozuelo de Alarcón, propiedad de la Seguridad Social, y que llevaba preparándose una semana. Ese día el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, envió una carta a Delegación de Gobierno poniendo a disposición el hospital de emergencias para estos trámites. La propuesta llegaba tarde.
Desde el Ministerio de Migraciones recuerdan además que el ministro Escrivá había anunciado días antes durante una entrevista en Radio Nacional que el centro de acogida en Madrid estaría habilitado en Pozuelo. Las mismas fuentes aseguran que Escrivá se puso en contacto con la presidenta madrileña al día siguiente, que se encontraba en un viaje en Francia, para comunicárselo personalmente. Según esa versión, Ayuso no manifestó ninguna discrepancia, “todo lo contrario, su reacción fue muy positiva”, afirman.
El anuncio de un registro autonómico necesario para acceder a los servicios de la Comunidad propició que el pasado jueves el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, enviase una carta al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, pidiendo explicaciones. Perea recuerda en la misiva que el Gobierno central ya había habilitado un centro en Madrid, en Pozuelo de Alarcón, donde los refugiados pueden tramitar su documentación y con ella acceder a todos los servicios.
El secretario de Estado también avisaba de que la duplicidad de sedes induce a “confusión” y generaba “inseguridad jurídica” a los ciudadanos ucranianos que llegaban a Madrid pidiendo refugio. La respuesta del consejero llegaba un día después y en ella aclaraba que “no se trata de un registro constitutivo para acceder a los servicios” sino que es un registro interno para que la Comunidad los tenga “unificados”. Desde el Ministerio recuerdan que el registro válido es el habilitado en Pozuelo.
También el ministro Escrivá se refería a este recurso puesto en marcha por la Comunidad de Madrid en una intervención en el Congreso. Escrivà cargaba duramente contra la presidenta: “De lo que se trata es de que cuando llega un refugiado no le carguemos de trámites. No le hagamos ir también al Zendal a que se registre cuando ya se ha registrado. Se les está poniendo un trámite adicional y ¿para qué? ¿Para hacerse una foto en el Zendal? ¿Para qué? ¡No hace falta!”, lamentaba el ministro.
Además de este sistema de registro, el Gobierno regional también ha puesto en marcha un teléfono de atención a los refugiados, una medida que de nuevo se duplica con el habilitado por el Gobierno central días antes. “Esto solo sirve para confundir a la gente”, lamentan desde el Ministerio, que añaden que es “contraproducente para personas que son tan vulnerables en este momento”.
Las quejas de los refugiados que llegan al Zendal
La realidad es que aunque Ayuso anunció el registro autonómico en el Zendal, al margen del estatal, el miércoles, los refugiados ucranios que acudieron este viernes al hospital de emergencias se encontraron con que no estaba operativo, tal y como publicó el viernes El País. El personal de la Comunidad de Madrid se limitaba a hacerles un chequeo médico y les derivaba al centro de acogida habilitado por el Ministerio de Migraciones en Pozuelo de Alarcón, que se encuentra a hora y cuarto de distancia en transporte público. “Casi una hora para llegar hasta aquí y no hay nada. Escuchamos en las noticias que había que venir y ahora dicen que vayamos a Pozuelo”, lamentó en declaraciones a este periódico una refugiada. Este problema persistió el sábado.
Según los datos del Ministerio a lunes a las 15.00 horas, 2.751 personas procedentes de Ucrania ya han podido registrarse en Pozuelo de Alarcón y han obtenido el permiso de residencia. Más de 500 personas han solicitado alojarse temporalmente en el recinto habilitado. Desde el Ministerio niegan además las acusaciones de “caos” vertidas por la presidenta y recuerdan que los ciudadanos ucranianos tienen 90 días para solicitar la inscripción a través de la Policía. Esta redacción ha preguntado por los datos del registro autonómico pero desde el Ejecutivo regional se remiten al próximo jueves, cuando se cumple una semana desde su puesta en marcha, para dar datos oficiales.
Vox –socio de investidura de Ayuso– criticaba este lunes el empeño de la presidenta regional por que los refugiados pasen por el Zendal. La portavoz de la formación de extrema derecha, Rocío Monasterio, aseguró que los refugiados que llegan a la Comunidad de Madrid no tienen urgencia en “hacerse un test en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, sino de un techo”.
Desde su puesta en marcha, el Zendal ya ha servido a Ayuso como epicentro de su propaganda para defender su gestión en la pandemia. La infraestructura ha costado a las arcas públicas tres veces más de lo presupuestado –más de 150 millones de euros– pero cada vez que los contagios remiten, el Gobierno regional trata de buscar una utilidad a este centro sanitario que carece de quirófanos y cuyo mantenimiento cuesta varios millones de euros al año. De momento, servirá de almacén para canalizar la ayuda humanitaria que se envíe a Ucrania.