El Constitucional rechaza analizar la aprobación de la ley del suelo de Ayuso que incluyó una votación repetida con diputados encerrados

El Tribunal Constitucional ha rechazado estudiar a fondo la polémica aprobación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que sacó adelante en 2020 el ejecutivo que lideraba Isabel Díaz Ayuso. Una norma aprobada después del encierro de varios diputados en la Asamblea de Madrid y entre acusaciones de no haber llegado al quórum mínimo de diputados. La mayoría de un pleno muy dividido del tribunal ha decidido desestimar el asunto por pérdida de objeto: la norma ya ha sido derogada y, entienden seis de los diez magistrados que han acudido hoy, eso le quita todo el sentido al pleito.

La decisión, con María Luisa Balaguer como ponente, ha salido adelante con seis votos a favor y cuatro en contra. A lo largo de las deliberaciones, varias voces discrepantes han entendido que hubiera sido una buena oportunidad para sentenciar asuntos clave del caso, como por ejemplo sobre el quórum necesario para aprobar una norma, o qué consecuencias tiene que las medidas sanitarias, en ese momento, limitaran el número de diputados presentes. El tribunal aún tiene pendientes otros recursos, planteados desde otro punto de vista, de parlamentarios autonómicos a título individual.

Fue la primera ley que sacó adelante Isabel Díaz Ayuso en la legislatura en la que gobernó en coalición con Ciudadanos. Una norma que, entre otros aspectos, incidía en la liberalización del sector urbanística. Modificaciones de la norma original de 2001 para “reducir la burocracia en la supervisión de las actuaciones de edificación y uso del suelo” que, según el ejecutivo regional, era una “medida necesaria” y que según la oposición solo buscaba favorecer a “cuatro amigos de las constructoras”, dijo por ejemplo Unidas Podemos. Eliminaba la mayor parte de las licencias urbanísticas que, hasta ese momento, eran obligatorias, sustituidas por declaraciones responsables.

Los recursos de la oposición llegaron al Constitucional no por el contenido sino por el proceso de aprobación. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos denunciaron irregularidades en las dos votaciones celebradas en la Asamblea de Madrid para dar luz verde a la modificación: que se aprobó sin el número suficiente de diputados en las votaciones y, además, con una repetición irregular del proceso por parte del presidente de la cámara regional, Juan Trinidad.

En plena pandemia, la Asamblea había restringido el número de diputados que podía acudir al edificio por medidas de seguridad sanitaria: un máximo de 70 parlamentarios. Un dato que se cruza con otro número: el mínimo de 67 diputados necesario para sacar adelante una ley, todo en ausencia de voto telemático por decisión de la Mesa. En la primera votación de la modificación de la Ley del Suelo participaron 55 parlamentarios, después de que una parte de la oposición se ausentara para, precisamente, evitar llegar al mínimo del quórum necesario.

El presidente de la Asamblea dio la norma por aprobada pero, ocho horas después y sin previo aviso, repitió la votación, aprovechando que las puertas de la cámara regional estaban cerradas, intento obligar a todos los diputados presentes a votar y llegar así al quórum. Finalmente la oposición en bloque de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU abandonó el pleno y solo votaron los 36 diputados de PP, Ciudadanos y Vox que quedaban allí. “Vuelve a no haber quorum pero como ha habido un uso fraudulento del reglamento como he manifestado esta mañana, queda aprobada esta ley”, dijo el presidente del parlamento regional.

El proceso de aprobación de la norma fue llevado al Constitucional por varios recursos. Además de éste de los senadores del PSOE está también el presentado por Unidas Podemos y Más Madrid, igualmente admitidos a trámite en 2021. Según el PSOE, la maniobra del entonces presidente de la Asamblea de Madrid, el parlamentario de Ciudadanos Juan Trinidad, estaba dirigida a “impedir el ejercicio del voto” y a “modificar de manera unilateral y antirreglamentaria el orden del día de la sesión plenaria correspondiente”.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ha sido modificada en casi una veintena de ocasiones, la mayor parte por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, por ejemplo para eliminar el límite de superficie para permitir la apertura de comercios con solo una declaración responsable del empresario. Posteriormente, en 2022, una Ley Ómnibus modificó, entre otras, la Ley del Suelo para, por ejemplo, terminar con la obligación de las constructoras a ceder suelo a los ayuntamientos. A finales de 2023 el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también anunció una nueva ley para flexibilizar los cambios de usos y liberalizar terrenos públicos.